La cultura del abuso

Hace mucho he aprendido a adivinar el carácter del jefe de una oficina a partir del trato que se recibe de sus subalternos. Así como una secretaria descortés suele anunciar a un jefe gruñón y autoritario, en un asistente afable se refleja la simpatía de su director.

Por eso me atrevo a decir que el poder despótico es la primera causa de la “cultura del abuso” presente en nuestro medio cual epidemia social. Permítanme acudir a ejemplos recientes para ilustrar mi afirmación.

Si el jefe policial es autoritario y violento con sus subalternos es casi obvio que un policía, por miedo a ser reprendido, pretenda que una “extraña” oculte la camiseta “Bolivia dijo NO” (¡de 6 silabas!) al interior de un estadio. Al policía de a pie le da igual la camiseta, pero su jefe sabe que a su propio jefe no le va a gustar esa protesta. De hecho, el abuso es avalado sorprendentemente por el ministro del ramo, aduciendo que estaría prohibido, por normas internacionales, manifestarse políticamente en eventos deportivos.  Al instante, unos dentífricos para uso de los atletas con la imagen del presidente Evo se encargaron de desmentirlo. Yo sí creo que no hay que mezclar política y deporte, al igual que política y justicia.

Ni qué decir de las tres  versiones de la canica asesina que dio el mismo ministro. Hidalgamente se disculpó por la apresurada y falsa conclusión, pero, en verdad, él debía haber pedido perdón por proferir amenazas al estilo de su colega por el cargo en los ‘80.

La cultura del abuso es pan de cada día en el poder judicial. Fiscales y jueces se esmeran por aplicar abusivamente la ley o, en otros casos, torcerla porque creen interpretar así la voluntad (abusiva y torcida) de sus jefes. ¿O no es eso lo que sucede con el caso Quiborax, y sucedió con el Dr. Jhiery Fernández del caso “Alexander”, con Yakob Ostreicher, con José María Bakovic, con Juan Antonio Morales y con cientos de ciudadanos víctimas de una justicia abusiva con los débiles y contemplativa con los poderosos? Por cierto, la presunción de inocencia, en la cultura del abuso, de regla constitucional se ha vuelto una excepción.
La asignación selectiva de recursos públicos a los medios de prensa obsecuentes es parte de usar los bienes del Estado como botín de una tienda política, cuando no de una persona idolatrada como en el caso del viaje a Moscú para mirar a un embajador firmar acuerdos, camino al fútbol. ¿O no es un abuso el uso constante de recursos públicos en la promoción de una persona, por más Presidente que sea?

La cultura del abuso campea en las prioridades del gasto público, en las sectarias comisiones parlamentarias de “investigación”; en instituciones públicas extorsionadoras como Aduana e Impuestos; en el grotesco manejo de la política energética; pero también en las redes sociales, donde usuarios de todas las tendencias abusan impunemente del anonimato y del rumor infamante.

Por otro lado, la cultura del abuso permea las luchas sociales y pone en serios aprietos a cualquier estado democrático. De hecho, cuando se realiza un anticonstitucional y violento bloqueo de carreteras durante días o semanas, en el fondo se está utilizando, contra el resto de la población más que contra un Gobierno, métodos de lucha del siglo XVIII, a sabiendas que el Estado está obligado a repelerlas, no al estilo zarista de esos tiempos sino con métodos del siglo XXI, o sea en plena observancia de los derechos humanos de los manifestantes.
¡Y pobre del Estado que se exceda!

Pero, cuando un partido político llega al poder mediante esos métodos abusivos, el respeto a los derechos humanos suele tener un carácter selectivo, porque donde hay una gota de poder sin ética allí hay un océano de abusos.