La Paz, 1 de enero (ANF). - La Federación Departamental de Maestros de Educación
Rural de La Paz, cívicos de El Alto, el Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias
Evangélicas de Bolivia se sumaron al rechazo de seis organizaciones campesinas contra
los decretos 4640 y 4641 que plantean el carnet de vacuna y la prueba PCR. Además,
anunciaron que se movilizarán en contra de la normativa.
“Rechazar el decreto supremo 4641 sobre la vacunación obligatoria contra el Covid-19, porque es una coerción arbitraria e ilegal por parte del Ministerio de Salud contra la sociedad civil”, señala el comunicado que emitió el Concejo Ejecutivo del Magisterio Rural.
Desde las 00:00 de este sábado entró en vigencia ambas normativas, en ese entendido las instituciones públicas enviaron comunicados informando a la población que desde el lunes 3 de enero se exigirá el carnet de vacunas para prestar servicios.
A la vez, una fracción del Comité Cívico de El Alto también se pronunció contra la normativa y pidió al presidente Luis Arce modificar la norma, asimismo que las autoridades consensuen con los sectores sociales a la hora de tomar esas decisiones.
“Por el decreto 4640 y 4641 dónde estamos pidiendo la modificación, no estamos pidiendo la abrogación para no tener problemas. Hemos mandado (la solicitud) al Presidente (Luis Arce), Vicepresidente (David Choquehuanca) y ministro de Salud (Jeyson Auza), ellos deben tomar en cuenta (nuestro pedido) para evitar problemas posteriores en nuestro país, porque este decreto no ha sido consensuado”, señala el comunicado del ente cívico.
El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, advirtió que no acatarán los decretos porque consideran que afecta a la libertad de las personas.
Movilizaciones
Las federaciones de campesinos Tupac Katari, Bartolinas, Interculturales, Interculturales - Mujeres, Conamaq y Cofecay advirtieron que como 20 provincias de La Paz no acatarán los decretos 4640 y 464, se declararon en estado de emergencia y no descartan movilizaciones para anular ambas normas.
“Como organizaciones sociales no estamos en contra de nuestro Gobierno, sino estamos en contra de este ministro (Jeyzon Auza) y sus viceministros porque ellos han manejado este decreto. Si no se abroga, si no se toma en cuenta a las organizaciones sociales, nos veremos obligados también a movilizarnos, eso significa la última parte cuando dice estado de emergencia”, dijo el secretario general de la federación de campesinos de La Paz, José Luis Chura.
Incluso se estrellaron contra el ministro de Salud Jeyzon Auza y exigieron su destitución por tomar decisiones sin el consenso de los sectores sociales
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