La Paz, 14 de marzo de 2023 (ANF).- Pese a las críticas de activistas de derechos humanos y exautoridades y denuncias de los internos y sus familiares sobre corrupción, extorsión y tratos crueles y consumo de alcohol y droga en las cárceles, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, aseguró que la policía está suficientemente capacitada para administrar los penales y que el control que realizan en los diferentes recintos ha ido mejorando con los años.
Romero informó que en los últimos dos años se realizaron más de 1.200 capacitaciones que beneficiaron a casi 15.000 funcionarios policiales en temas de seguridad penitenciaria y otras especialidades, aunque admitió que deben mejorar día a día.
“La estadística establece que desde la gestión 2020 hasta marzo de 2023 se ha capacitado a 14.887 servidores policiales y a nivel nacional de forma específica en esta temática en 1.262 cursos, seminarios, talleres y otros 1.813 estudiantes de las unidades de pregrado de la universidad policial, y se especializó a 814 servidores policiales en diferentes jerarquías en seguridad penitenciaria”, dijo Romero a ANF por medio de un comunicado.
El jefe policial remarcó que esta labor continuará debido a que “la formación académica además de ser una obligación permanente, es la base de una atención efectiva a la población carcelaria”.
En lo que va del año se registraron en las cárceles al menos seis muertes violentas, fugas e intentos de fugas, golpizas y tratos crueles y cobros extorsivos, estos últimos denunciados por los familiares de los internos y no mencionados por las autoridades. Las denuncias son constantes.
El activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca Apaza, de acuerdo a una declaración anterior, afirmó que la Policía se aplazó en la administración de las cárceles, debido a que nunca cumplió sus propios compromisos de un mayor control y mucho menos de su función rehabilitadora en cárceles. Atribuyó el fracaso policial a su falta de formación académica en el tema penitenciario.
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos dijo a ANF que “la Policía no ha podido, no puede y no podrá administrar las cárceles debido a que no está preparada” y eso se refleja todos los años en los titulares de los medios de comunicación sobre corrupción policial.
La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó además que ha organizado y ejecutado desde la gestión 2021 unas 152 capacitaciones virtuales y presenciales nacionales e internacionales, beneficiando a 1.911 servidores policiales de Seguridad Penitenciaria en diferentes temáticas como Derechos Humanos, medidas para prevenir la reincidencia, sobre la Ley 2298 de Ejecución de penas, prevención de la tortura y tratos crueles, el rol del trabajo social en el régimen penitenciario, sistemas penitenciarios, intervención psicológica del privado libertad, psicología criminal penitenciaria, entre otros.
Capacitación a policías. Foto: Defensoría del Pueblo.
Romero dijo sobre el tema de tortura y tratos crueles y abuso de autoridad que los hechos que vinculan a servidores policiales con estos eventos “son escasos en el tendido de que existen instituciones que tutelan este aspecto y realizan visitas permanentes a los recintos penitenciarios, existiendo un control cruzado por parte de régimen y seguridad penitenciaria y los propios privados de libertad”, sin embargo, las denuncias sobre trato cruel también van dirigidas contra los representantes de los internos que con el visto bueno de la policía realizan cobros extorsivos.
Familiares denunciaron que los internos calificados por Régimen Penitenciario de “alta peligrosidad” y que fueron trasladados hace una semana del penal de San Pedro por la muerte de otro recluso, fueron torturados por los efectivos policiales al llegar a los recintos de destino. Los policías les exigían firmar las notificaciones donde se autoinculpaban por la muerte del interno. Otros fueron trasladados por reclamar sus derechos y constituir un dolor de cabeza para los delegados, ya que el día del deceso no se encontraban en el lugar de los hechos, según dijeron los familiares a ANF. Los internos apuntan al delegado de San Pedro, Kevin F. alias “kiwi” como el responsable de la muerte.
Sobre el ingreso de alcohol y la droga, denunciaron que la puerta de ingreso a los penales es resguardada por los efectivos policiales. Los internos dijeron que Chonchocorito, considerada zona de rehabilitación dentro del penal de San Pedro de La Paz, es donde más alcohol y droga hay facilitado por el suboficial Siñani y el sargento Nina. Las denuncias llegan al director del penal, coronel David Machicado, y hasta funcionarios de Régimen Penitenciario, pero no hacen nada.
Las denuncias, que llegaron a ANF, incluso implican al coronel Machicado y al director de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, por encubrir los cobros ilegales, diseminados en todo el penal, violencia psicológica y abuso de poder, pero ninguna denuncia prospera.
Sobre la mención de venta de drogas y alcohol, Seguridad Penitenciaria señaló que ha priorizado los operativos de control en el ingreso a sustancias y objetos prohibidos instalando inclusive en el último tiempo dispositivos tecnológicos como detectores de metal en tipo arco escáners con rayos x de cuerpo entero, detectores de metal tipo paleta, inhibidores de señal para telefonía móvil, brazaletes electrónicos y circuitos de cámaras de videovigilancia en varios recintos penitenciarios de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, La Paz, Tarija y Pando.
Requisa en el penal de San Pedro. Foto archivo.
No obstante, una de las cárceles de “máxima seguridad”, como es Chonchocoro, aún no cuenta con un sistema de video vigilancia en funcionamiento, según confirmó a ANF Franz Laura.
“El ministro (Eduardo Del Castillo) entregó cámaras el año pasado y en Chonchocoro se está procediendo con el tema técnico para presentar el funcionamiento, depende de la parte técnica”, dijo Laura el 27 de febrero de este año.
Ocurre similar situación en el caso de dos aparatos de escáner corporal (body scanner), entregados a Chonchocoro en octubre de 2021, de los que se anunció que entrarían en funcionamiento en “unos días” pero a un año y cuatro meses continúan sin uso. Este sistema tampoco funciona en el penal de San Pedro, así como los inhibidores de teléfonos celulares.
Romero destacó la ejecución de permanentes requisas y operativos de control al interior de las cárceles, lo cual ha permitido, según dijo, el secuestro de sustancias controladas como cocaína, marihuana y otros, así como la aprehensión de personas vinculadas a este delito.
“Desde la gestión 2020 en coordinación con la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico (felcn) se han realizado 643 operativos, logrando secuestrar 7.089.312 gramos de cocaína y 72.818 gramos de marihuana”, se lee en el comunicado.
Destaca el “control riguroso” en los penales para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, lo que ha dado como resultados, “secuestrar desde la gestión 2020 a la fecha 10.074 litros de alcohol de diferente calidad y origen, asimismo en este periodo se ha iniciado procesos disciplinarios a 38 funcionarios policiales por omitir los controles o permitir el ingreso de bebidas alcohólicas”.
“Estamos conscientes en que debemos mejorar día a día, tomamos las críticas con reflexión y de forma proactiva, nuestra labor continuará con firmeza, solvencia, transparencia, especialidad y técnica”, enfatiza el coronel y destaca que, en relación a otros países, Bolivia “cuenta con los recintos penitenciarios más seguros de la región, entendiendo que preservar la seguridad de los privados libertad y de la población en su conjunto debe ser una absoluta prioridad”.
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