Paola Barriga,una abogada en busca de justicia para las víctimas de la violencia de gènero. Foto: ANF
Zulema Alanes
La Paz, 5 de agosto (ANF).- En agosto de 2014, tras 15 años en los tribunales, la justicia dictó sentencia de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, contra Odón Mendoza Soto por la muerte y violación de la niña Patricia Flores en 1999.
La abogada Paola Barriga fue la estratega de ese proceso que puso en evidencia el entorno de impunidad y de poca confianza del sistema judicial. Cuando asumió el caso ya habían transcurrido 10 años del hecho y la justicia había dejado en libertad al principal sindicado por supuestos errores procesales. Nadie confiaba en que los responsables de esa muerte serían algún día sancionados.
Ese caso dio un vuelco a su vida profesional. “Aprendí a ser práctica y prudente, afirmé mi paciencia y descubrí mi capacidad de persistir hasta conseguir mi objetivo”, contó a ANF, pero también repensó la forma de ejercer la abogacía y decidió asumir “como una causa personal la defensa de las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género”.
Paola Barriga nació en La Paz en enero de 1977 y desde sus cuatro años vivió en Villa Adela, una de las más antiguas urbanizaciones de la ciudad de El Alto. Al salir bachiller estaba decidida a ser médica, pero llegó tarde a las inscripciones de la Facultad de Medicina. Su madre, una maestra de idiomas, le advirtió que no le iba a permitir que vacacione un año y no tuvo más opción que dar el examen de dispensación en la Facultad de Derecho de la UMSA. Se tituló de abogada el 2003.
Hoy es abogada de la parte acusadora en varios casos de feminicidio y asume la defensa de muchas víctimas de violencia. Pone la cara y sale a los medios de comunicación para denunciar la retardación de justicia y la falta de cumplimiento del debido proceso.
Cuando ocurrió la muerte de Patricia Flores, cursaba el tercer año de la facultad, diez años después una tía de la niña la buscó para que asuma el caso. Fue su prueba de fuego, puso en brete a la administración de justicia, develó las deficiencias de la cadena de custodia y del régimen de investigaciones forenses, exigió auditorías jurídicas y administrativas para sancionar a los culpables de la retardación de justicia y sometió el caso al escrutinio internacional.
Por entonces ya había trabajado en régimen penitenciario, en la Cooperativa de Teléfonos y en la Caja Nacional de Salud y decidió iniciar la práctica privada, aunque en el camino se dejó tentar por la burocracia estatal, primero en el Ministerio de Aguas y, luego, como apoderada legal del ministro de Gobierno Carlos Romero. “Me curé en salud, nunca más en la administración pública”, afirmó.
Su experiencia la ha llevado a la conclusión de que “la falta de investigaciones, de juicios y de sanciones por actos de violencia contra las mujeres ha generado desconfianza en el sistema judicial”.
Pero ella persiste. En enero del 2015, después de cinco años y siete meses, logró que la justicia sentencie a 30 años de prisión a Adriano Cossío Mercado, autor del asesinato de Jessica Burgoa, quien fue victimada a sus 16 años en la ciudad de Oruro.
El 2013 desafió la doble moral de la sociedad, asumió la defensa de Paola Belmonte y llevó ante la justicia a Oscar Medinaceli Rojas, quien grabó un video íntimo de la presentadora de televisión y lo utilizó para extorsionarla.
“La ley no contemplaba una sanción para ese tipo de delitos, fue una oportunidad para denunciar que la impunidad se va convirtiendo en una norma”.
A fines del 2015 decidió hacer parte de la acusación por violencia familiar contra el asambleísta departamental Marín Sandoval. Denunció a la fiscalía cuando resolvió el sobreseimiento del imputado “porque el Estado tiene la obligación de castigar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, y de proporcionar servicios, apoyo y justicia a las supervivientes y a sus familias”.
Otra causa que asumió como propia es la de Camila Brañez, la niña de cinco años violada y asesinada en 2009 por su padrastro en complicidad con su mamá. Y hace poco decidió denunciar la negligencia de la justicia en el caso de Verónica Chino, una estudiante de agronomía que murió supuestamente víctima de feminicidio y a quien ni siquiera le practicaron la autopsia de ley. Puso tras las rejas al policía Mirko Silva, por la violación de una adolescente. Y se integró al equipo de la acusación en el juicio contra William Kushner por el supuesto feminicidio de Andrea Aramayo.
Es una convencida que “se debe asegurar la prevención, tratamiento y protección de las víctimas de la violencia de género y garantizar la libertad y la vida de las mujeres y niñas”. Y en ese empeño trabaja robándole tiempo a su única hija.
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