Separados por algo más de 40 años, dos dramáticos diagnósticos económicos dan la sensación de que Bolivia está atrapada en un círculo vicioso de larga duración.
El 29 de agosto de 1985, para hacer frente a la escalada inflacionaria que el primer gobierno de la democracia recuperada había heredado de las dictaduras militares y cuya irresolución le obligó a acortar un año de su mandato, fue presentada la llamada “Nueva Política Económica” (NPE), expresada en el ya célebre decreto supremo n° 21060.
“Bolivia se nos muere”, afirmó lacónica y crudamente en esa oportunidad el entonces recién electo presidente Víctor Paz Estenssoro, que sucedió a un casi acorralado Hernán Siles Zuazo.
En su discurso de posesión, el 6 de agosto de ese año, Paz Estenssoro había hablado de que el país se enfrentaba a un “desastre de magnitud”, un “inminente riesgo de llegar a la bancarrota” y a “abismales dificultades”.
El concepto clave de la parte considerativa del decreto que establecía la NPE era “colapso nacional”, situación que, en líneas generales, era explicada de la siguiente forma: “(..) los factores hiperinflacionarios, combinados con una profunda recesión económica, han debilitado en forma peligrosa el aparato productivo y provocado en el organismo nacional una grave crisis económica que castiga, particularmente, a las grandes mayorías nacionales, por el conducto de la insuficiencia de las remuneraciones, el desabastecimiento de productos esenciales de consumo masivo, el desempleo, el subempleo y la presencia inusitada de un creciente sector informal o ilegal de la economía”.
Y hace apenas dos semanas, el 17 de diciembre, delante de una nueva circunstancia crítica de la nación, abonada largamente por un esquema gubernamental negligente, autoritario y populista, el gobierno elegido en noviembre pasado aprobó el decreto supremo n° 5503 que declara “Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el proceso inflacionario que vive el país, la escasez de dólares, y combustibles”. En su introducción al mismo, el presidente Rodrigo Paz Pereira lo definió como una medida de “salvataje económico histórico para la patria”.
Al asumir funciones el día 8 del mes anterior, el nuevo primer mandatario sostuvo que “El país que recibimos está vacío” y añadió: “Nos dejan una nación cansada, dividida, endeudada. (…) Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”.
Ese penoso cuadro está sintetizado en la idea central de “crisis estructural terminal”, en el primer párrafo del decreto mencionado: “(…) el Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta una crisis económica, financiera y social de carácter estructural y terminal, heredada del anterior gobierno, cuya combinación de abusos, mala administración y despilfarro ha generado un deterioro profundo de las condiciones de vida, provocando hambre, incertidumbre y un clima generalizado de preocupación social que resulta impostergable resolver”.
Ambas normas legales se fundamentaron, a su modo, en la inoperancia e inacción atribuidas a quienes fueron señalados como responsables de las respectivas crisis y en la necesidad de afrontar las causas reales de las mismas.
En el primer caso, la gravedad de las cosas se retrataba en la profunda distorsión en el sistema de precios, la desmedida burocratización estatal, la agudización de la desigual distribución de los ingresos, el sostenido y creciente déficit fiscal, el insostenible endeudamiento público interno y el sostenido descenso en la producción, la productividad y la eficiencia.
Entre las determinaciones adoptadas en ese momento estuvieron un tipo de cambio único, real y flexible, la libre disponibilidad de divisas, la conversión del oro físico en reservas metálicas de libre disponibilidad, la autorización para operaciones bancarias con mantenimiento de valor o en moneda extranjera, la libre importación y exportación de bienes, la libre contratación laboral, la libertad de precios de bienes y servicios, la prohibición de todo monopolio y el ajuste quincenal de precios de carburantes en el mercado interno. Se sumó a ello el denominado “beneficio de relocalización”, que principalmente significó el despido de alrededor del 90% (más de 27 mil) de los trabajadores de la estatal Corporación Minera de Bolivia, con fines de ahorro.
El efecto político del cierre en las minas estatales fue la acelerada desproletarización del movimiento obrero y popular, pero también lo fue el incentivo del cultivo de coca como fuente de ocupación alternativa y como nuevo eje de articulación corporativa.
En general, la puesta en vigor del D.S. 21060 implicó un rediseño liberal y tecnocrático de las relaciones entre Estado, economía y sociedad que reestructuró, al propio tiempo, el perfil y la dinámica política del país junto a los de sus correspondientes actores.
En el segundo caso, el crítico estado actual está descrito con estos rasgos: el mayor desabastecimiento de combustibles de la historia nacional, paralización productiva, proceso inflacionario derivado del encarecimiento de bienes e insumos esenciales, graves hechos de corrupción generalizada, ineficiencia administrativa, financiera y técnica, pulverización del patrimonio estratégico del país, la mayor inflación registrada desde el período 1982-1985, un déficit fiscal de más de 30 mil millones de dólares desde 2020 y, en consecuencia, el mayor desajuste macroeconómico sostenido de las últimas cuatro décadas.
Las medidas asumidas en esta ocasión incluyen la liberación de importaciones y exportaciones, la eliminación del subsidio a los carburantes, el congelamiento de los salarios del sector público y la prohibición de nuevas contrataciones, el anuncio de un programa de racionalización de personal público –todavía sin plazo–, la libre contratación y negociación salarial en el sector privado, el incremento del bono “Juancito Pinto”, de la Renta Dignidad para no jubilados y del salario mínimo nacional.
El D.S. 5503 está especialmente enfocado en “restablecer la estabilidad macroeconómica”, pero también pretende “modernizar, desburocratizar y transparentar la administración pública”. En ese sentido, tiene menos pretensiones de reordenamiento social global que las del 21060, aunque sí se anuncia como una pieza de un sistema de reformas en la perspectiva de un “capitalismo para todos” que sería completado posteriormente.
Hay, pues, semejanzas entre las crisis de 1985 y 2025, así como en la diagnosis hecha en cada caso por quienes llegaron para remediarlas. Igualmente, hay parentesco entre las disposiciones liberalizadoras tomadas. Pero se advierte una clara diferencia en las condiciones en que los decretos 21060 y 5503 fueron aplicados: uno generó una fuerte resistencia popular que solo pudo ser controlada bajo estado de excepción; el otro, que remarca su índole “excepcional y temporal”, llegó a un terreno de amplia y hasta resignada aceptación preparado por la impericia y el fracaso del llamado Movimiento al Socialismo.
De todas formas, y sin que todavía se pueda tener certeza sobre si habrá sobresaltos durante la emergencia que ha sido declarada, lo que sí se percibe es que, después de 40 años y tras haber gozado entre 2006 y 2014 del período de mayor bonanza de su historia, Bolivia está otra vez conminada a intentar salir del estado de catástrofe al que la llevaron.
El autor es especialista en comunicación y análisis político
