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10 de febrero de 2021 15:30

Exministro Héctor Arce es abogado de exsocios de PAT, busca dejar sin efecto medida que benefició a Daher

Arce trabaja en conjunto con Pablo Menacho, exprocurador del gobierno del MAS, y con el abogado Raúl Serrano, en la acción que busca que queden sin efecto las medidas cautelares que beneficiaron a Daher el año pasado y que estaban destinadas a la recuperación de la propiedad del medio.

f608x342-296570_326293_359 Infraestructura de PAT en La Paz. Foto: Página Siete

La Paz, 10 de febrero (ANF).- El exministro de Justicia del gobierno de Evo Morales, Héctor Arce, es el abogado elegido por los exsocios de la red de televisión PAT en su deseo de dejar sin efecto una medida judicial que benefició al propietario anterior, Abdallah Daher.

Arce trabaja en conjunto con Pablo Menacho, exprocurador del gobierno del MAS, y con el abogado Raúl Serrano, en la acción que busca que queden sin efecto las medidas cautelares que beneficiaron a Daher el año pasado y que estaban destinadas a la recuperación de la propiedad del medio. Arce y Menacho son socios del bufete jurídico Alliance Abogados Asociados. Ambos en el pasado tuvieron un rol de supervisar el trabajo de los jueces, según el portal Brújula digital.

Brújula Digital tuvo acceso al testimonio suscrito por Arce, Menacho y Serrano.

Daher fue el dueño de PAT hasta el año 2011, cuando perdió la empresa mediante una serie de presiones y chantajes, según se establece en los documentos judiciales presentados por éste para recuperar el control del canal. Los compradores no desembolsaron ninguno de los montos que habían prometido, asegura la defensa de Daher.

Quienes se apropiaron del canal eran representantes del MAS y personas cercanas al gobierno de Morales, según diversas denuncias. 

PAT es considerado uno de los medios paraestatales del gobierno del MAS. Diversos testimonios señalan que fue controlado editorialmente por el exvicepresidente Álvaro García Linera. Tenía como propietarios a supuestos testaferros del empresario Marcelo Hurtado. García Linera, Hurtado y otras personas controlaban paralelamente la red ATB, otro medio paraestatal.

Hurtado fue detenido en enero de 2020 involucrado en los hechos irregulares de PAT y también acusado de haberse apropiado mediante chantajes y presiones de la empresa Provida. Una vez que el MAS volvió al poder, Hurtado fue liberado.

Tras la caída del gobierno de Morales en noviembre de 2019, Daher recurrió a la justicia para recuperar el control del canal. La jueza 11 de Santa Cruz, Ángela Hira autorizó el nombramiento de un administrador interventor, supervisado por Daher. La medida era necesaria debido a que los ejecutivos anteriores fugaron o fueron detenidos y el canal estaba a la deriva.

En una ayuda memoria de la empresa de Daher enviado a Brújula Digital se denuncia que los compradores señalaron entre 2009 y 2011 que Daher y su familia debía entregar el canal “si querían seguir trabajando y viviendo en paz en el país”. Esos mensajes fueron transmitidos por los señores Marcelo Hurtado y Jimmy Iturri, directores y accionistas del canal de televisión ATB, asegura el documento.

Agrega que Daher fue amenazado en ser incluido en el caso terrorismo si es que no entregaba su medio de comunicación. Señala que el empresario venezolano Carlos Gill, accionista del diario La Razón y propietario del inmueble donde opera ATB en Santa Cruz, se entrevistó con Daher y le sugirió que entregara el canal. “Sería mejor sufrir la extirpación de un brazo (en alusión a la entrega gratuita de PAT) a tener que perder absolutamente todo lo habido en su vida de trabajo”, le dijo, según el documento.

También se amenazó con vincular al hijo de Daher, Edmund Daher Nazrala, con la quiebra de Aerosur, aunque éste no hubiera sido socio ni ejecutivo de la misma. “Esta amenaza fue proferida por el señor Jimmy Iturri a Sergio Weise en la ciudad de Buenos Aires, donde ambos coincidieron para reunirse con una empresa internacional de medición de rating televisivo”, agrega.

En la acción presentada ante la justicia, Daher explicó que tras la “venta” del canal no recibió los montos acordados. La cifra acordada fue de 4,9 millones de dólares, pagaderos en efectivo, mediante intercambio de servicios y otros mecanismos, pero ello nunca fue cumplido por los nuevos propietarios. Al final de toda la operación, los compradores no pagaron un centavo, dice la denuncia.

Daher, mediante un proceso por la vía civil, demandó la nulidad del contrato que fue obligado a firmar. Todo ello motivó a que la jueza Hira aceptara las medidas cautelares y que ordenara la designación de un interventor a favor del propietario anterior (Daher).

La defensa de Arce, Menacho y Serrano

Sin embargo, el abogado Serrano, como representante de los socios que fueron afectadas por esa la decisión de la jueza, más Arce y Menacho, desean que la acción quede sin efecto. Es curioso que el documento no especifique cuáles son esas personas a las que representan los abogados y que son supuestos socios de PAT.

En el testimonio que los abogados Arce, Menacho y Serrano enviaron a la jueza Jimena Hira se señala que: “como es de conocimiento público, los legítimos propietarios de la sociedad Periodistas Asociados Televisión PAT Ltda., han sido objeto de actos abusivos y extorsivos por parte de funcionarios públicos y personas particulares vinculados al régimen de facto que ha gobernado el país desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020”.

Agrega que: “uno de esos actos abusivos y extorsivos realizados en contra de los propietarios de PAT Ltda. fue la solicitud de aplicación de medidas cautelares restrictivas del derecho propietario como son la anotación preventiva y otros”.

Establece que “mediante memorial del 27 de octubre de 2020 la sociedad PAT Ltda., mediante su representante legal, se apersonó al presente proceso civil haciendo conocer y denunciando la discrecional y excesiva determinación de aplicar medidas cautelares en un proceso preliminar y solicitó el cese de las medidas cautelares dispuestas mediante Auto del 20 de agosto de 2020”.

“Por otro lado, dice, es evidente que para asumir la determinación de aplicar medidas cautelares restrictivas al derecho propietario, su autoridad no ha considerado la posición del afectado y que la medida generaría graves perjuicios debido a que la sociedad tiene obligaciones económicas que cumplir, generando por tanto una grave afectación a los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes bolivianas relativos a la propiedad privada y al ejercicio del derecho propietario”.

/ANF/



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