La Paz, 6 de abril (ANF). – En lo que va del año ya suman 23 mujeres asesinadas en territorio nacional y la crueldad de los crímenes es cada vez mayor. Solo en el último mes se registraron tres asesinatos en La Paz y Potosí que estremecieron al país por la brutalidad con la que actuaron los feminicidas. Ante esa ola de tragedias, surgen propuestas que exigen al gobierno que endurezca las sanciones por estos delitos con sentencias como la pena de muerte, cadena perpetua o la castración química, sin embargo, la organización de familiares de víctimas de feminicidios de Bolivia propone que se modifiquen las políticas criminales de forma urgente para detener la escalada de violencia y se apueste a la rehabilitación de los acusados por este crimen.
La representante de la organización de familiares de víctimas de feminicidio en Bolivia, Michelle Shaw, en entrevista con ANF explica que si bien hay planteamientos para reabrir el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para feminicidas y violadores en el país, no están sencillo de concretarse debido a que la Constitución Política del Estado establece que no existe ese tipo de condena, y que además esta figura no es sustentable porque la mayoría de los instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos, se suscriben como defensores de la vida, entre ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
“La Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José impiden que se aplique la pena de muerte en el país”, remarca Shaw a tiempo de recordar que la pena máxima en el país, para delitos graves, es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Ante esa situación, Shaw afirma que desde la organización que representa trabajan en una propuesta para que el gobierno frene la ola de violencia y feminicidios, y entre ellos plantean la modificación de las políticas criminales. Explica que las autoridades, principalmente de Régimen Penitenciario, deberían segmentar a los presos en las cárceles, es decir separar a los reos considerados peligrosos (asesinos, violadores, feminicidas e infanticidas) en un espacio diferente a otros prisioneros que están encarcelados por delitos de bagatela.
La activista remarca que una vez que se realice esa clasificación, se debe aplicar una rehabilitación integral para los reos de alta peligrosidad. Señala que, si bien están a favor de endurecer los castigos contra los feminicidas, no apoyan la pena de muerte, sino apuntan a la rehabilitación de estos criminales porque consideran que es más viable esa aplicación a quitarles la vida.
Dice que los profesionales que brinden la rehabilitación a los presos de la sección de alto riesgo deben ser personas “idóneas” e “incorruptibles” para evitar que realicen exámenes médicos falsos o den favores a cambio de dinero. También agrega la importancia de que desde el gobierno se invierta para contratar personal en las cárceles, ya que actualmente en los penales hay apenas un médico general, un psicólogo y un trabajador social, lo que considera insuficiente ante la gran cantidad de reos.
Show aclara que, si bien no apoyan la pena de muerte, si están de acuerdo con la sumatoria de condenas o la cadena perpetua, aunque esta última“solo aumentará el hacinamiento en las cárceles”.
La representante indica que su propuesta pretende ser enviada la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio del Gobierno.
¿Pena de muerte?
En septiembre de 2021, el senador de Creemos, Erick Morón, presentó un proyecto de ley para endurecer las sanciones del Código Penal con castración química y cadena perpetua para los delitos de asesinato, parricidio, violación y estupro. Sin embargo, esa norma se encuentra “estancada” en el legislativo.
Morón en contacto con ANF remarca que urge abrir el debate para el tratamiento de esa propuesta, sin embargo, admite que hay un “conjunto de normas” que se debe consultar para darle viabilidad a su propuesta. Asevera que de aplicarse sería una sanción “ejemplar” y así evitar que las víctimas sigan aumentando.
“Creemos que es necesario destrabar su tratamiento, urge, es un tema de voluntad, hay excepciones vistas en otros países como Colombia o El Salvador que sin afectar los acuerdos internacionales y sus constituciones están dándole más dureza a los castigos en los mismos delitos que observamos”, señala.
El senador expresa que debe haber un cambio de la justicia de forma integral, es decir desde el tema educativo, prevención y la desburocratización del proceso de denuncia, investigación y sanción.
Los últimos tres feminicidios suscitados en el país causaron conmoción en la población. Pamela fue degollada en Potosí por su expareja, Valeria y Wilma fueron reportadas como desaparecidas y días después encontraron sus cuerpos con signos de tortura y extrema violencia.
La psicóloga clínica, Marynés Salazar, directora de la Asociación Psinergia, afirma que el país está viviendo una “espiral de violencia”. Remarca que hay un aumento de niveles de violencia, donde se concibe a la mujer como un objeto de desahogo que se puede matar.
“El feminicidio es violencia estatal, femicidio es la muerte de una mujer en manos de un hombre (…) Estos hombres piensan que la mujer es un objeto, que es de su propiedad. Ellos rechazan la lucha de igualdad y equidad, se sienten con miedo de que la mujer viva en pleno derecho y eso repercute en los feminicidios”, indica.
La experta afirma que el feminicidio tiene un proceso que inicia con la violencia psicológica: gritos, humillaciones, golpes con objetos, patadas y agresión sexual. Alerta que cuando no se pone un límite a este tipo de agresiones, los maltratos cada vez son más crueles y con mayor frecuencia.
Salazar señala que para prevenir los asesinatos de mujeres se debe actuar desde la familia y el Gobierno, pero hay una “ausencia de políticas públicas para la prevención y la erradicación de la violencia machista”. Considera importante impulsar “la sumatoria de condenas y la cadena perpetua” para bajar los índices de maltrato y feminicidios.
De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio Público, Bolivia registra 11.963 denuncias de violencia en el primer trimestre de este año. Esta cifra es superior a la de la gestión pasada que reportó 11.153 casos.
El principal delito denunciado es violencia familiar o doméstica con 9.527 casos; seguido de abuso sexual con 682; violación con 661; violación de infante, niña, niño o adolescente con 611; y estupro con 364, entre otros.
Existe un incremento en los delitos de tentativa de feminicidio porque en el año 2021, la Fiscalía registró 35 casos al 31 de marzo; ahora, en este 2022 y en el mismo periodo, el país reportó 50 denuncias.
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