La Paz, 28 de abril (ANF).- Abogados, trabajadores fabriles y población afectada denuncian el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que de acuerdo a ley son de cumplimiento obligatorio, sin embargo, los tribunales que deben hacerlas cumplir las soslayan. Los afectados lamentan que estas sentencias no sirvan para defender sus derechos y no exista ningún respeto estas resoluciones de parte de las autoridades del Órgano Judicial.
Sin embargo, advierten que las sentencias constitucionales tienen eficacia cuando se trata de temas políticos e involucran a funcionarios del partido de Gobierno, que mediante sus legisladores eligieron a estas autoridades. Desde la sede del Tribunal Constitucional en La Paz se informó que aún no tiene un coordinador para que pueda dar su versión al respecto.
“Hemos ganado un Amparo Constitucional que dice que los trabajadores deben ser repuestos en sus fuentes de trabajo, pero la justicia no hace cumplir, ya pasaron 19 meses y sigue igual, ahora la empresa arguye que el caso ya se ha cerrado y no quiere cumplir”, dijo a ANF el exdirigente fabril, Vicente Pacosillo.
Pacosillo refirió que 114 trabajadores esperan ser reincorporados a la empresa Lara Bisch, pero esa Sentencia Constitucional “no sirve para nada, hemos ganado un Amparo en vano, nadie respeta a ese Tribunal (Constitucional)”.
Paul Tolavi, abogado de Renatto Cafferata, denunció que pese a haber siete resoluciones por el incumplimiento de la sentencia constitucional de 2016, que pide un nuevo juicio para su defendido por habérsele negado el derecho a la defensa, el Órgano Judicial lo incumple. Y pese a que se inició una denuncia ante el Ministerio Público contra esas autoridades – ya que incumplir una sentencia constitucional es un delito-, la fiscalía lo desestimó.
“Es un problema en nuestro sistema de justicia, no hay la forma de hacer cumplir las sentencias constitucionales cuando los encargados de cumplirla están encaramados en el propio Órgano Judicial”, dijo Tolavi a ANF.
Indicó que, si bien existen algunos mecanismos como la sanción penal, debido a que incumplir una sentencia constitucional es un delito, “estos mecanismos pueden ser activados en contra de las personas que incumplen las sentencias constitucionales, pero no reponen el hecho incumplidor, es decir no anula el hecho de que ha incumplido una sentencia constitucional”.
El jurista dijo que, en su caso, tras haberse declarado el incumplimiento de la sentencia constitucional, “ninguna de esas siete veces ha dado lugar al procesamiento penal de las autoridades que la han incumplido, porque son miembros del Poder Judicial; aunque se ha hecho una denuncia, los fiscales la han rechazado por razones inexplicables”.
El abogado constitucionalista, Jorge Quiroz, aseveró al respecto que hay “miles de sentencias constitucionales” en las que se da la razón a las mujeres embarazadas y a los padres con hijos menores de un año, despedidos de entidades públicas, para que sean repuestos en sus fuentes laborales por tener derecho a la inamovilidad, sin embargo, las sentencias no se cumplen debido a que “el que despide a estas personas y no cumple la Ley es el Estado”.
“El Estado no quiere reponer a esas personas en sus puestos de trabajo porque ya hay otro compañero del partido que está ocupando ese puesto y no puede ser que lo tengan que despedir”, indicó.
Contó que él mismo ganó un Amparo Constitucional por el despido intempestivo de un funcionario público que tenía a su esposa embarazada. La sentencia nunca fue cumplida.
Pero, agregó que no ocurre lo mismo con la sentencia del Amparo Constitucional que presentó Evo Morales, cuando no le permitieron postularse a senador; “eso sí se ha cumplido y ya le han pagado”. Aunque Morales anunció que no reclamará la indemnización.
Para Quiroz, ese es el origen del problema en el Tribunal Constitucional y que se irradia a los Tribunales de Garantías y a los Jueces de Garantías, que “lamentablemente son obedientes al color político”.
Destacó que el Tribunal Constitucional está politizado desde su elección, por la forma como son elegidos y asumen los cargos sus miembros, y “todo ello es producto de un trabajo político que se hace al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Entonces, enfatizó, “quienes ejercen estos cargos definitivamente son personas que están allanadas al poder político”.
Dijo que estas acciones dejan al Tribunal Constitucional como “un órgano sin eficacia jurídica, pero sí con eficacia política, que como en el caso de la sentencia de Evo Morales, está al servicio del partido de Gobierno más no de la sociedad, como los fabriles, como el caso de los trabajadores en las embajadas y de los diferentes ministerios”.
Para Quiroz, el Tribunal Constitucional no está cumpliendo una función social, pero si cumple una función jurídico-política. Por esta situación indicó que en términos coloquiales se podría decir que el Tribunal Constitucional “está pintado, la justicia constitucional está pintada en Bolivia, y la justicia ordinaria también, porque definitivamente con estos jueces y fiscales que interpretan la ley bajo criterios políticos y no bajo criterios jurídicos, tenemos mucho que perder los ciudadanos de a pie”.
Para el exdirigente fabril, “las mal llamadas autoridades, los jueces y fiscales, se parcializan y tardan mucho (en las denuncias por incumplimiento de sentencia), ellos dicen que hay tiempos para todo”, mientras que la empresa “sigue chicaneando, no se presenta y la justicia tarda: una semana, un mes, dos meses y ya estamos casi dos años en la puerta de la empresa haciendo vigilia y no hay hasta ahora nada”.
Para el jurista Paul Tolavi, el Tribunal Constitucional puede asumir medidas que signifiquen el cumplimiento de la sentencia constitucional, pero “está muy acostumbrado a soslayar su responsabilidad, a no resolver las situaciones de modo concreto, al contrario, lo que hace es dar vueltas y dictar resoluciones que son más declarativas que soluciones efectivas a favor de las partes”.
El abogado atribuye esta situación a la falta de capacidades internas en el Tribunal Constitucional y advierte que muy pocos de sus jueces tienen experiencia resolviendo procesos judiciales y peor Amparos Constitucionales. “No sé si habrán hecho Amparos Constitucionales algunos de ellos, yo creo que no saben cuál es su verdadera función”, apuntó.
Agregó que el Tribunal Constitucional carece de un reglamento interno de ética que regule la actuación de sus magistrados, y no lo tienen debido a que “no les conviene dotarse de un reglamento que sirva para procesarlos a ellos mismos”.
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