“Que instituyan a prontitud un mecanismo nacional de prevención que goce de una total autonomía financiera y funcional en el ejercicio de sus funciones”, señala una de las sugerencias emitidas por la Coalición.
Las instituciones integrantes piden también que se otorgue al mecanismo nacional los recursos suficientes para desempeñar su labor con eficacia; que se siga detenidamente las demás condiciones exigidas en el Protocolo Facultativo y en sintonía con las directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención; y que se asegure una nueva legislación que tipifique la tortura y otros malos tratos en concordancia con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El pedido tiene como base el informe del Subcomité contra la Tortura de la ONU que cuestiona al Servicio de Prevención contra la Tortura (Sepret), creado por el gobierno, por su dependencia al Ministerio de Gobierno, cuando el organismo debería ser totalmente independiente.
La Coalición lamenta que pese a que “si bien vivimos en tiempos de Democracia, la tortura sigue vigente en nuestro país, en formas diversas y manifestando graves secuelas”.
“En la actualidad, surgen nuevas formas de tortura, tan dañinas ―a nivel de secuelas― que merecen tanta atención como las que ya se reconocen desde hace mucho tiempo. Entre ellas, el más crítico y frecuente en nuestro país, es el abuso desmesurado de la detención preventiva”, señala el comunicado de la Coalición.
Además, las instituciones que conforman la Coalición cuestionan a la justicia boliviana por estar “repleta de resoluciones infundadas, sobornos, amenazas e incluso torturas”.
“El sistema de justicia carece de los recursos y mecanismos que se requieren para realizar una investigación rigurosa y objetiva. La adherencia al procedimiento de obtención y valoración de pruebas es virtualmente inexistente, haciendo de la confesión la panacea de todo juicio penal”, indica.
La Coalición documentó la existencia de una “perversa alianza” entre la policía y los operadores de justicia, misma que “expone al presunto culpable a formas de tortura y/o de amedrentamiento para someterla y ‘ablandarla’. ¿Para qué molestarse en romper las cadenas de este esquema para presentar un argumento jurídicamente fundado y basado en pruebas fehacientes?”, cuestiona.
La organización también demanda, ahora más que nunca, una “nueva especie” de operadores de justicia, que sean: honestos y competentes con una mentalidad y ética profesionales; respetuosos de las debidas garantías procesales (con la finalidad de la administración de la justicia); y, defensores en contra de todo tipo de tortura y de malos tratos como método de investigación.
También pide que sean abyectos a las tentaciones de soborno, a las presiones políticas, económicas y mediáticas; y exigentes de las condiciones y la independencia necesarias para velar por el debido proceso.
La Coalición contra la Tortura está conformada por el ITEI, la Comunidad de Derechos Humanos, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses y la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural.
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