La sombra de la corrupción sobre el caso QUIBORAX

La necesidad de captar inversiones ha llevado los estados a otorgar garantías sobre las mismas. Un tipo de garantía es aceptar el laudo de un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, que es el CIADI. El Estado acepta más por necesidad que por convicción y la empresa lo hace para resguardar sus inversiones ante confiscaciones o nacionalizaciones arbitrarias. Bolivia se retiró del CIADI el año 2010, desconfiando de la imparcialidad de ese tribunal.

Ese retiro no implicó la extinción de la competencia del CIADI sobre las inversiones realizadas al amparo de esa instancia, de modo que Bolivia tuvo que enfrentar varias demandas por el llamado proceso de “nacionalización” e incluso por casos anteriores que no habían sido resueltos. Y no sólo ante el CIADI.  En todas las controversias se prefirió, evangélicamente, buscar un arreglo en el camino, menos en una: Quiborax. En los demás casos se acordó una indemnización antes de la sentencia, como en los casos Transredes (241 M$) y Telecom (100 M$), incluyendo el “perdonazo” de presuntas obligaciones tributarias y sociales que esas empresas debían al Estado.

También el Gobierno de Evo mediante el DS 27801 (art.4, inc.III) ordenó auditorías (¿les suena el caso Quiborax?) previas a la indemnización, pero éstas nunca se utilizaron ni se conocieron, a pesar de los reclamos incluso de personalidades oficialistas, como Enrique Mariaca. O sea que el MAS dejó de hacer hace 11 años lo que 14 años después le reclama a Carlos Mesa.

Considerando que toda expropiación (lícita o ilícita) implica una indemnización, sobre el caso Quiborax flotan dos preguntas. La primera es: ¿Por qué se llegó hasta la sentencia final en este único caso, a sabiendas de cómo falla el CIADI?  ¿En serio se pensaba ganar? ¿O es que no hubo opciones de acuerdos? Hoy sabemos que sí hubo varios borradores de acuerdo amistoso, pero sencillamente no se quiso. El más favorable implicaba el pago de 3 M$ descontando además los impuestos que Quiborax aceptó pagar, o sea casi 2 M$.

La segunda pregunta es: ¿Por qué el CIADI definió el exorbitante monto de 48 M$ más intereses y costas?  El Gobierno insiste que fue por la equivocada terminología técnica de un decreto de Carlos Mesa y por eso le acusan penalmente; el demandado acusa a su vez de ineptitud y negligencia a nuestros representantes legales ante el CIADI (lo que no es ninguna novedad) pero, a mi criterio, existe una razón más relevante que es la sospecha de corrupción que tuvo el CIADI a raíz del “escándalo Llorenti”.

En síntesis, después de la sentencia de septiembre de 2015, en agosto de 2016 se llegó a un Acuerdo con Quiborax, a condición de extinguir el proceso penal contra los socios de esa empresa. El Acuerdo y sus condiciones se negociaron en la oficina (usando computadora y correo oficial) de la Subprocuradora Carmiña Llorenti (siendo Héctor Arce la máxima autoridad ejecutiva) y llegó a los correos de los demandantes. Ese hecho fue aprovechado hábilmente  por los legales de Quiborax para denunciar la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia boliviana (lo que tampoco es ninguna sorpresa) injerencia que, a las narices del CIADI, huele a corrupción. ¿Cuánto ha influido ese hecho en la fijación del monto máximo de la indemnización?

Además, la corrupción es cosa de dos partes y una empresa chilena (si Quiborax lo es), debido a que su país es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe cumplir escrupulosamente el código de ética de esa organización. ¿Por qué no se aprovechó en favor del país la actitud infame de Quiborax?

En fin, queda mucho por investigar, incluyendo la discrecionalidad en la contratación de los bufetes internacionales, los cuales suelen recompensar pródigamente a los que les llevan clientes.