La Paz, 20 de junio (ANF).- Mario Zapata desde el año pasado ha visto cómo el desvío del río Mapiri, ocasionado por la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo ha causado estragos a su propiedad. La presión de las aguas se ha llevado al menos 40 metros de la plataforma, poniendo en riesgo su vivienda y la de otras 12 familias de la comunidad de Charopampa en el municipio de Mapiri en el departamento de La Paz.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) le otorgó a la Cooperativa Minera Aurífera 15 de mayo seis cuadrículas para explotar oro en la comunidad de Charopampa, opera con maquinaria pesada en el río Mapiri, su cauce ha sido desviado, denunciaron los comunarios.
Mario de 49 años ha nacido en Charopampa al igual que toda su familia, su esposa y cuatro hijos viven en la casa que ha sido afectada por la actividad de la cooperativa. A unos metros de la vivienda pasa el río, su preocupación aumenta cuando llueve y aumenta el caudal de las aguas, que en esta temporada está seca.
¿Qué puedo hacer dice apenado? No sabe dónde acudir para quejarse, su única esperanza es que la cooperativa sea expulsada de la comunidad luego que en el cabildo de la nación indígena Leco, que se realizó el 5 de junio, se resolvió el inicio de un proceso de administración de justicia indígena.
“Mi casa está en peligro de que se lo lleve el río. Somos 12 familias las más afectadas. Nos han bajado la plataforma por el desvío del río y por el canchío que ha botado la Cooperativa 15 de mayo, por eso el río se ha desviado de su cauce hacia nuestras viviendas”, cuenta a la ANF que visitó su vivienda.
Los comunarios de Charopampa denunciaron que no fueron consultados cuando la AJAM resolvió otorgar las seis cuadrículas para la explotación del oro, esta es la principal observación, porque a raíz de este tema hay varias consecuencias que padecen las familias.
El dirigente de la comunidad, Esteban Piluy, sostiene que a consecuencia del desvío del río se ha perdido alrededor de 25 hectáreas de tierra y cultivos. Este hecho ha sido verificado por el Ministerio de Medio Ambiente cuando visitó la zona y ha evidenciado los efectos, dice.
“En estos dos últimos años, por el desvío del río porque operaban la minería, ha empujado el río y han causado el deslizamiento de la plataforma de toda la ribera y se han perdido viviendas, cultivos, plantaciones frutales, cada familia tiene su área de crianza de animales y cultivos”, afirma el dirigente.
La AJAM dijo a la ANF que la cooperativa “es titular de un derecho minero preconstituido denominado ‘15 de mayo’ de 6 cuadrículas que data del 2012, anterior a la Ley N°535, por cuanto no aplica el procedimiento de consulta previa que reclama la Comunidad”.
Sin embargo, el máximo dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Justo Molina, señaló que la consulta previa libre e informada está en la Constitución Política del Estado, es decir está por encima de una norma
“También lo dice en los tratados internacionales nosotros conocemos eso, por eso reclamamos que se nos consulte. Lo que no pasa es que las empresas no han sido notificadas para que esta actividad suceda y ellos hagan primero la consulta libre e informada antes de realizar sus actividades”, señaló.
El informe del Ministerio de Medio Ambiente realizado en abril de este año, en el hallazgo 6 señala que el representante legal de la empresa 16 de Julio S.R.L. indicó que el desvió del río se realizó hace cuatro años “trabajo iniciado por la Cooperativa Minera Aurífera 15 de mayo R.L.”.
Dirigente de Charopampa, Esteban Piluy
“El desvío del río ocasionó el crecimiento del lecho de río en dirección a la comunidad Charopampa afectando cultivos agrícolas, plantaciones forestales (no se tiene cuantificado la superficie de la afectación). Asimismo, en la actualidad la ribera del río impactada se encuentra próxima a viviendas, camino troncal que une las provincias Larecaja y Franz Tamayo”, se lee en el documento.
Vladimir Pérez es vicepresidente de la zona de Munaypata en la comunidad, relata que hace cuatro años empezaron a peregrinar esperando que las autoridades locales y todas las entidades involucradas pongan freno a la situación que viven, pero no encontraron ninguna respuesta.
“Primero al alcalde, a la central agraria, la central de cooperativas y nada. La cooperativa tenía que hacer muros de contención, se comprometió, y nunca ha cumplido. El río está en las casas”, manifiesta con preocupación.
Vicepresidente de la zona de Munaypata, Vladimir Pérez
El informe del Ministerio de Medio Ambiente que enseña Esteban a la ANF también dice que: “la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo R.L. no informó sobre el impacto ambiental que estuviera ocasionando por el desvío del río de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 parágrafo II, inciso i) del decreto supremo 28592 que dice: cuando el representante legal de la AOP no informe a la Autoridad Ambiental Competente de impactos ambientales no previstos en su Licencia Ambiental y que puedan afectar al medio ambiente”.
Añade que en la inspección del 13 de abril de este año no se estableció una cuantificación del impacto que hubiera ocasionado el desvío del río y sus implicaciones en los factores ambientales, porque este trabajo debe ser realizado a través de un “estudio técnico” con todas las variables de campo, para que se tomen decisiones sobre el reencauce del río y la remediación de los sitios afectados.
Según la normativa, la Autoridad Ambiental Competente Departamental de La Paz tiene la atribución de “intervenir en primera instancia y definir si existió infracción a la norma, sancionar e instruir las medidas correctivas correspondientes”.
La AJAM señala que, en relación a la supuesta desviación del río y la incidencia ambiental, el viceministerio de Medio Ambiente realizó la verificación y emitió un informe que “actualmente está en conocimiento del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, como autoridad departamental competente, instancia que deberá asumir las medidas que corresponda en el marco de su normativa”.
Los dirigentes de Charopampa de manera coincidente en el cabildo señalaron que el ministerio hasta la fecha no asumió ninguna acción y que la Cooperativa Minera continúa afectando la zona con sus actividades que para los comunarios es ilegal.
Otra vivienda, muy cercana a la de Mario Zapata, está en una situación quizás más crítica. Una piscina está en riesgo, porque el desvío del río se llevó gran parte de su terreno. Los habitantes cuentan que antes iba mucha gente a bañarse, pero ahora la piscina está a solo un par de metros del río golpea la plataforma.
Los asambleístas departamentales de La Paz que asistieron al cabildo realizaron una inspección en las viviendas afectadas, pudieron verificar los riesgos que atraviesan producto de la actividad minera de explotación de oro.
Desde las viviendas se puede observar la maquinaria pesada en medio del río, mientras que en un morro de piedras se ven varias carpas, son de los comunarios de Charompapa que intentan impedir que la cooperativa continúe sus actividades que afectan directamente a las familias de la zona.
El pasado 1 de mayo, los pobladores de la comunidad y los mineros de la Cooperativa 15 de mayo se enfrentaron por presuntos conflictos limítrofes. Dos personas resultaron heridas, entre ellos el comandante del puesto policial y una persona falleció por la mala manipulación de dinamita.
A raíz de este enfrentamiento, dirigentes de esa comunidad son investigados, Pérez denunció que, por defender su territorio, “varios dirigentes somos procesados, somos perseguidos”. Lamentó que la policía se haya puesto al servicio de la cooperativa y no del lado de los comunarios.
José Téllez en el cabildo sostuvo que son “11 procesados” y que la zona de Munaypata ha sido la más afectada. “Había sido un delito hacer respetar los derechos. Se hicieron comprar, les dieron kilos de oro”.
En el cabildo, también interpelaron al alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, porque dijeron que es fundador de la cooperativa, le exigieron que al ser autoridad garantice los derechos de los comunarios y no proteja los intereses de la cooperativa, que además está dañando a la comunidad.
“Yo protesto en contra de Alfredo Apaza que es el alcalde municipal, es socio de esta cooperativa y es fundador, pero en su momento tenía la opción de solucionar, pero no hizo nada. Ahora está manejando por la influencia política”, manifestó el dirigente Piluy
Acotó que si el alcalde adopta una actitud de defensa de la cooperativa lo van a analizar “nosotros como pueblo lo vamos a ver, porque se le ha elegido para que trabaje por el pueblo, no para que haga favoritismo por su cooperativa, con las comunidades veremos hasta dónde se parcializa si va a trabajar por el pueblo o a entrado por defender los intereses de su cooperativa”, advirtió.
Lo más preocupante dice la dirigente del Pueblo Indígena Leco (Pilcol), Shirley Apuri, es que esta situación no está sucediendo solo en la comunidad de Charopampa, también está pasando en la comunidad de Michiplaya.
El presidente de la Cidob apunta a modificar la Ley de Minería y Metalurgia, sugiere que el Gobierno abra el diálogo para revisar la norma principalmente para evitar el “avasallamiento” hacia las comunidades y principalmente para que sean consultadas cuando existan medidas que afecten sus derechos.
Insistió que hay deficiencias normativas respecto al cumplimiento de la consulta previa libre e informada en el ámbito hidrocarburífero, en materia de infraestructura caminera. “Son algunas falencias que este tipo de conflictos nos hacen ver que nos tenemos que sentar con el gobierno para ver de cómo podemos viabilizar estos temas y que las comunidades sean consultadas en estas actividades”, comentó.
Acotó que las comunidades indígenas en el cabildo de Charopampa no se oponen a la actividad minera, pero exigen ser consultadas.
Ante la sistemática vulneración de los derechos indígenas, en relación al avasallamiento de sus tierras con actividades mineras, en el cabildo en Charompampa las organizaciones indígenas resolvieron aplicar la Ley de Deslinde Jurisdiccional y ejercer la justifica indígena porque la administración ordinaria no funciona para ellos.
Molina sostuvo que “Esto ocurre en todas partes donde se hacen estas actividades, hemos tenido en otros lugares la misma situación”, por esa razón es que se aplicará la administración de justicia indígena que empezará en la comunidad de Charopampa y posteriormente se lo hará en otras regiones del país.
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