La Paz, 25 de mayo de 2023 (ANF).- Dos militares en retiro que ejercen como abogados cuestionaron la justicia militar y sus fallos, consideraron que se encuentra mal administrada, no tiene personal capacitado y genera impunidad en casos de abusos, torturas y malos tratos en unidades castrenses.
De acuerdo al criterio de Jorge Santistevan, la justicia militar no reacciona oportunamente y no hace prevalecer una justicia especializada que deba investigar los delitos del personal militar en servicio, “no tiene personal capacitado y podría estar conducida por intereses de malos comandantes”.
“Tengo mis dudas desde el punto de vista del manejo y administración de la justicia militar por cuanto no hay buenos comandantes”, sostuvo Santistevan, coronel retirado del Ejército, en declaraciones a ANF.
Comparó la justicia castrense con la ordinaria, que actualmente cuenta con malos fiscales y jueces, “conducidos y cooptados por el poder político, lo mismo puede suceder en las Fuerzas Armadas”.
Agregó que es importante la calidad del profesional y no es responsabilidad ni culpa de las instituciones, ya sea la justicia militar o la ordinaria, sino de la mala administración que tienen.
En tanto, el abogado Omar Durán exteriorizó una posición más crítica y señaló que la justicia militar debería juzgar solamente delitos de orden militar e incluso utilizarla “lo menos posible” ya que genera impunidad.
“Los tribunales militares lo único que crean es una especie de impunidad porque hay delitos ordinarios que se cometen y esta jurisdicción, de alguna manera, los está agarrando. Yo no sé cuál es ahorita (la modalidad), pero tendríamos que hacer alguna situación de auditoría”, sostuvo a ANF el oficial retirado del Ejército.
Premilitares. Foto: Opinión
Agregó que inclusive esta justicia debería eliminarse o solamente ser aplicada netamente para delitos militares o solo en tiempos de guerra.
“Las leyes militares son obsoletas, inclusive en los códigos militares todavía existe la pena de muerte que no es adecuada a la modernidad. En Bolivia, son gastos insulsos de sueldo de salarios, ya no debe haber el Tribunal de Justicia Militar excepto en casos de guerra”, afirmó Durán.
El 18 de abril los cadetes del Colegio Militar del Ejército Christian López y Erlan Condori cayeron unos 20 metros mientras realizaban el ejercicio denominado “salto de la muerte”, quedando uno de ellos con las piernas y columna fracturadas, mientras que el otro resultó con varias fracturas en la cabeza. Se abrió un sumario informativo en el fuero militar y una investigación en la vía penal ordinaria.
Los criterios se dan a raíz de los constantes hechos de vulneraciones de derechos humanos en cuarteles y unidades militares en contra de conscriptos, de los que existen dos registros, uno conocido, que son los casos que se hacen públicos y se denuncian -los que pasan a la justicia militar en su mayoría- y el otro, que es desconocido porque no se denuncian debido al temor de las víctimas y sus familias de perder algún beneficio, como ser la libreta de servicio militar, hechos que finalmente quedan impunes.
Asimismo, de los casos que son públicos y pasan a jurisdicción militar se desconoce los fallos finales y si realmente “se hace justicia” a favor de las víctimas o denunciantes.
Durán comentó acerca de un caso procesado en la justicia militar, que se suscitó el año pasado, en el que el denunciante tenía el rango de mayor y denunció a un teniente coronel. Se determinó el relevo del cargo del denunciado, sin embargo, al denunciante actualmente le iniciaron un sumario, “o sea el subalterno denunciante siempre va a perder en la vía militar, es complicado”.
Indicó que existen muchos casos de vulneración de derechos humanos en filas militares que “se arreglan”, por debajo, sin que lleguen a conocimiento de los jefes militares, incluso se dan hechos de tentativa de feminicidio, abusos contra mujeres, que son parte de la institución.
Ministro de Defensa visita a uno de los cadetes heridos. Foto: Opinión
Santistevan dijo que, en el caso de las vulneraciones en cuarteles, no hay una administración apropiada del personal militar y no existe una Inspectoría del Ejército o de las FFAA para realizar inspecciones permanentes y se realicen procesos sumariales “en base a personal competente”.
“Deben que ser sancionados drásticamente aquellos que incumplen los reglamentos y aplicar justicia correcta para no sancionar a personas inocentes tan solamente por dar buena imagen ante la sociedad o ante las autoridades competentes, pero la justicia precisamente es sancionar al responsable y absorber al que es inocente. Eso es lo correcto y eso debe ser aplicado”, indicó.
Complementó que, de hallarse fallas dentro de los cuarteles, las inspecciones planificadas y sorpresivas de la Inspectoría debería ser un mecanismo que evite la recurrencia del mal actuar de los miembros de la entidad castrense.
Asimismo, indicó que se debe “hacer funcionar” el Sistema de Derechos Humanos de las FFAA, y ponerlo en práctica con medidas “más eficientes” para evitar los abusos en los cuarteles y de esta manera garantizar al conscripto el respeto de sus derechos humanos.
“Hay que proteger al ciudadano que va voluntariamente a prestar su servicio, hay que protegerlo, hay que ayudarlo y sobre todo hay que establecer el funcionamiento efectivo del Sistema de Derechos Humanos y de las Inspectorías”, sostuvo Santistevan.
El Código Penal Militar actualmente se aplica a todos los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas en actos de servicio o dentro o fuera de los cuarteles, campamentos, zonas militares y en todo el territorio de la República en caso de guerra interna o externa. También a los delitos cometidos por nacionales y extranjeros que sin ser miembros de las FFAA afecten materias y lugares militares.
Así mismo se aplica a los delitos cometidos en el exterior por ciudadanos bolivianos o extranjeros, militares o civiles y cuyos efectos se produzcan en lugares sometidos a la jurisdicción militar, siempre que no hayan sido procesados en el exterior.
De igual forma, a los delitos cometidos en aeronaves y navíos militares bolivianos, donde quiera que se encuentren, o se hallen ocupados por orden legal de autoridad militar o estén en servicio de las FFAA, aunque fueran de propiedad privada.
También a los delitos cometidos a bordo de aeronaves o navíos extranjeros, cuando se encuentren en lugares sujetos a jurisdicción militar boliviana. A los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios militares en servicio, y a los delitos militares que, en cumplimiento de tratado o convención de la República, deben ser penados, aun cuando no fueran cometidos en su jurisdicción.
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