La Paz, 20 de agosto (ANF).- Luego de dos audiencias en las que se recibieron y socializaron testimonios de organizaciones, indígenas, activistas, bomberos forestales e instituciones estatales, acerca de los incendios ocurridos en Bolivia el 2019 y sus actuales consecuencias, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), emitió hoy su sentencia y dictaminó que hubo un ecocidio y entre los responsables están el gobierno de Jeanine Áñez y la ex administración de Evo Morales.
“Lo sucedido en la Chiquitanía durante los incendios del 2019 ha sido un ECOCIDIO provocado por autoridades bolivianas (administrativas, judiciales, etc) y el agronegocio", menciona el documento de sentencia difundido hoy.
Entre las medidas que plantea para evitar desastres similares, el TIDN determina se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios y la depredeación de los bosques, incluídas las leyes transgénicas (mencionándolas una a una).
"Se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de Ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al gobierno de Morales 2019, y (al) gobierno de Jeanine Áñez 2020 y (la) gobernación de Santa Cruz", dictamina el documento.
También se estableció que se debe hacer una “pausa ecológica” en la región afectada y evitar asentamientos y labores agrícolas como el monocultivo y uso de transgénicos.
La lectura de esta sentencia por el caso “Pueblos indígenas, Chiquitanía, Amazonía y Chaco contra el Estado Plurinacional de Bolivia”, tuvo la participación -de forma virtual mediante plataformas digitales- de representantes en diferentes regiones de Sudamérica y Bolivia.
Los encargados de dar este veredicto fueron los jueces Patricia Gualinga (Ecuador), Nancy Yañez (Chile) y Felicio Pontes (Brasil), quienes escucharon los testimonios y datos presentados con las pruebas respectivas sobre lo ocurrido en los incendios del segundo semestre del 2019, cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas y se afectó a cerca de 27 territorios indígenas de tierras bajas y 20 áreas protegidas nacionales y subnacionales.
Además, se responsabiliza de los incendios del 2019 a instancias como la gobernación de Santa Cruz, el INRA, la ABT, el Tribunal Agroambiental, y la actual Asamblea Legislativa Plurinacional.
Si bien este veredicto no es vinculante, es decir de cumplimento obligatorio para los Estados, es un precedente que marca una demanda de los pueblos indígenas en contra de más incendios y la devastación de sus territorios, así como genera incidencia en la lucha de la sociedad para la protección del medio ambiente y la petición de abrogar normas que atentan contra los derechos de la naturaleza.
Estos incendios son considerados como de los mayores desastres ambientales en la región y fue una noticia que repercutió a nivel internacional.
Durante las audiencias y los testimonios, además de dar a conocer las secuelas que dejó este desastre ambiental, apuntaron a la abrogación de un paquete normativo que permitió la expansión de la frontera agrícola en tierras de producción forestal permanente, que, unido a las fuertes heladas y posteriores sequías que azotaron la región durante la gestión pasada, propiciaron un escenario favorable para que el fuego se expanda de manera descontrolada.
Existen varios proyectos de ley de abrogación que elaboraron diversos colectivos y pueblos indígenas y que fueron remitidos a los poderes Ejecutivo y Legislativo hace más de seis meses; hasta el momento no han sido tratados ni mencionados por las autoridades a cargo.
Se trata de un proyecto de Ley y uno de Decreto Supremo (D.S.) para la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, Ley N.º 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, la Ley N° 1098 y su D.S. que establecen el marco normativo que permite la producción, almacenaje; y del D.S. Nº 3973 que dio paso a que la Asamblea Legislativa Departamental del Beni modifique el Plan de Uso de Suelos (PLUS), señaladas como causantes de los incendios; sin embargo hasta la fecha no recibieron una respuesta desde el Estado, según dieron a conocer en las audiencias.
“Fueron tres los motivos principales para los incendios (2019): la sequía y las heladas, el cambio climático y las normas que tenemos sobre el tema agrario. Actualmente tenemos 22% más de fuego que el 2019, pero no se le está dando la atención necesaria”, mencionó en su testimonio el cacique de tierra y territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Felipe Castro.
Por tanto el documento de sentencia será compartido y se difundirá a la sociedad para que se vigile e inste a su cumplimento.
Durante la presentación de su testimonio, el cacique general de la Central Indígena Chiquitana Germán Busch, Vicente Parabá, explicó que, además de los incendios y quemas que se realizan en el territorio boliviano, también se encuentran amenazados por los incendios que ocurren en otros países e ingresan al territorio nacional, lo cual agrava la emergencia en la que se mantienen las comunidades indígenas.
“Se debe ver el tema de los fuegos transfronterizos, porque la mayoría de los incendios ingresan desde Brasil o Paraguay por la ampliación de sus pastos ganaderos y están afectando a Bolivia; lamentablemente nuestras autoridades no están haciendo lo que corresponde a través de Cancillería”, aseveró.
En marzo y julio de este año, en el parque nacional Otuquis se registraron diversos incendios que afectaron a la parte sur y este del mismo; según el monitoreo del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), los incendios en ambos casos ingresaron desde los países vecinos de Brasil y Paraguay, con quienes Bolivia comparte la Amazonía y el Chaco.
Parabá indicó que desde el Estado no se cuentan con los recursos (equipo y personal) para atender estas contingencias, y que desde las instancias de gobierno no se les está dando la debida importancia que merecen. “Las autoridades nacionales tardan en reaccionar”, expresó.
Testimonios:
Richard Rivas, director de la Unidad de Conservación y Patrimonio Natural del Valle de Tucabaca:
“Al menos seis comunidades indígenas y campesinas fueron afectadas de forma grave con la quema de sus cultivos y viviendas; también se afectó a las microcuencas y nacientes de agua que proveen a la región; a fauna y flora endémicas que hasta ahora no fueron cuantificados”.
Zoila Zeballos, presidenta del Comité de Gestión de Área de Conservación y Patrimonio del Valle de Tucabaca
“Fueron 70 días que vivimos esta zozobra. Los niños tuvieron que ser puestos a buen resguardo, y las mujeres y hombres se quedaban para apagar el incendio. Pedimos que se respeten las normas vigentes para la prevención de incendios y la anulación de las normas que favorecen a los desmontes”.
José Ávila, director de Áreas protegidas de la GAIOC Charagua Iyambae
“Tenemos evidencia de que el pueblo Ayoreo vive en los parques Ka Iya, Ñembi Guasu y en parte del Paraguay; con los incendios se perdió gran parte de la biodiversidad de la que depende su vida. El fuego no paso al Ka Iya y asumimos que están viviendo en este sector”.
Germinda Casupá, vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas de la Chiquitanía (OMICH)
Los tigres que eran feroces se volvían mansos porque buscaban ser protegidos”.
Felipe Castro, cacique de Tierra y Territorio de la Organización Indígena Chiquitana (OICH)
“Los animales silvestres llegaban a la casa y uno podía agarrarlos y darles agua, eso fue lo más doloroso que hemos vivido. No tenemos agua en nuestras comunidades, nuestros animales han consumido el agua contaminada por las cenizas y murieron; íbamos de pesca y los peces estaban muertos”.
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