La democracia no es un tema que sólo debe hablarse en época electoral, es necesario construirla y fortalecerla constantemente. Lo propio debe hacerse con la participación política de las mujeres, pues es un asunto pendiente que llega a ser una barrera para el desarrollo boliviano.
Es loable reconocer el trabajo de muchas mujeres movilizadas que han logrado el avance legal referido a nuestra participación; con ello, las instancias políticas se ven obligadas a cumplir la Ley de paridad y alternancia. Sin la legislación, habría sido imposible lograr la inclusión de manera voluntaria de parte de los frentes políticos, porque arrastramos patrones machistas, pues es evidente que dentro de las decisiones más relevantes las mujeres todavía tenemos un rol secundario.
Si bien en esta última década podemos ver la presencia femenina dentro de las instancias públicas cumpliendo relativamente la norma podemos evidenciar que techos de cristal nos acompañan en esta participación todavía limitada para las mujeres.
A pesar del avance legal, las vulneraciones dentro de los partidos políticos, organizaciones y espacios de decisión están cada vez más presentes. Un caso reciente se dio en junio de este año, el acoso y violencia política que sufrió la asambleísta potosina Miriam Vargas, a quien le quemaron su casa y sus bienes; además, junto a su familia sufrió amedrentamientos, siendo los responsables los mismos integrantes de su partido político que la obligaron a renunciar. Siendo este caso uno más de los que no llegan a tener respuesta. Desde la promulgación de la Ley 243 hasta ahora no se tiene ninguna sanción, según el seguimiento que hace la Coordinadora de la Mujer. Por lo tanto, esto nos muestra que el terreno político para las mujeres llega a ser de alto riesgo.
Otra limitación se relaciona con la estructura social, los patrones que arrastramos desde generaciones pasadas. Pues nos han encasillado en actividades de “mujeres” que tiene que ver con la figura maternal, el cuidado de la casa y las labores domésticas, por lo que la política pareciera ser “cosa de hombres”. Es por ello que en Bolivia el accionar político mayormente ha estado concentrado en figuras masculinas. Desde 1825 hasta hoy tuvimos 66 presidentes en nuestro país, de los cuales 64 fueron hombres y sólo dos mujeres, las que además llegaron en condiciones similares, periodos de transición.
Las brechas de desigualdad están presentes, por eso es una prioridad el Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible la Equidad de Género. Si bien las mujeres hemos podido incursionar a diferentes ámbitos, como el educativo, laboral y ahora político, antes reservados principalmente para hombres, ahora nos falta replantear la nueva dinámica social, para la cual es necesario el fortalecimiento democrático y el desarrollo del país.
Uno de los principales retos que tenemos actualmente es la deconstrucción de la mentalidad social que fomenta los estereotipos de género que nos llevan a las mujeres a cumplir roles que están por debajo de los espacios de decisión, como anteriormente se ha mencionado.
Sin la legislación vigente sería difícil ver la presencia de las mujeres dentro de las estructuras partidarias y el orden público. Pero la realidad nos demuestra que las leyes no cambian el pensamiento de la sociedad, por ello este avance debe ir acompañado por una deconstrucción del orden patriarcal establecido.
El cambio no es algo que solo debe ser promovido por las mujeres, esto depende de una conciencia y acciones colectivas que fomenten espacios de diálogo, debate, concertación y propuestas para la construcción de agendas con enfoque de género para respetar nuestros derechos. Solo así podremos desenvolvernos libremente en las diferentes esferas políticas, sin sufrir ningún tipo de amedrentamiento, y de esa forma contribuir al desarrollo de nuestro país. Porque sin la participación de las mujeres, la democracia plena llega a ser solo una utopía.
