La Paz, 4 de enero (ANF). – El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, cuestiona el plan de vacunación porque es una “vulneración” a los derechos a decidir y elegir, más aún con la exigencia de portar un carnet de vacunación, por esa razón su organización acudió a la justicia con una acción popular para frenar la implementación de los decretos supremos 4640 y 4641.
“Lo que a nosotros nos interesa es que sea una vacunación informada, voluntaria, que me digan que yo en este momento estoy con la presión arterial alta, que si sufro de poliglobulia o de algunas enfermedades de base, me puedan indicar qué vacuna es la que me puede dar, por lo menos, más defensas”, manifestó Aruquipa a la ANF.
Reiteró que rechazan los decretos supremos porque el Gobierno “obliga” a la vacunación, bajo condición de no ingresar a las instituciones si no tienen un carnet de vacunación. Por esta razón, su organización presentó una acción popular con la que exigen que se pongan medidas cautelares a los decretos 4640 y 4641.
Solicitaron el cese de las disposiciones sobre la exigencia de contar con carnet de vacunación o prueba PCR negativa con 48 de antelación. “No somos antivacunas, eso queremos ponerlo bien en claro, sólo queremos que la vacunación sea voluntaria, libre e informada como dice la Ley de Emergencia Sanitaria 1359”, mencionó.
Subrayó que al condicionar la vacunación contra el Covid-19, el Gobierno vulnera derechos constitucionales de una persona a elegir y decidir. Además, aclaró que uno no puede permitir que le pongan la vacunación sin un “consentimiento autorizado que establece la Ley 1359”.
De continuar con la medida, como iglesia advirtieron que pedirán a sus seguidores a retirar el dinero de las entidades financieras. Informó que cuentan con el apoyo del exdirigente sindical Jaime Solares, y de médicos promotores del uso del dióxido de cloro como Patricia Callisperis y Guery Cordero, y otros.
Auza recuerda que no se está obligando a la vacunación
Respecto a los grupos sociales que rechazan los decretos supremos 4640 y 4641, como los cívicos de El Alto, grupos campesinos, las iglesias cristianas, los denominados antivacunas y otros, el ministro de Salud, Jeyson Auza, reiteró nuevamente que la vacunación no es obligatoria, pero pidió a ese grupo de personas garantizar en que no se constituyan focos de infección.
“Estamos estableciendo mecanismos también para aquella persona que puede tener su manera de pensar, (le pedimos que) cumpla también con el deber de garantizar que no se constituya en un huésped que pueda generar una nueva variante y puede afectar al colectivo que ha confiado en la vacunación como una solución para la pandemia”, expresó Auza en la Red Uno.
Sostuvo que en este momento la vacuna es la única respuesta que encontró el mundo para contrarrestar al coronavirus. Dijo que no está hablando de estudios científicos o de pruebas de fase, sino que se refiere a hechos concretos como reducir la tasa de letalidad en el país.
Indicó que con la aplicación de la medida de vacunación, a través de la presentación del carnet o prueba PCR negativa, recientemente se batió un record de 145 mil dosis aplicadas por día.
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