La Paz, 3 de marzo (ANF).- Jaime Calamani, comunario de la provincia Capacho (Puerto Acosta),
denunció este lunes que dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina
Sisa” recibieron 1,2 millones de bolivianos del Fondo Indígena para un proyecto
de cultivo de ajo denominado "Apoyo a la Producción Sostenible del Cultivo
de Ajo”, según informó el diario "Página Siete". Sin embargo a los beneficiarios sólo les habría llegado una libra de ajo, informó
Pagina Siete.
Además los comunarios denunciaron un segundo proyecto fantasma, en el que se hacen los desembolsos, pero no se beneficia a quienes estaba dirigido. Se trata del proyecto "Producción de Forrajes en las Comunidades de la Sección Municipal de Puerto Acosta”, que supuestamente se está ejecutando. El dinero era para impulsar plantaciones de forrajes de alfalfa que deberían haber beneficiado a 1.000 familias, con la provisión de semillas y terrenos. La inversión para este segundo proyecto era de 1,8 millones de bolivianos.
Calamani explicó que fueron al Fondo Indígena para pedir informes, pero se las negaron y tras posteriores investigaciones se sorprendieron de que el proyecto tenía un financiamiento de 1,2 millones de bolivianos y que se había cerrado "exitosamente”. "Para el descargo, a los comunarios les tendieron una trampa. Les dieron una libra de ajo y a cambio hicieron firmar planillas y pidieron una fotocopia de la cédula de identidad y eso presentaron al Fondo Indígena”, explicó Calamani a Pagina Siete.
Las dirigentes Julia Ramos Sánchez, entonces ejecutiva de la "bartolinas”, Felipa Huanca, ejecutiva departamental, y Manuela Huajlliri de la provincia Camacho, firmaron la nota solicitando la aprobación del proyecto.
Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata (UD) y ex dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), señaló en entrevista en el programa matinal de la Red Unitel, que ha solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se realice una comisión de investigación de todas las denuncias del Fondo Indígena, pese a la negativa de Gabriela Montaño señaló que la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas “aunque sea con sus propios recursos”, va a investigar y que ya tiene localizados algunos casos puntuales como ser en Potosí, Cochabamba, La Asunta y Caranavi.
Además Quispe informó a Pagina Siete que en 2012 el presidente Evo Morales ya conocía sobre las irregularidades en la administración y fiscalización de los recursos del Fondo Indígena. Incluso -dijo Quispe- durante la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 2012, los exministros de la Presidencia Carlos Romero y de Transparencia Nardy Suxo se comprometieron -ante el pedido de los dirigentes- a la reestructuración del Fondo Indígena.
Pese a que los dirigentes ejecutivos de las organizaciones sociales que conforman parte del directorio del Fondo Indígena deslindaron responsabilidades sobre la asignación y fiscalización de recursos, hay más denuncias con casos específicos sobre proyectos fantasmas dentro de la entidad.
Uno de ellos es el que denunció Joel Guarachi (ex secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que fue inhabilitado por el caso en la comunidad 26 de Julio, municipio de San Javier del departamento del Beni.
La Contraloría General identificó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos no ejecutados o inconclusos. Además de otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos y no cerraron de manera formal su labor.
