Opinión

26 de noviembre de 2021 15:32

Arce y su narrativa minera

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En oportunidad de su discurso –transcurrido un año de gestión– el presidente Luis Arce no pudo evadir, como su antecesor Evo Morales, hablar sobre la situación de la minería de nuestro país.

El actual escenario de precios altos en el mercado internacional, por la creciente demanda de minerales, dan señales de que el nuevo superciclo de materias primas podría extenderse más allá del 2022. En este escenario, ¿cómo marcha la minería del país en versión de nuestro mandatario?

Arce comienza su intervención aseverando que: “Durante el gobierno de facto se registró una paralización de los principales proyectos mineros, tal es el caso de la construcción de la planta de 2.000 toneladas de la empresa minera de Colquiri”; añade que la anterior gerencia general de Colquiri no logró dar solución a aspectos administrativos para dar curso a la adenda del contrato principal para la importación de maquinaria y equipos destinados a la planta.

Empero, deliberadamente, el presidente omite varios aspectos en estas aseveraciones, entre ellas, desconocer el efecto de la pandemia del COVID-19 en la minería, que obligó a la paralización de actividades en el sector minero yde la que no estuvieron exentas las operaciones estatales que están bajo tuición de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En la gestión 2020, la producción estatal minera registró una caída del 42% en su valor de producción, que apenas alcanzó a 2.621 millones de dólares, cifra menor a los 4.495 millones de dólares logrados en 2019.

Sobre la demora en la construcción de la nueva planta concentradora de 2.000 toneladas por día (TPD) de Colquiri, Arce desconoce que esta demanda fue planteada el año 2015, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales, oportunidad en la que los mineros de Colquiri plantearon unainversión de parte del Estado para hacer realidad esta planta, pedido que fue rechazado. Ante esto, los mineros de Colquiri tuvieron que acudir a la financiera estadounidense NALEX para solicitarun crédito de 75 millones de dólares, con las siguientes condiciones: a 10 años plazo, con tres años de gracia y una tasa de interés del 2,9%.

La burocracia estatal dilató la autorización para la firma del crédito con NALEX que, finalmente, no se concretó. Esto obligó al Estado, en julio de 2017, a financiar la planta de Colquiri con 63 millones de dólares, dos años después de la demanda de los mineros de Colquiri. Por entonces autoridades de COMIBOL aseguraron que la construcción de la planta debía culminarse a finales del 2018, sin embargo, esto no ocurrió y la demora persiste.

Acerca del proyecto del Mutún, en su alocución Arce aseguró que: “La mala gestión del proyecto del Mutún generó incrementó de los costos financieros en el contrato de préstamos”. El presidente olvida que el proyecto del Mutún y su demora no son novedad, ya que la demora en la implementación de este proyectocomenzó con su antecesor Morales, con la firma del contrato con la Jindal el 18 de julio de 2007, que nunca prosperó y, por el contrario, podría costarle al Estado 86 millones de dólares por el arbitraje internacional que prosigue en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), contra la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la COMIBOL.

Arce olvida que, ante el fracaso con la Jindal, a inicios de 2016 el gobierno del MAS adjudicó a la empresa China Sinosteel Equipment la construcción de las plantas de concentración, peletización y reducción directa; la instalación de una acería con colada continua y un tren de laminación para obtener 150.000 toneladas de laminados de acero no planos, para ser utilizado en el sector de la construcción civil del país, pensando en cubrir el 60% del mercado interno y competir con el acero que llega de Brasil, Perú y China.

La demora se dio en el gobierno de Morales que optó por recurrir a un crédito chino de 396 millones de dólares, a través del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), para financiar la construcción del complejo del Mutún. El acuerdo de Morales estableció que el Eximbank financiaría el 85% para la construcción, ejecución y puesta en marcha de la planta siderúrgica del Mutún y el 15% restante, alrededor de 70 millones de dólares, sería asumido por el Estado.

Si bien el Senado Nacional aprobó este crédito en marzo de 2018, el Eximbank realizó el primer desembolso en enero de 2019 por una suma de 56 millones de dólares. Paralelamente, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) desembolsó 9,9 millones de dólares, por lo que, en suma, la Sinosteel Equipment disponía de 66 millones de dólares para iniciar la construcción de la planta siderúrgica. Según los cronogramas de la china Sinosteel, la construcción demoraría 30 meses y su puesta en marcha sería a mediados de 2021; sin embargo, en noviembre de 2021 recién ingresaron a territorio boliviano las estructuras metálicas para la construcción de la planta.

Autoridades de gobierno auguraron que el complejo estaría terminado y funcionando hasta finales del 2023, empero, aún disponiendo de la planta siderúrgica instalada, un tema aún pendiente es el aprovisionamiento de gas, más en este tiempo de incertidumbre, porque el gobierno fue reduciendo las entregas de volúmenes de gas a la industria nacional.

Las reflexiones de lo que sucede en el Mutún se asemejan a la crisis que se vive en Huanuni, que también fue parte del discurso presidencial. El presidente resaltó, como logro de su gestión, el inicio de operaciones del ingenio Lucianita en Huanuni. Sobre el tema Arce dijo: “Durante el gobierno de facto se presentaron retrasos y paralización en su ejecución, firmando recién en el mes de julio el contrato con la empresa que está a cargo del reinicio de operaciones”.

Lo que olvida el exministro del gobierno de Morales es que el ingenio de Lucianita, construido para tratar 3.000 TPD, fue entregado por la empresa china “Vicstar Union Engineering” en febrero de 2015, y que el mismo nunca entró en funcionamiento por varias falencias técnicas (dique, electricidad, agua, etc.) que no fueron previstas por el equipo técnico de la empresa.

Propiamente hablando, lo que Luis Arce hizo fue dar inicio,por segunda vez, a las operaciones de Lucianita en julio de este año. En su discurso, el mandatario aseguró que: “Este nuevo ingenio dará beneficios económicos al país, por conceptos de utilidades e impuestos, que contribuirá al pago de los bonos sociales”.

Es obvio que el presidente desconoce la situación real de nuestra minería, ergo, de las operaciones estatales. No se tiene información oficial sobre las reservas y la vida útil del cerro Posokoni en Huanuni, por ende, la mayor duda es: ¿habrá reservas para mantener el ritmo de tratamiento de los ingenios de Santa Elena y Machacamarca (1.400 TPD), más Lucianita (3.000 TPD), que hacen una suma en capacidad de tratamiento de 4.400 TPD? A esto hay que añadir la carencia de agua (30.000 m3/día) para el funcionamiento del nuevo ingenio y el dique de colas.

En su optimismo, el dignatario de Estado aseguró que: “Otro compromiso cumplido es el inicio de las gestiones para impulsar el proyecto de la planta refinadora de Zinc, a emplazarse en el departamento de Oruro”.

Arce olvida que esta promesa no es novedosa. Los tres intentos fallidos para poner en marcha este proyecto comenzaron en junio de 2010, durante el gobierno de Evo Morales, cuando la primera licitación se declaró desierta porque la empresa china que fue adjudicada, Henan Yuguang Internationak Economic & Technical Cooperation Corp. Ltd., no cumplió con la presentación de documentos y boletas de garantía. La segunda licitación, realizada en noviembre de 2010, también se declaró desierta.

No conforme con esto, en agosto de 2011, el gobierno lanzó una tercera licitación, adjudicando nuevamente ala empresa china de la primera licitación que, como corolario, tuvo el mismo desenlace de las dos anteriores, se declaró desierta.

La causa principal por la que fallaron estas licitaciones fue la convocatoria que establecía un trabajo en dos fases: la primera, para identificar la tecnología y cuantificar la construcción de la planta; y la segunda, para la construcción de la planta y su entrega en funcionamiento, todo esto bajo la modalidad llave en mano. El problema surgió al momento de emitir las boletas de garantías, porque los ofertantes aseguraban que no correspondía emitir las boletas por ambas fases, sino solo por la primera.

Desconociendo estas contradicciones administrativas, en abril de este año, el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, anunció que su despacho retomaría las labores para concretar la construcción de las plantas de fundición y refinación de zinc, bajo la modalidad llave en mano.

Para la refinería de zinc a ser instalada en Oruro, los funcionarios de gobierno aún buscan el financiamiento de 350 millones de dólares para su edificación, sin embargo, ya aseguraron que estaría concluida el 2024.

Arce continúo su intervención asegurando que se ha dado una “sustancial mejora del control de la comercialización externa e interna de minerales”, olvidando que es un problema que está presente hace varios años en la cadena de explotación, comercialización y exportación de oro, y que hasta hoy carece de muchos filtros institucionales. Ejemplo de ello es el caso de contrabando de tres lingotes de oro y 169 anillos, que procedían de Bolivia, y que fue detectado por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

Para Arce esta mejora “se observa en el crecimiento de recaudaciones por regalías mineras”; sin embargo, la autoridad no reconoce que este crecimiento no se debe a las acciones de su gobierno, sino a la mejora en los precios de los minerales en el mercado internacional, motivado por la mayor demanda de materias primas, de parte de los países industrializados. Arce no reconoce en su alocución que Bolivia continúa exportando minerales concentrados, sin valor agregado alguno, ratificando nuestra condición de país exportador de materias primas, tal como en la época neoliberal que tanto cuestiona.

Arce pretende desconocer que estas regalías podrían ser mayores si se revisaran los techos del actual sistema de recaudación de regalías mineras que establece la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada por su antecesor Evo Morales y que consolidó el sistema tributario del Código de Minería de Gonzalo Sánchez de Lozada; porcentajes que no condicen con las elevadas cotizaciones que marca la Bolsa de Metales en Londres.

El presidente desconoce la importancia del sector minero, su importancia en la transición energética y las oportunidades para el país. Arce desconoce que estos requerimientos no son solo de minerales tradicionales, sino de minerales especiales para diferentes tipos de tecnologías y que para lograr esto requerimos información científica, geológica, geográfica, exploración y explotación necesaria para atender esa demanda.

Arce no conoce nuestra minería.

Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA

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