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Opinión

5 de noviembre de 2021 12:19

La amenaza como política de gobierno

ESCRITORIO 1

“Enfrentarse en las calles”, estar “dispuestos a matar”, “sacar a patadas”, “no vamos a permitir”, “habrá responsabilidades penales”, “hay que purgar” y “advertimos” son algunas de las expresiones que muestran lo que parece haberse convertido en una línea básica de la (in)acción gubernamental en el país: la amenaza.

Afirmar que sólo habrá paz si se admite que “hubo golpe” (y no fraude), anunciar que se haría echar de su cargo al Secretario General de la Organización de Estados Americanos hasta este mes de noviembre o acusar a los miembros de la Unión Europea de “golpistas”, entre otros exabruptos similares, simplemente añade elementos que confirman esa tendencia oficialista belicosa, antidemocrática por donde se la vea, y ahora, además, con alcance “diplomático”.

Y no ocurre apenas que el propio aparato de gobierno sea el protagonista de estas bravuconadas, sino que también es el que las alienta en las organizaciones sociales que tiene cooptadas, a las cuales utiliza, socapa y encubre. Nítido ejemplo de esto fue el llamado a “derramar sangre” que hizo el principal dirigente de la central campesina oficialista y que el silencio de las autoridades convalidó.

Pero no sólo es discurso. La persecución judicial y policial, los encarcelamientos arbitrarios, las advertencias sobre posibles (nuevas) quemas de domicilios, las amenazas de muerte contra un caricaturista crítico, así como los vejámenes sufridos por periodistas a manos de un grupo irregular armado vinculado a los “interculturales”, son manifestaciones concretas de esa manera de concebir y hacer la política. En todas ellas vuelven a resonar el odio y la perversidad del “Ahora sí, guerra civil”, del incendio de instalaciones policiales, buses municipales y casas particulares, de la intención de arrasar las urbes de La Paz y Cochabamba y del explícito deseo de “matar de hambre a las ciudades” que, junto al desmantelamiento de la institucionalidad, afloraron de las mismas filas en noviembre de 2019 y redujeron a cientos de miles de ciudadanos a la condición de víctimas inermes.

Es obvio que todo esto tensiona más la sociedad y hace más profunda la fractura que sufre, condiciones éstas que, hasta donde puede percibirse, le son necesarias al grupo en el gobierno para disimular sus evidentes incapacidad, incoherencia y fragilidad, tanto como para justificar el proyecto de control “legal” extendido en que se encuentra empeñado.

Carente de ideas, credibilidad, consenso y aun respeto, el actual esquema de poder hace agua por distintos frentes. Falto de liderazgo, con figuras deprimentes en su estructura, acosado desde dentro, quebrado por intereses de corto alcance y sin ninguna voluntad de diálogo, no hace más que ocuparse de responsabilizar a otros, de fuera, de su inoperancia y práctico fracaso.

Las declaraciones, discursos y actos de sus representantes, siempre dirigidos a alimentar el antagonismo, traducen un fuerte complejo de inferioridad ante las circunstancias y reflejan un sentimiento de debilidad que se acentúa cotidianamente.

El recurso constante a la coerción y la altisonancia, como es sabido, es la medida de la imposibilidad de lograr mínimos de legitimidad. A su vez, el delirio frecuente sobre la “desestabilización”, el “golpe” y otros ataques fantasmales de que el régimen se considera blanco, nada más es síntoma de la búsqueda desesperada de salidas retóricas a lo que, en los hechos, son mera impotencia, real inseguridad y clara ineptitud.

Se supone que un gobierno, en democracia, debe definir y emprender políticas en beneficio de sus gobernados, en acuerdo con ellos. Hoy, en Bolivia, si alguna política gubernamental puede identificarse, esa es la del amedrentamiento, orientada solamente a preservar, hasta donde resulte posible, la circunstancial posición de los que dicen mandar.

Una política democrática es un conjunto de directrices que, bajo la guía de principios de libertad, pluralismo y participación, establece propósitos y caminos de construcción de la convivencia y el bienestar colectivos. Una política de gobierno se hace con y para la ciudadanía; nunca contra ella.

La amenaza es, por eso, una antipolítica. ¿Podrán entenderlo los que la enarbolan cada día?

Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político