Opinión

Envilecimiento jurídico-político y ciudadanía activa

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El primer mes de este 2023, que promete ser muy movido políticamente, termina con el cumplimiento del cabildo nacional que por ventura ha coincidido con la visita del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI encargados por la CIDH) que realiza seguimiento a las recomendaciones de su anterior visita a raíz de los sucesos de noviembre del 2019, cuando aconteció la sucesión constitucional luego del fraude, renuncia de la cúpula masista y expansión de la protesta ciudadana que alcanzó ribetes de auténtica rebelión nacional.

No contentos con haber declarado inconstitucional artículos claves de la propia Constitución (el 168 y conexos, mediante SC 84/2017) a los límites del poder político en una democracia republicana, el actual Tribunal Constitucional, indigno de los atributos de la institución, se rehúsa a anular esa sentencia, pese a la “opinión consultiva” de agosto 2021 de la Corte Interamericana de DD. HH. (que es la única que puede interpretar la declaración de derechos del Pacto de San José), que se usó de coartada para hacer prevalecer un supuesto “derecho humano” a la reelección, que está comprobado, no es tal. Cualquiera que entiende que la legitimidad de un gobierno democrático es que él también está sujeto a las leyes y con mayor razón a la Constitución, lo sabíamos con anterioridad, máxime cuando en 2016 un referéndum vinculante negó la posibilidad de una reforma viabilizadora de semejante prórroga. En estos días se conoció que ante la solicitud presentada por el diputado Marcelo Pedrazas de CC de expulsar el fallo prevaricador que hizo posible la “legalidad” de la postulación de Morales Ayma y García Linera en 2019, contra toda evidencia y razonamiento lógico, persisten tozudamente en mantener tal sentencia. Los argumentos esgrimidos por algunos oficiosos del oficialismo, de que no se puede ceder “soberanía jurídica” para defender la sumisa terquedad, choca con la propia invocación al Art. 23 (DD. políticos) con la que se cometió la inmensa torpeza, de la Convención Americana de DD. HH firmada en San José de 1969 (en vigor desde 1978).

En la misma línea de lo indefendible, ahora que se puso en marcha la recolección de firmas para conseguir mediante referéndum la reforma de la justicia, el funcionario que funge de titular del área se apresura a descalificar por supuesta incompatibilidad de plazos, cuando debiera ser el principal interesado en que se concrete tal reforma como declaró en los ahora lejanos días en que se inició en su cargo y pretendía mostrarse como hombre de derecho. Si por las conocidas triquiñuelas de gente que deliberadamente subordina la recta aplicación de las leyes, esa importante iniciativa fracasara en su aplicación antes de la nueva elección de las cabezas del poder judicial, no por ello será un esfuerzo ciudadano en vano; habrá quedado en evidencia, igual que con el 21F, la voluntad de la inmensa ciudadanía boliviana para modificar la pretendida instauración del creciente régimen opresivo por el masismo, en cualquiera de sus versiones, que comparten la inaudita visión de que los derechos solo se aplican en tanto los beneficien a ellos y no a los que consideran sus enemigos, pese a sus abusos de expresiones de “hermandad” y “cultura de la paz” que no se conduelen del día a día de la política que en democracia requiere respeto, no declaraciones esotéricas de armonía cósmica.

Decíamos al comenzar la feliz coincidencia de la visita del GEIE porque permite ver el contraste en posiciones “para la galería o for export” de los operadores del régimen, a la vez que las manifestaciones de descontento ciudadano son realizadas sin el asedio de los grupos de choque del masismo y mostraron su fuerza, especialmente en Santa Cruz, pero nada desdeñables en los otros departamentos, a pesar de la pusilanimidad de algunos los dirigentes “cívicos” o las amenazas de violencia de quienes se siente impunes emponchados. Cabildos con llamados de unidad y libertad, iniciativa ciudadana y ejercicio de la disidencia contra las intenciones groseras de ser acalladas, muestran que los bolivianos y bolivianas no estamos dispuestos a tolerar un régimen de oprobio como el que está vigente en hermanos países en el Caribe. Sigue vigente eso de “Morir antes que esclavos vivir”.

Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo y profesor universitario de Postgrado

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