Esto se da en un escenario en el que ya se registraron incendios en las áreas amazónicas de diferentes países y en la región del oriente de Bolivia. Se anticipó sobre el riesgo que corren áreas forestales y territorios indígenas, donde aún se mantiene en la memoria las quemas del pasado año que devastaron más de cinco millones de hectáreas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, pero aún no se investigan sus causas y menos se dio con los responsables.
“A través de esta comunicación queremos solicitarles nos informen si han sido abrogadas o modificadas estas normas”, detalla la carta.
En la misiva, el TIDN hace mención a la Ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quemas, la Ley N° 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas; la Ley N° 1098 del 17 de septiembre de 2018 sobre aditivos de Origen Vegetal; del Decreto Supremo N° 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta para la producción de aditivos de origen vegetal – Biodiesel, y del D.S. 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias.
En febrero de este año, representantes de los pueblos indígenas de la Chiquitanía presentaron un proyecto de ley y uno de Decreto Supremo (D.S.) para la abrogación de este paquete de normas, señalado por las organizaciones como las que el 2019 propiciaron el incendio de más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional y afectaron a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo, guarayo, cayubaba, baures, sironó y araona,
En diciembre del 2019, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron denuncia por Ecocidio en la Amazonía y en la Chiquitanía ante la quinta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La admisión de la demanda fue dada a conocer al Estado de Bolivia en enero de este año y en ella solicitaron la abrogación de estas leyes. Para marzo se previó la visita de los miembros del Tribunal, para recibir información de los involucrados y verificar las consecuencias de los incendios en las regiones afectadas; sin embargo, la visita se postergó debido a la pandemia de Covid-19.
En la carta que enviaron este martes a la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, el TIDN le anuncia que estas audiencias se desarrollarán de forma virtual este 17 y 18 de agosto; mientras que la sentencia por el caso se ha previsto para el 20 de agosto.
//ANF
