Imagen ilustrativa. Foto de archivo: Mery Vaca/BBC.
La Paz, 4 de diciembre (ANF).- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en emergencia por el proyecto de Ley de “información responsable”, que presentaron cuatro legisladores del oficialismo, para tratar de sancionar por la vía penal, civil y administrativa a los altos ejecutivos de los medios de comunicación por la difusión de información que “dañe la dignidad, prestigio y credibilidad de las personas”.
“Frente a este intento de vulnerar la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta de 1925, las organizaciones de prensa del país, nos declaramos en estado de emergencia y rechazamos rotundamente este atentado contra el periodismo boliviano”, informaron las organizaciones, mediante un comunicado.
La ANPB y la APLP denunciaron que se pretende controlar la información, mediante su regulación y sometimiento a penalidades, desconociendo totalmente a los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta.
“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer: ‘manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias’”, manifestaron.
Remarcaron que el proyecto de Ley desconoce el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística porque propone que “toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna”.
Por tanto “este proyecto de Ley constituye la reedición de la Ley Mordaza, impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta. En ese sentido, la nueva ‘Ley Mordaza’ pretende anular la constitucionalidad del periodismo de opinión y de interpretación”, alertaron.
El artículo 5 del cuestionado proyecto señala que los “sujetos” estarán obligados de prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.
Mientras el artículo 9 plantea que serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación públicos o privados que emitan información que de manera indebida dañen la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona.
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