Internos denuncian el aumento de cobros extorsivos en el penal de San Pedro de La Paz

ANF recibió las denuncias de internos de varias secciones del penal de San Pedro, de familiares y además accedió a las planillas de los cobros de una de las secciones en las que se registran los distintos cobros, entre ellos el ingreso a la sección.

Los internos señalaron que el abuso es tal que se asemeja a la época del delegado Víctor Hugo Mendoza -trasladado en 2018-, que ejercía un control total del penal, con tratos humillantes y tortura a los reclusos en complicidad con las autoridades del recinto, y esa situación, señalaron, se replica ahora con el delegado Kevin Fernández, que es identificado como el responsable de la muerte del interno conocido como el “Boika”, además de realizar cobros extorsivos y el manejo de la venta de alcohol y droga. 

“Los maltratos son constantes, cada detenido que llega es llevado al Consejo de delegados, los internos que están direccionados -es decir que tienen previo acuerdo para que vayan a una sección- no les pasa nada, pero los que llegan al sorteo (para las secciones) son apaleados por los disciplinas que son unos malditos, ni qué decir el cabo policía, si o si apalean a la persona que no tiene plata, pero quien tiene plata se salva”, dijo a ANF un interno que pidió la reservas de su nombre.

El 3 de marzo el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, dijo sobre el traslado de 10 privados de libertad de San Pedro que eran de “peligrosidad” y estaban vinculados a la muerte del “Boika”, a hechos lucrativos de espacios públicos y a la extorsión. Los familiares de los reubicados rechazaron esas aseveraciones y denunciaron que el propósito de los traslados era para encubrir al delegado Fernández. Para el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos las supuestas medidas para el control de las cárceles en realidad tienen que ver con “hacer algo para en realidad no hacer nada”, debido a que las cárceles siempre vuelven a su estado donde hay robo, extorsión, venta de drogas, alcohol y abusos.

Los internos señalaron a ANF que antes los cobros exigidos eran de hasta 1.500 bolivianos para entrar a una sección y este dinero era destinado al mantenimiento ante la ausencia del Estado, pero ahora los cobros superan los 7.000 bolivianos y “muchos que vienen de provincia están llorando, no tienen para pagar”.

Los delegados dan plazo de tres días para que el nuevo interno pague la extorsión, incluso facilita el celular para que el recluso llame a su familia, sino paga es sometido a tratos crueles, golpizas y azotes con cables gruesos, es llevado a sectores donde las condiciones de subsistencia son infrahumanas como en el caso de cocina, un lugar de hacinamiento y enfermedad. O los mantienen como limpieza de las secciones, no les dejan dormir o les aplican ahogos con agua, como ocurre en la sección Chonchocorito, considerado la “mina de plata” del coronel del penal. 

“Hay extorsión en todas las secciones, hay en San Martín, en Pinos, en Guanay, en Prefectura, en Álamos, en Palmar, son de la rama de Víctor Hugo Mendoza, es injusto lo que están haciendo”, dijo a ANF otro interno.

La voracidad de los delegados por los cobros es cada vez peor, “a los nuevos les sacan cinco mil, siete mil bolivianos, están exagerando en las extorsiones, hay personas que están llorando, si apenas tienen para dar de comer a sus hijos, con esa extorsión su situación será peor, deben de quitarles los alimentos a sus hijos para que paguen la extorsión que luego lo usan los delegados para drogarse, andan borrachos todavía”.

“A nosotros nos cuesta ganar acá afuera, la situación está difícil, cuánto tenemos que trabajar para mantener a nuestros hijos, y encima en el penal te sacan el dinero, de lo fácil los delegados se hacen con la plata, sino les pegan a nuestros hijos, a nuestros esposos, los delegados viven de los internos”, denunció la esposa de un interno.

Los cobros son diversos, donde hasta para salir del penal cobran a las visitas cinco bolivianos. Pese a que ANF denunció este cobro al director departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura, el funcionario solo dijo “he escuchado” y la situación no ha cambiado y genera un grave perjuicio para las familias de los internos.

“Si entro de visita con mi familia debo pagar 20 bolivianos, entonces prefiero no entrar, es un gasto, tanta plata sacan por día de visita y no se sabe el destino que tiene”.

ANF accedió a las planillas de cobros de la sección San Martin, donde se puede ver las fechas, la lista de nombres de los internos que son extorsionados, los cobros por el uso de ducha, por llamadas, por alquileres, por alojamiento, etc., con totales que superan los 100 bolivianos al mes.

“Cuánto de dinero habían sabido cobrar, qué hacen con ese dinero, los pagos de derecho de piso, pagos de seguro de vida, pago del alojamiento, pago por las duchas y baño”, protestó un familiar de los internos.

Indican que esta situación demuestra quiénes realmente mandan en las cárceles y son las autoridades quienes se supeditan a cambio de dinero, como ocurre con el delegado Kevin Fernández, que pese a tener denuncias por el asesinato de un interno, no es procesado y permanece en el cargo.

“Los delegados dan las órdenes a los policías y los policías hacen lo que los delegados dicen, pese a las denuncias que hemos hecho al propio director de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias y al coronel David Machicado nada pasa, todo sigue igual, con la plata baila el mono, ellos son cómplices de los delegados”, dijo una familiar.

Lamentaron que la Defensoría del Pueblo solo almacene las denuncias presentadas y no las procese, al igual que la Asamblea de Derechos Humanos, instituciones que, según dijeron, son indolentes ante las injusticias que pasan.

Dentro del penal los internos son amenazados para que no denuncien, y si lo hacen son vistos por las autoridades como problemáticos, de acuerdo a las denuncias.

Una de las secciones de donde más denuncias llegaron a ANF fue de Palmar, donde el delegado Cristóbal Poma, el coordinador y expolicía Bruno Macías, José Luis Condori, Ramiro Mamani y Limbert Mollo gobiernan en ese espacio del penal con elevados cobros y la venta de sustancias prohibidas.

“Estas personas venden alcohol, sustancias controladas y a los que quieren trabajar les prohíben, por eso hay mucha borrachera, pero todo eso ocurre con conocimiento del gobernador de San Pedro, el coronel David Machicado”, denunciaron.

Aseguraron que el gobernador sabe cuánto cobran los delegados, cuánto se paga en el Consejo de Delegados, cuánto se paga por el seguro de vida, pero “como todos los delegados reúnen dinero y le dan al gobernador, no dice nada, los delegados mandan en el penal”.

Los familiares e internos señalaron que se cansaron de presentar las denuncias al director de Régimen Penitenciario y al director del penal, que por lo general los ignoran, por lo que ahora hacen públicas las denuncias a los medios de comunicación y lo seguirán haciendo.

“El director de Régimen Penitenciario nos pide pruebas, qué más pruebas que nuestras denuncias, pero no, tiene hasta que morir una persona para que haya pruebas, pero aun así lo quieren tapar como ocurrió con la muerte del ‘Boika’, cuando el director de la Paz Franz Laura, pese a los golpes a que había sido sometido dijo que fue por muerte natural”.