A través del análisis de la secuencia de tres denuncias de violación sexual que se tramitan en el Asiento Judicial de Caranavi, se verificó que no se cumplen los estándares de debida diligencia y que tras varios años de proceso los violadores se beneficiaron con la detención domiciliaria y pasean la impunidad de la justicia, mientras las víctimas y sus familias temen represalias y continúan esperando justicia.
Uno de los casos analizados data del 6 de noviembre de 2018. Como consecuencia de la violación una niña de 8 años debió ser sometida a tres intervenciones quirúrgicas para reparar los daños provocados por el agresor. Ya corren cuatro años de proceso, el agresor se benefició con la detención domiciliaria y actualmente está prófugo. Sin su recaptura no habrá sentencia.
Otros dos expedientes, dan cuanta del drama de una joven con discapacidad que fue víctima de una violación que derivó en un embarazo. La impunidad dio lugar a una segunda vejación.
La primera violación ocurrió en abril del 2015, la segunda en febrero de 2016. La víctima fue primero violada por Ángel N.Q. y, luego, por el hermano de éste, Santos N.Q. Por separado, fueron imputados y enviados a la cárcel y, luego, beneficiados con detención domiciliaria.
La investigación ha constatado que la omisión de justicia y la impunidad naturalizan la violencia machista y son caldo de cultivo para prácticas socioculturales que perpetúan la violencia y la desigualdad e inequidad de género.
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