No sé si los últimos dos casos sonados de narcotráfico en Bolivia hayan salido a la luz por casualidad, por delación interna, por un exitoso trabajo de inteligencia o, con más probabilidad, por una mezcla de las anteriores hipótesis. Lo que sí no puedo ignorar son las graves consecuencias de esos hechos sobre la salud institucional de Bolivia.
Si bien sabemos que el crimen internacional organizado actúa como un pulpo de muchos tentáculos (trata y tráfico de personas y armas, prostitución, secuestros, etc.), en Bolivia su brazo más desarrollado sigue siendo el narcotráfico, debido a la producción de la materia prima y al conocido “efecto cucaracha”. De hecho, debido a la corrupción y la debilidad institucional, Bolivia es particularmente atractiva para ese pulpo como territorio de paso, acopio y despacho.
El caso Pedro Montenegro ha puesto en evidencia la infiltración del crimen organizado en la policía, la fiscalía y la justicia en todos sus niveles. Personalmente, he quedado impresionado con la revelación del ex magistrado Ivan Lima, en el programa “El Pentágono” del 9 de junio, de la burda manipulación de la página web del Tribunal Supremo de Justicia para que el texto alterado de una resolución sustentara una amañada sentencia en favor del narcotraficante. ¿Tendrá eso que ver con la desinstitucionalización del sistema de Justicia a partir de injerencia política del actual gobierno? La misma pregunta sirve para la Policía, objeto de un manoseo político en las designaciones y destinos nunca antes visto. En el mejor de los casos son efectos no previstos por los operadores del sector.
El otro caso sonado, que ha llevado al apresamiento del clan beniano Candia-Castedo-Yañez, sin que hasta ahora se conozcan sus nexos internacionales, muestra abiertamente la otra faceta del crimen organizado: las conexiones políticas de alto nivel. La jefa del clan no aparecía en una narco-foto, sino en narco-álbumes enteros, posando junto a la plana mayor del MAS.
Cuando una locuaz diputada afirma que Mayerling Castedo se unió al MAS con intenciones oscuras dice una perogrullada que alude al efecto cucaracha, pero se podría sospechar que fue el MAS quien reclutó a la abogada con intenciones del mismo tono. De hecho ella fue la fiscal (¿cuándo no?) que logró la destitución “hormonal” de Ernesto Suárez, el Gobernador electo del Beni, y solo por un lamentable descuido fotográfico no llegó a ser magistrada del TSJ, gracias a la credencial de “Capitán Grande” de la comunidad de San Francisco de Moxos, certificada por Pedro Vare, dirigente del CIDOB oficialista (¿cuándo no?) el año 2017.
Hace un año, en un esclarecedor reportaje sobre el narcotráfico en Bolivia para World Politics Review (WPR), Max Radwin preguntaba retóricamente: “¿Quién no está involucrado?”, apuntando a la debilidad institucional del Estado y a la corrupción, incluso política, imperante.
A su vez, Thierry Rostan, representante de la UNODC, ha recalcado el creciente riesgo del narcotráfico en Bolivia, con base en la modernización de la industria de la cristalización y en el incremento del 95% del clorhidrato de cocaína incautado e incinerado en el país en el año 2018.
La verdad es que la lucha contra el narcotráfico debería ser una política de Estado que castigue sin piedad a la corrupción, pero que también recupere la institucionalidad en la Policía, la Justicia, y la Fiscalía y promueva valores “luminosos” en la educación, capaces de ahuyentar las cucarachas del crimen organizado.
En esta lucha hace falta la cooperación internacional sin exclusiones, aunque restringida al ámbito de la inteligencia y de la legislación comparada, para diseñar estrategias de lucha más eficaces y eficientes.
Francesco Zaratti es físico
Twitter: @fzaratti
