La Paz, 24 de mayo de 2023 (ANF).- Luego de concluida la vigencia del Decreto Supremo N° 4576 de regularización migratoria en agosto de 2022, más de un 70% de niños migrantes resultaron indocumentados, principalmente de nacionalidad venezolana, debido a los requisitos exigidos. A esto se suma la presencia de adolescentes no acompañados que llegan al país, quienes no están protegidos por la normativa nacional migratoria.
Instituciones como Fundación Munasin Kullaquita abogan por una solución de fondo de parte del gobierno que permita dotar de documento de identidad a los menores de edad y asistir a los adolescentes que en su mayoría están de paso por el país.
“A la fecha no ha surgido ningún nuevo decreto que beneficie a los niños y adolescentes concretamente, nosotros como instituciones de la sociedad civil estamos con las expectativas de poder hacer las gestiones y las respectivas incidencias ante las instancias competentes para que se pueda considerar el tema”, dijo a ANF Ana Llanco Aguirre, responsable del área de Protección Internacional de la fundación.
Llanco recordó que con el proceso de regularización migratoria mediante el decreto de 2022, muchos niños quedaron en gran desventaja debido a los requisitos exigidos a las familias, que para la mayoría fue imposible de cumplir, como que ambos progenitores del menor de edad estén juntos o que al menos pueda haber una documentación que certifique la tenencia o guarda del niño o adolescente a favor del progenitor con el que se encontraba.
Si bien el trámite era gratuito y no pagaban ningún costo determinado, “el tema de la guarda y el tema de tener apostillado y legalizado su certificado de nacimiento ha dificultado el proceso de regularización de los niños”, remarcó Llanco.
Dijo que como organizaciones de la sociedad civil se expresaron en su momento para subsanar esta situación que ponía en vulnerabilidad a los menores de edad, pero no hubo ninguna respuesta gubernamental.
“Solo se han podido regularizar los niños que estaban con ambos progenitores o al menos han hecho algunas gestiones, porque hay que entender que las familias venezolanas son de tipo reconstituidas, la mayoría ni siquiera establece vínculo con sus progenitores, con las mamás, entonces ha sido un poco complejo” el proceso de regularización en ellos.
Indicó que desde la Fundación Munasin Kullaquita el año pasado lograron apoyar con fondos para el tema del Servicio General de Identificación Personal (Segip) a 45 niños, pero estima que del 100% de niños solo un 20% logró regularizarse.
Omayrú Hernández, representante del Equipo Solidario Venezuela, organización establecida en Bolivia, dijo en su momento a ANF que los requisitos solicitados fueron incluso
excesivos en comparación a una regularización convencional, por lo que la población infantil migrante, siendo la más vulnerable y sin poder de decisión, fue la menos favorecida.
La activista señaló que dejar sin documentación a niños, niñas y adolescentes los expone a la trata y tráfico de personas, pese a que la intención del gobierno es la contraria.
“Aquí hay niños que ya casi pertenecen a Bolivia, van creciendo y adoptando las costumbres, pero es como si fueran ficticios, que no existen de verdad, porque si no tienen sus papeles no existen”, apuntó.
El Equipo Solidario Venezuela estimó que más de 500 niños y niñas venezolanos quedaron sin poder regularizarse.
Menores no acompañados
El tema de los menores de edad migrantes no acompañados es otro problema que viene observando la Fundación Munasin Kullaquita. Llanco indicó que este tipo de migrantes ha ido incrementando progresivamente y la normativa migratoria nacional tampoco estipula el abordaje de esta población. Se trata de adolescentes que se embarcan en los viajes con algún vecino, con amigos o entre otros, pero sin sus familias.
“Nosotros como Fundación hemos estado promoviendo algunas acciones, en beneficio de esta población, debido a que, si bien la Ley 370 de Migración no estipula este tema, Bolivia es firmante de la Convención sobre los derechos del niño y en ese sentido hemos ido derivando y coordinando los casos con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, señaló.
La mayoría de los adolescentes no acompañados que abordó la Fundación estaba de tránsito hacia Chile y solo dos casos mostraron interés de quedarse en el país.
“Esta situación es alarmante y hemos ido observando el aumento de adolescentes no acompañados en cada gestión”, refirió Llanco.
Los registros desde 2019 muestran el aumento de casos de adolescentes no acompañados que detectó la Fundación. En la gestión 2019 identificaron tres casos, en la gestión 2020 tuvieron 12 casos, en la gestión 2021 como 25 casos y en la gestión 2022 los casos llegaron a 28.
“Respecto a protección de la niñez en temas de regularización no ha habido modificación y en el tema de la protección de la niñez y adolescencia no acompañada tampoco y es alarmante, pero estamos tratando de hacer las defensas y las incidencias correspondientes”, enfatizó.
Como organizaciones de la sociedad civil en temas de derechos, dijo, están planificando para que en esta gestión se pueda considerar, por parte del gobierno, algún lineamiento para mejorar el tema de protección a los menores de edad inmersos en la migración.
“Hemos promovido acciones de protección que hemos puesto en conocimiento de las Defensorías de la Niñez, pero lastimosamente como están en tránsito estos adolescentes muy poco se puede hacer, y el tiempo de permanencia de ellos a veces es de dos a tres días y no permite activar, vemos también que las Defensorías tienen muchos casos de la población boliviana y priorizan con ello”, refirió.
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