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Opinión

16 de mayo de 2022 09:24

Un nuevo “Juicio de la mentira”


La estrategia de defensa del exdictador Luis García Meza Tejada en el proceso que afrontó desde 1986 por iniciativa del Congreso Nacional se centró en el olvido y la falsedad. Hoy, en los procesos contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez Chávez alentados por el grupo en el gobierno, la estrategia de la acusación es semejante, si no la misma.

García Meza había tomado el poder con la fuerza de las armas el 17 de julio de 1980 y la presidenta interina de ese momento, Lidia Gueiler Tejada, además pariente del golpista, fue obligada a renunciar a sus funciones bajo la amenaza de un revólver. El entonces general –que también terminó derrocado– gobernó hasta el 3 de agosto de 1981, un lapso corto, pero suficiente para que junto a sus colaboradores perpetrara una larga serie de desmanes, además de haber ejercido la violencia desde un principio.

Ya en democracia, el 13 de febrero de 1984, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Antonio Araníbar Quiroga y Oscar Eid Franco, junto a Ramiro Velasco Romero, dirigente del Partido Socialista Uno, presentaron un pliego acusatorio ante el Congreso en demanda de llevar a García Meza a un juicio de responsabilidades. El 18 de febrero de 1986 los congresales aprobaron el decreto de acusación y los obrados fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia para que procediera al juzgamiento correspondiente.

El 7 de abril de ese mismo año comenzó el juicio en Sucre, ciudad que ese día amaneció militarmente ocupada. La presencia de soldados armados, francotiradores e inclusive algunas tanquetas anunciaba la llegada del exdictador que había sido convocado a prestar sus declaraciones ante el tribunal. Esa tarde García Meza ingresó a la sala de debates escoltado por un guardia armado, recibió reiteradamente el tratamiento de “señor General” por parte de los magistrados y, a lo largo del proceso, pudo defenderse en libertad.

Los ocho cuerpos de delitos que incluía el pliego acusatorio –asesinato, genocidio, organización de grupos irregulares armados, asociación delictuosa, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución, entre ellos– fueron concentrados en una sola causa.

En el transcurso de su defensa, el exdictador afirmó que asumió el gobierno por orden de las Fuerzas Armadas, negó toda responsabilidad en los delitos por los cuales fue imputado y usó, como su favorita, la expresión “No recuerdo, señor presidente”. Entonces, entre que solamente había cumplido la orden militar de destinos, que no era culpable de nada y que no se acordaba de lo sucedido, quería mostrar que se trataba apenas de una “víctima” del “ultrismo”, como solía decir.

Toda esa parodia llevó a que aquel proceso fuera calificado como “El juicio de la mentira”, título del libro de Orlando Encinas y Erick Torrico que en septiembre de 1986 documentó las confesiones de García Meza, y evaluó, desnudó y contrastó su estrategia con los hechos reales. En ese caso, la justicia finalmente se impuso: la condena a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, fue dictada el 21 de abril de 1993.

Poco antes de conocerse tal dictamen, el acusado se dio a la fuga. Sin embargo, el 11 de marzo de 1994 fue capturado en Brasil, de donde fue extraditado al año siguiente y recluido en la cárcel de Chonchocoro el 15 de marzo de 1995. Falleció en 2018 faltándole algo más de siete años para que cumpliera su pena.

Actualmente, en los juicios penales organizados contra la expresidenta Áñez, que se resumen en los denominados casos “golpe de Estado I y II”, la amnesia de que hizo gala el responsable de 1980 y su hábil intento para descontextualizar y torcer la historia dan claras muestras de haber retornado. La diferencia está en que aquella vez las mentiras provenían de quien finalmente fue declarado culpable, mientras que ahora vienen de los juzgadores.

No sólo que por inconveniencia política los que gobiernan desde 2020 manipularon los procedimientos legales para evitar el camino de las causas de responsabilidad, sino que, por la razón contraria, esto es, por conveniencia política, llevan adelante, de modo irregular, varios juicios simultáneos contra la exmandataria, inclusive sobre delitos que carecen ya de tipificación.

Estas acciones, en conjunto, son un nuevo “Juicio de la mentira” y están claramente mal orientadas, pues los que debieran ser sometidos a los tribunales por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes” son aquellos que provocaron la crisis político-social de 2019: iniciaron el fraude electoral al desconocer los resultados del referendo constitucional de febrero de 2016 y burlaron la soberanía popular. Luego se victimizaron, dimitieron irresponsablemente de sus cargos, generaron un peligrosísimo vacío de poder, llevaron al país al borde del enfrentamiento fratricida y, para ahorrarse problemas, huyeron del país.

Aunque en las últimas semanas este montaje con fachada legal dejó de ser el eje de la política gubernamental y se ha convertido en nada más otro elemento de la pulseta interna de poder que sufre el grupo oficialista, es probable que el aparato judicial que brinda servicios “a la carta” para los poderosos circunstanciales acabe legalizando las mentiras. Pero la ciudadanía sabe que la historia es la dueña de las evidencias y que es con éstas, al final, que se establece (o restablece) la justicia.

Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político

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