La Paz, 7 Ago. (ANF).- El juez Primero de Sentencia Penal, Norberto Chávez, rechazó la solicitud de revisión y enmienda de la sentencia dictada en contra de la ex concejal paceña, Cristina Corrales, debido a que el sustento de esta solicitud fue inconsistente.
"El que la ex concejala no cumplirá un año de reclusión, esto no implica que se desconozca la existencia de un delito, responde al hecho de evitar el hacinamiento de los centros carcelarios, es un nuevo cambio al procedimiento penal en Bolivia", dijo el director Jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez.
La ex presidenta del Concejo Municipal de La Paz Cristina Corrales fue condenada el 21 de julio a un año de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes “por uso de instrumento falsificado”. Sin embargo, no ingresará a la cárcel, porque se beneficiará del perdón judicial.
La ex concejal fue acusada por las autoridades ediles, en 2004, de falsificar un fax, para conseguir un permiso de viaje a un foro internacional de mujeres llevado a cabo ese año en Venezuela.
Luego de una investigación, la Comisión de Ética del municipio halló que Corrales había incurrido en algunas irregularidades de carácter administrativo. Incluso sostuvo que esas faltas podrían ser penales, pues implicaba delitos como la falsificación de la invitación a Venezuela.
Velásquez explicó que el Perdón judicial no implica la reducción ni la sustitución de la pena, los efectos que posee la sentencia condenatoria es limitar la acción de las personas con sentencia ejecutoriada; es decir que se las excluye del
ejercicio de cargos públicos, sobretodo cargos electivos.
"Si bien el abogado de Corrales afirmó que presentará un recurso de apelación, previamente presentó una solicitud de complementación y enmienda a la sentencia, solicitando aclaración y revisión de la sentencia bajo el sustento de que existió un doble juzgamiento; eso es muy irrisorio, por ello la respuesta del juez fue rechazar esta solicitud ya que los términos del juicio y de la sentencia fueron claros, precisos y objetivos", dijo el funcionario.
Señaló que Corrales deberá correr con los gastos del juicio, es decir pagar las costas del Estado, que son gastos que la institución municipal erogó por trámites y administrados, timbres, notificaciones.
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