La energía en la transición

En el umbral del 2020 y con la mirada puesta en el semestre de transición a cargo del actual gobierno, quisiera ordenar las tareas que enfrenta el sector energético en cuatro rubros, dando por descontado que la política de hidrocarburos del anterior gobierno ha sido, sino catastrófica, por lo menos desastrosa para el país.

En primer lugar, mencionaré las tareas ordinarias, que son las propias de cualquier gestión eficiente. Se trata básicamente de recuperar la transparencia en dos direcciones: la publicación periódica de datos confiables de todas las actividades del rubro y la investigación de los muchos y graves actos de corrupción realizados por anteriores autoridades de YPFB y ANH. Algo se está haciendo, pero ¿qué se espera, por ejemplo, para licitar una certificación seria y objetiva de las reservas? Sin ese dato básico es imposible construir una política de mediano alcance del sector.

Por otro lado, no se puede eludir las tareas urgentes: el contrato GSA con Brasil se vence este fin de año y los avances antes del cambio de gobierno fueron pocos y pobres, debido a la desconfianza existente entre YPFB y Petrobras, a causa también de desatinadas declaraciones y actos hostiles del anterior gobierno. Por eso aplaudo los avances logrados recientemente que han sido publicados y comentados en la prensa los cuales, en síntesis, buscan redefinir la relaciones energéticas con Brasil, en un marco de confianza, comprensión y realismo. Al contrario, asumo que la tarea de renegociar la Adenda con Argentina, que se vence dentro de un año, deberá postergarse al segundo semestre del 2020, debido al contexto político y económico binacional extremadamente complejo.

Existen luego tareas innecesarias y hasta inoportunas para un gobierno de transición. Me refiero a la discutible rebaja de tarifas eléctricas sin un plan de transformación de la matriz de generación eléctrica; al anuncio de importación de crudo por ducto, cuando el anuncio debería dirigirse a la realización de estudios de factibilidad; al deseo de reactivar unilateralmente el proyecto hídrico múltiple Rositas, el cual, por lo menos, requiere ajustes significativos.

Finalmente, en este período de transición aparecen tareas deseables, dirigidas a facilitar el camino del próximo gobierno en la construcción tempestiva de políticas de estado. Dos me parecen particularmente importantes.

Nadie duda que, antes o después, gradual o aceleradamente, Bolivia deberá encarar un Plan de Transición Energética (PTE) hacia las energías renovables que el país posee en abundancia. Lo requiere la salud del planeta, pero también el agotamiento de las fuentes de energías fósiles que está sufriendo Bolivia.

Cualquier PTE demanda varios pasos técnicos: definir metas y objetivos en un horizonte de tiempo de 20 o más años; identificar los actores principales y secundarios; contar con datos certeros del estado del sector y calcular los costos financieros. Pero, sobre todo, el PTE debe apoyarse en consensos nacionales y locales alcanzados a través del diálogo. 

Ahora bien, este semestre de transición es ideal para construir una “ruta crítica” para poder consensuar el PTE, de modo que el próximo gobierno tendrá a su disposición una agenda de tareas y un protocolo a implementar desde el primer día de su mandato.

Asimismo, los graves problemas estructurales de YPFB no pueden (ni deben) solucionarse en un gobierno de transición. Sin embargo, también en este caso, la imprescindible reingeniería de la principal empresa pública debe contar con una “hoja de ruta” de acciones que, en un arco de tiempo de uno o dos años, permitan establecer qué cambios llevar a cabo para que YPFB vuelva a cumplir a plenitud su rol constitucional.