El informe “Construir ciudad: acercamiento a dos barrios segregados” muestra los múltiples desafíos que deben sortear los habitantes de nuevos asentamientos urbanos en La Paz y El Alto, dos de las ciudades más pobladas del país.
En el barrio Alto Pura Pura de la ciudad de La Paz, Fundación Construir y el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UMSA propiciaron un diagnóstico participativo a cargo de estudiantes de sociología y desde el enfoque del derecho a la ciudad que plantea la participación democrática en el planeamiento de la ciudad y sus espacios habitables.
“Hemos encontrado un barrio segregado, un proceso de urbanización informal, con serias limitaciones de acceso a servicios básicos, muchos loteadores que siguen apropiándose de manera ilegal del bosquecillo de la zona y graves problemas de inseguridad del derecho propietario, además de un pésimo servicio de transporte”, detalló Pereira
En el caso de la Urbanización Solidaridad de la ciudad de El Alto el Viceministerio de Vivienda verificó procesos dinámicos de movilidad urbana que derivan en asentamientos ilegales, en muchos casos propiciados por loteadores, que una vez consolidados demandan servicios básicos, pero también la regularización del derecho propietario.
El estudio en Alto Pura Pura permitió gestionar ante el Municipio de La Paz su inclusión en el programa Barrios de Verdad. En la Urbanización Solidaridad, debido a que el diagnóstico evidenció altos índices de analfabetismo, se optó por capacitar a los estudiantes de secundaria de la zona para propiciar la regularización del derecho propietario de las 420 familias asentadas en esos predios.
Según Pereira, ambos casos muestran que, ante la ausencia de institucionalidad gubernamental, los actores urbanos son decisivos para acceder al derecho a la ciudad.
“En su lógica de supervivencia la gente busca múltiples maneras para acceder al suelo urbano para la construcción de su vivienda, generando asentamientos informales y cordones de pobreza con acceso limitado a servicios públicos y derechos de propiedad precarios”, puntualizó.
Dijo que, tanto en el caso de La Paz como de El Alto, los estudios evidencian que “el suelo urbano es una mercancía, apropiado por loteadores que impulsan negocios de los que son presa fácil especialmente migrantes que llegan a las ciudades en busca de nuevas oportunidades”.
En ese contexto señaló que los actores sociales son claves por cuanto optimizan los recursos existentes y se organizan para el ejercicio de sus derechos.
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