La Paz, 28 de marzo (ANF).- La carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante las gestiones 2016 y 2017 realizó un estudio para determinar el costo social que deja el feminicidio. En el estudio se determinó que no existen instancias de protección ni contención a las otras víctimas de ese crimen: los padres y los hijos de las mujeres que murieron en manos de sus parejas.
El feminicidio es un problema real. Pese a que se lo ha querido mimetizar con delitos como con otros tipos penales como el homicidio o el suicidio, las cifras van en aumento.
En la gestión 2018 se conocieron al menos 111 casos. Por lo que docentes y estudiantes de Trabajo Social desarrollaron una investigación que responde a interrogantes como ¿qué pasa luego del feminicidio? ¿cuáles son las respuestas de protección del Estado? y ¿cuál es la opinión y el rol del entorno vecinal? Entre otros casos, se vio algunos emblemáticos como el de María Isabel Pillco y Analí Huaycho.
El informe concluye que los huérfanos y los padres de las víctimas de feminicidio no reciben protección –no existen políticas de protección-; la contención de la Defensoría de la Niñez y otras instancias es muy coyuntural, no se extiende ni a un mes; y el derecho de los niños a acceder a la educación y a la salud muchas veces queda truncado.
Al respecto, la Trabajadora Social, Mirna Aliaga, explicó que la tragedia se extiende a toda la familia, pero especialmente a los hijos de las víctimas de feminicidio, a quienes se denomina víctimas silenciosas. Se trata de niños que perdieron a sus madres y en muchos casos tienen a sus padres presos o prófugos, entonces por lo general quedan en custodia de sus abuelos.
Asimismo, muchas veces estos huérfanos fueron testigos del hecho criminal, lo que les deja serios problemas psicológicos, afectivos y emocionales.
“Hemos visto lo penoso que es clamar justicia para las víctimas de feminicidio y la cantidad de casos que están quedando en la impunidad”, lamentó Aliaga y agregó que el drama social de las familias no es únicamente en los juzgados, sino conlleva la recomposición de una nueva estructura familiar, la difícil tarea de los abuelos para la contención y la crianza de los huérfanos, niños que llevan profundas heridas emocionales por la violencia con la que arrebataron la vida a sus madres.
La investigadora remarcó que también se pudo “detectar que no existen políticas de protección que atiendan y den acompañamiento después del feminicidio, y no un acompañamiento coyuntural, sino a largo plazo. Porque entendemos que este tipo de traumas necesitan de un acompañamiento profesional y permanente”, aseguró.
La Ley 348 de lucha contra la violencia a las mujeres establece que los menores deben quedar a cargo de los abuelos maternos, entonces por lo general los menores quedan a cargo de adultos mayores que tienen limitadas condiciones materiales y económicas para sostenerlos.
“Ellos deben enfrentar y dar respuesta a las diferentes problemáticas y necesidades de los niños y niñas (psicológicas, emocionales y materiales), además de encarar un largo y costoso proceso en búsqueda de justicia”, acotó y recordó que esos padres también sufren un duelo permanente por sus hijas, temor por la violencia y las amenazas, además de la incertidumbre que les genera el pensar en el futuro de sus nietos.
De acuerdo a Aliaga, estos niños muchas veces bajan su rendimiento escolar y cambian de comportamiento, esa situación también amerita un acompañamiento profesional y permanente. El temor de los abuelos también se debe a que muchos son amenazados por parte de los feminicidas o sus familiares, con que se les quitará la tutela de los menores, ya sea por razones a económicas o de otra índole, por lo que el acompañamiento institucional es fundamental.
“A lo largo de este proceso, también hemos ido viendo el papel de las instituciones de protección. Creemos que es importante diseñar una política de protección a niños, niñas adolescentes y familiares, que permita garantizar el acompañamiento psico-social para las familias que fueron víctimas de feminicidio, porque ellos son las otras víctimas”, indicó Aliaga.
Al respecto, Marcela Molina señaló que los adultos mayores además de encarar el juicio por la muerte violenta de sus hijas, también deben encarar el trámite para la tutela de sus nietos. Observó que lo mejor sería que la Defensoría de oficio tramite la tutela a favor de los abuelos maternos, como establece la ley 348.
La investigación también fue realizada en los barrios donde ocurrieron los hechos de feminicidio. En esos espacios se pudo detectar además de un desconocimiento de la norma y en la mayoría una actitud poco empática con las víctimas, un temor a represalias de familiares del feminicida, en caso de que asumieran una postura. En espacios como el barrio y la escuela, los huérfanos no son tratados igual al resto, ya sea por el estigma de ser hijos del feminicida o por ser hijos de una víctima, a quien el sistema le ha destrozado la imagen a fin de salvar a los victimadores.
Por su parte María Luisa Valdivia, una de las principales impulsoras del estudio, mencionó que se debe acompañar el proyecto de vida de los menores, no dejarlos en el abandono.
“Estos niños quedan sin ninguna protección y el superar un duelo no es un proceso fácil, menos en estas circunstancias, esto exige todo un acompañamiento profesional y un trabajo social, psicólogos, para que acompañen no solo la vida cotidiana de estos niños, sino su proyecto de vida. ¿Qué pasará cuando vaya creciendo? Como carrera eso nos interesa seguir trabajando”, sostuvo.
En todo ese escenario las familias piden que el Estado garantice los derechos de los huérfanos a la vivienda, salud y educación, además de la proyección. Por otro lado, reclaman la creación de albergues y centros de apoyo psico-social para que se les haga ese acompañamiento.
El estudio también recomienda que se debe “recuperar los valores de solidaridad, ese capital social, que todavía existe pero que se debe recuperar con más fuerza”, señaló Aliaga.
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