La Paz, 20 de mayo (ANF).- Llegó la pandemia del coronavirus (Covid-19) a América Latina en medio de pobreza, déficit en el acceso a servicios básicos y sistemas de salud precarios, pero es no ha sido impedimento para que se gesten casos de corrupción ligados a compras de equipos para la atención del Covid-19 y distribución de donaciones económicas para los más pobres de la región.
Gran parte de los países de la región sufren los impactos económicos de la pandemia por las medidas de confinamiento y cuarentena que se llevan adelante para evitar la mayor propagación del coronavirus, pero esto no ha parado los hechos de corrupción que han sido recurrentes en los últimos años.
Hace unos días se conoció del sobreprecio en la compra de mercados humanitarios en Colombia. Hubo claros incrementos, por ejemplo, en las latas de atún. El suministro de cada unidad en el departamento de Arauca fue pagado a 4,87 dólares, pese a que, en el mercado nacional, este tipo de alimento es encontrado por valor de 1,54 dólares, informó France 24.
Tras la firma de un contrato por más de un millón de dólares con la empresa Multiservicios Mael S.A.S. para 33.437 kits de alimentos básicos, ese sobreprecio fue evidente y se anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.
El 25 de abril se conoció de otro hecho. La Fiscalía colombiana abrió una investigación al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por “presunta corrupción en la asignación de créditos para garantizar la producción agraria durante la pandemia”, mismos que se informó que llegaron a manos de otras personas.
El pasado 13 de mayo se conoció, en Ecuador, un hecho similar de corrupción en la compra de 7.000 lotes de alimentos para atender la emergencia durante la pandemia. La Fiscalía de ese país abrió una investigación por corrupción contra la anterior responsable del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), María Alexandra Ocles.
Perú también registró hechos de corrupción en plena emergencia sanitaria con los contratos de adquisición de elementos de protección para la Policía, por la pandemia.
“Nos llegaron una serie de denuncias de malos procesos de contrataciones con presuntas irregularidades”, señaló el contralor Nelson Shack.
En las últimas horas, en Bolivia, se registra un gran escándalo en la administración de Jeanine Áñez, con el sobreprecio en la adquisición de respiradores artificiales para la atención a pacientes con Covid-19 que requieren atención de, en medio de restricciones por la cuarentena.
El gerente general de la multinacional española GPAInnova, Pau Sarsanedas, informó que se vendió a Bolivia 170 respiradores a través de un intermediario (IME Consulting) y el precio base que maneja la empresa para el modelo básico de respirador, que fue el comprado, alcanza a poco más de siete mil dólares, con accesorios. El Gobierno informó que compró dichos ventiladores a $us 27.683, cada uno.
Horas más tarde se detuvo a dos funcionarios del Ministerio de Salud, a cargo de este proceso y la mandataria hizo un pronunciamiento advirtiendo la realización de un proceso de investigación.
Hasta la media jornada de este día, se detuvo a dos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ente que dio el crédito para la compra, para que presten su declaración y también el Ministro de salud, Marcelo Navajas, fue convocado para declarar ante la Fiscalía.
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