Hace pocos días, el gobierno de Estados Unidos publicó su Estrategia de Seguridad Nacional (2025) develando cambios significativos en su política exterior y anticipando un inminente reordenamiento de las dinámicas globales.
El documento reactiva el espíritu de la Doctrina Monroe –“América para los americanos”– mediante el llamado “Corolario Trump”, que coloca a América Latina en el primer lugar de las prioridades estratégicas y económicas de Washington. Europa, que durante décadas ocupó el primer escalón, queda ahora relegada al tercer puesto, detrás del Indo-Pacífico.
Este nuevo orden de prioridades plantea desafíos y oportunidades que deben ser correctamente interpretados para poder enfrentarlos o aprovecharlos, según corresponda.
Para América Latina, esta nueva estrategia significa retornar a una lógica hemisférica de control y vigilancia, donde la estabilidad política, la orientación ideológica y el manejo de recursos críticos estarán crecientemente influidos por la Casa Blanca.
El “Corolario Trump” no solo rechaza la presencia de potencias extrarregionales –aludiendo explícitamente a China–, sino que afirma que ningún actor extranjero debe poseer o gestionar activos estratégicos dentro de la región.
Para países como Bolivia, este giro adquiere una especial relevancia: la presión por asegurar influencia sobre recursos como el litio, el gas o los minerales estratégicos coincide con el inicio del nuevo ciclo político encabezado por el presidente Rodrigo Paz. Esto obliga al nuevo gobierno boliviano a replantear la inserción internacional del país desde un enfoque de mayor prudencia, autonomía y diversificación de alianzas.
No estamos afirmando que la nueva situación conduzca inexorablemente a costos inevitables, pero existen complejidades que podrían generar pérdidas onerosas si no se administran con diplomacia e inteligencia.
De hecho, habría sido aún más difícil con un gobierno “antiimperialista” como los que tuvimos hasta hace poco, si consideramos que, en sus relaciones con algunos países vecinos, Trump ha demostrado que juega con premios o castigos –zanahoria o garrote–: a Brasil le ha impuesto aranceles del 50% por procesar a Jair Bolsonaro; mientras que a Argentina le ha ofrecido un swap de 20.000 millones de dólares por alinearse con su agenda política.
Estas dinámicas muestran el tipo de relación que Washington quiere construir con los países de la región en los próximos años.
Para Europa, la estrategia supone un revés aún más profundo. No solo la relega a un rol secundario en el esquema global de sus prioridades –tras haber estado en el primer lugar por varias décadas–, sino que la expone a una vulnerabilidad estratégica inédita desde la Segunda Guerra Mundial.
La estrategia cuestiona implícitamente el fundamento mismo de la alianza transatlántica: la idea de seguridad compartida. A ello se suman las reiteradas declaraciones de autoridades estadounidenses que ponen en tela de juicio la continuidad del compromiso norteamericano con la OTAN, exigen mayor gasto militar europeo o incluso amenazan con retirar garantías de defensa si Europa no se alinea plenamente con los intereses de Washington.
Ante este doble escenario —el que fija la estrategia y el que revelan las declaraciones oficiales— Europa descubre que ya no puede confiar plenamente en la estabilidad de su socio tradicional ni en el paraguas de seguridad nuclear que la protegió durante la Guerra Fría.
La incertidumbre sobre el futuro de la OTAN, sumada al recuerdo reciente de su dependencia del gas ruso antes de la guerra en Ucrania, impulsa a la Unión Europea a buscar nuevos equilibrios, diversificar alianzas y mirar hacia América Latina con un sentido de urgencia que antes no existía.
La posibilidad de interrupciones en sus cadenas de suministro, especialmente de minerales críticos provenientes de Asia, convierte a América Latina en un socio geoestratégico clave.
Este contexto crea una ventana de oportunidad excepcional para que finalmente se concrete –después de 25 años de negociaciones– el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya firma podría darse el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil, en el marco de la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del bloque sudamericano.
El acuerdo propone un modelo integral basado en tres pilares: político, comercial y de cooperación. El primero establece una alianza estratégica fundada en intereses y valores compartidos.
El segundo prevé la liberalización progresiva del comercio –incluyendo compras estatales, inversiones y normas sobre propiedad intelectual–, así como la armonización de regulaciones esenciales.
El tercer pilar, centrado en la cooperación, propone mecanismos institucionales y económicos para fortalecer las capacidades de ambas partes y profundizar la integración.
Aunque la firma del acuerdo sería apenas el primer paso de un proceso complejo de ratificación –que exige la aprobación de los 27 miembros de la UE y de los cuatro o cinco países del Mercosur– existen razones fundadas para creer que esta vez, el proceso podría avanzar, sentando las bases de lo que sería la mayor zona de libre comercio del mundo.
Para Bolivia, la renovada perspectiva de que este acuerdo entre en vigor fortalece las razones para completar su adhesión plena al Mercosur. En el plano comercial podría abrir mercados significativos para la carne, el azúcar, el café, la quinua y otros productos bolivianos. En los ámbitos político y de cooperación, permitiría participar en iniciativas que fortalezcan la capacidad del país para enfrentar los desafíos geopolíticos, ambientales y tecnológicos que se avecinan, contribuyendo a concretar el mandato presidencial de “traer el mundo a Bolivia y llevar Bolivia al mundo”.
Sin embargo, antes de avanzar, es indispensable realizar un estudio de costo-beneficio serio, técnico y desideologizado –algo que Bolivia aún no ha hecho– que evalúe rigurosamente estas oportunidades frente a posibles desventajas derivadas del esquema 4 + 1 de negociación de acuerdos comerciales con terceros actores, la adopción del Arancel Externo Común, las normas de origen y la nomenclatura del Mercosur. Una decisión de esta magnitud exige claridad estratégica, información precisa y una visión de largo plazo.
En conclusión, ante un mundo en plena reconfiguración geopolítica, donde Estados Unidos redefine su papel hemisférico y Europa busca nuevos socios para garantizar su seguridad económica y estratégica, Bolivia no puede permitirse quedar al margen. La eventual firma del Acuerdo UE–Mercosur y el reposicionamiento global del bloque abren una oportunidad histórica para que el país redefina su inserción internacional desde una plataforma regional más amplia, sólida y con mejores perspectivas de desarrollo.
La adhesión plena al Mercosur no debe asumirse como un acto meramente comercial, sino como una decisión estratégica que puede ampliar el margen de autonomía del país, protegerlo frente a presiones externas y permitirle aprovechar una coyuntura excepcional. Si Bolivia aspira a proyectarse al mundo con mayor fortaleza, este es un momento clave que no puede dejar pasar.
El autor es diplomático de carrera
