Según las declaraciones del Presidente de Bolivia “La educación es un derecho universal, gratuito y obligatorio hasta el bachillerato, por lo que hay que agilizar su aplicación e implementación de esta ley". Este proyecto busca “promover la revolución de la educación que representará el nuevo modelo social pluricultural y complementaria descolonizadora que recupera los conocimientos originarios campesinos y de comunidades interculturales”.
Sin embargo, a pesar de los propósitos con los que se lo presenta, este proyecto tiene también puntos cuestionables, tanto en su enfoque filosófico como en su contenido. Por eso no nos parece correcta la afirmación del Presidente de Bolivia, Evo Morales. "Si alguien rechaza este proyecto, con cualquier pretexto, quiere decir que todavía mantiene la mentalidad de ser racista y no acepta una educación descolonizadora".
Expresiones de este tipo no sólo coartan la legítima libertad de los parlamentarios y del pueblo en general para aportar modificaciones o correcciones, sino que además incurren en las mismas acusaciones que el oficialismo endilga a los opositores. Sería lamentable que, como consecuencia de esta consigna, la Ley de educación fuese aprobada sin modificaciones. Bajo el ambiguo eslogan de “descolonizar” se esconde la estrategia oficialista de controlar la educación y ponerla al servicio del proyecto político masista.
Tal como anunció el Vicepresidente, Álvaro García Linera, el gobierno pretende ampliar el actual control de los poderes políticos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, policial y militar), a los ámbitos culturales, fundamentalmente la comunicación y la educación, para ponerlos al servicio de la ideología oficialista. El objetivo es implantar un modelo socialista totalitario, similar al existente en Cuba.
El marco filosófico de la Ley describe la educación como “descolonizador liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien” (Art. 3). Estos calificativos muestran ya que en realidad esta ley trata de imponer una ideología, que puede ser calificada como un neocolonialismo indigenista socialista.
La indoctrinación ideológica está en las antípodas de la verdadera educación, que ya desde los tiempos de Aristóteles quedó definida como la pedagogía que ayuda al educando para que éste de acuerdo a su conciencia e inteligencia vaya despertando su sentido crítico y descubra la verdad, especialmente en las áreas de la religión y de las ciencias humanas y sociales.
La Ley, recoge el principio de la colaboración entre gobernantes y gobernados, expuesto en la CPE (art. 77. II) según el cual “el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional” (art. 1, 3). Pero sin embargo, ese principio es aplicado de manera totalitaria en el área de la formación inicial de los futuros profesores. “La formación inicial se desarrolla a través de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras.
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