La habilitación de esta carretera posibilita reanudar el abastecimiento de alimentos hacia mercados paceños y aliviar la incomunicación terrestre de los habitantes de la región durante más de un mes de conflicto.
La decisión fue emitida por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera, luego de que los acusados aceptaron la pena impuesta por los delitos atribuidos por el Ministerio Público.
El subcomandante departamental de Santa Cruz, coronel Franklin Villazón, informó que se aguardaba la presencia de la Defensoría del Pueblo para instalar una mesa de diálogo.
Durante las semanas de protesta, en redes sociales circularon varias denuncias de dirigentes que están obligando a sus bases, bajo amenaza de multa o marcado de casas, a marchar y bloquear carreteras.
Desde Llallagua se envió a 30 agentes para tratar de controlar a la turba, pero los mismos no pudieron llegar a Pocoata debido a los bloqueos de caminos y a que los manifestantes hicieron detonar cargas de dinamita.
Los dirigentes de las organizaciones sociales movilizadas exigieron a la comisión, que promueve el diálogo, garantías para que los dirigentes participan de la mesa de negociación.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, adelantó que los procesos comenzarán en Santa Cruz y remarcó que las acciones buscan establecer responsabilidades por afectaciones al erario nacional.
