17 de abril, 2008 - 17:58
La Paz, 17 Abr. (ANF).- Familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, asesinados en la dictadura de Luis García Meza, denunciaron, este jueves, ante el Defensor del Pueblo, que la fiscal de Distrito, Teresa Vera, intenta anular los obrados de un juicio que concluyó con una sentencia, argumentando vicios de nulidad en el proceso.
Maria Soledad Quiroga, hija del líder socialista, denunció que la fiscal Vera presentó, el 9 de abril pasado, ante la Corte de Distrito de La Paz un requerimiento de anulación de obrados de ese juicio hasta el “vicio más antiguo” cometido en una audiencia realizada el 22 de septiembre de 2006.
De acuerdo al requerimiento fiscal, uno de los coprocesados, Adolfo Ustarez Ferreira, no estuvo presente en esa audiencia ni tampoco su abogado, por lo tanto se habría vulnerado su derecho a la defensa.
Quiroga, rechazó este argumento al afirmar que esa causal de nulidad que presenta la Fiscal de Distrito “es falsa” ya que Ustarez es abogado de profesión y el habría indicado que llevaría su propia defensa.
La solicitud del Ministerio Público, dijo, provocará un retroceso de un juicio que comenzó en 1997 y anulará la sentencia que se dictó en diciembre de 2007 contra los acusados por el asesinato y desaparición de Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal, provocando que los crímenes de lesa humanidad que cometieron queden impunes.
La hermana de Flores Bedregal, Olga, cuestionó la acción de la Fiscal Vera y afirmó que durante los 10 años que duró este juicio no solo se vio una dilación en el proceso sino “una protección del garciamezismo” que aún se encuentra enquistado en algunas instancia del Estado.
El Defensor Waldo Albarracín, calificó de incoherente la acción de la Fiscalía de Distrito, ya que esta instancia tiene como tarea la persecución penal y al pedir la nulidad de obrados lo que está haciendo es “borrar” todo lo que hizo para promover una sanción para los coprocesados en ese juicio.
“El Defensor va a pedir a la Corte de Distrito
que haga caso omiso de ese impertinente requerimiento y que confirme la sentencia condenatoria contra los que cometieron esos hechos de lesa humanidad”, remarcó.
ANTECEDENTES: El juez Liquidador Segundo, Ángel Arias, condenó, en diciembre de 2007, a los paramilitares Felipe Froilan Molina, Franz Pizarro Solano y José Luis Ormachea España –estos dos últimos están prófugos-- a 30 años de prisión, tras encontrarlos culpables de alzamiento armado y el asesinato de los dirigentes socialistas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Walberto Vega y Carlos Flores Bedregal.
Los ex militares fueron acusados por los delitos de asesinato, alzamiento armado, sedición, falsedad material, encubrimiento, entre otros. Sus penas deberán cumplirla en la cárcel de San Pedro de La Paz.
El juez Arias también condenó a tres años de presidio a Raúl Solano Medina, Rogelio Gómez Espinoza, Adolfo Ustarez Ferreira (ex contralor General de la República gestión 1980-1981), Gregorio Rosa Balsa, René Javier Hinojosa y Joaquín Quisbert Quiroga.
Todos ellos acusados por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, debiendo pagar su condena en el centro penitenciario de San Pedro.
De igual forma, se dictó dos años de pena privativa de libertad por el delito de encubrimiento a José Faustino Rico Toro, que también deberá cumplir su condena en el panóptico de San Pedro.
Quedaron absueltos de pena y culpa David Humberto Alarcón Romero, César Altamirano Lavadenz, Juan Gualberto Serrada, Marcos Emilio Mena Vargas, Damián Gutiérrez Carpio y Sebastián Quispe Apaza, decisión que fue apelada por los abogados de las víctimas.
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