La Paz, 5 de abril (ANF).- El Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) en ocho años de ser creada no consiguió ninguna sentencia por el delito de tortura, pese a las más de 3.000 denuncias que registró la Defensoría del Pueblo en ese periodo. Solo en el corto periodo de Nadesdha Guevara en la dirección del Sepret en 2021 se consiguió encaminar 35 procesos.
“Nadesdha Guevara, que era la directora del Sepret cuando yo estaba a cargo de ese mecanismo, inició 35 acciones penales y es un trabajo que inició Álvaro Guzmán, (pero) ninguna de esas acciones ha terminado con imputación, con acusación o con sentencia”, dijo a ANF el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Guevara cumplió la función de directora del Sepret de mayo a octubre de 2021. La institución pública bajo tuición del Ministerio de Justicia pasó en esa gestión a depender de la Defensoría del Pueblo bajo el nombre de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en cumplimiento a la recomendación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y en sujeción al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Sepret fue creado el 30 de diciembre de 2013 y casi dos años después, en agosto de 2015, el abogado Álvaro Guzmán fue posesionado en el cargo de director general de la institución. Desde entonces los funcionarios del Sepret visitaron instituciones estatales como dependencias judiciales, militares, médicas y cárceles para recibir y registrar las denuncias, procesarlas y encaminarlas a la acción penal.
Lima indicó que el Sepret, que estaba a cargo de toda la prevención de tortura en el país, solo contaba con seis personas para cumplir sus funciones: la directora y cinco personas más. “Tenía un solo abogado, un médico y una psicóloga, era francamente ir contra molinos de vientos”, apuntó.
Dijo que un problema estructural en el país para judicializar los casos de tortura -y que es fundamental- es el tema de la prueba.
“La tortura ya no es la tortura clásica que te deja señales, la tortura puede ser tan sofisticada que no te deja ninguna señal física y tienes que tener un proceso de investigación y tienes que llevarlo responsablemente por una entidad que tenga ese conocimiento técnico de tener médico, de tener psicólogo, de tener abogado experto que te lleve y litigue el caso, concretamente”, explicó.
Refirió que en el ámbito internacional existen protocolos y hay un protocolo que tiene que aplicarse por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para determinar la tortura.
La Defensoría del Pueblo registró 3.017 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a nivel nacional entre 2013 y agosto de 2021, de acuerdo a información presentada por la sociedad civil al Comité contra la Tortura en noviembre de la gestión pasada.
“No tenemos sentencias ahora, pero tenemos procesos iniciados -35- por Nadesdha Guevara, y el caso más emblemático, en relación al informe del GIEI, está actualmente en la fiscalía -que fue rechazado se impugno y está aceptado-, en este momento está llevado por la oficina de la Defensoría del Pueblo”, reiteró Lima.
El ministro indicó que, con un cambio en la Defensoría del Pueblo, que está en proceso de elección de su nueva autoridad, “vale la pena tomar una pausa no en el proceso sino en la política pública que va a implementar el próximo defensor del Pueblo sobre el tema de la tortura”.
Los casos de tortura, de acuerdo a la memoria institucional del Sepret correspondiente a mayo-octubre de 2021, lo cometen principalmente efectivos de la policía en dependencias oficiales con detenidos, en las investigaciones y en las cárceles de manera directa y por medio de otros privados de libertad a quienes protegen.
“Lo que está pasando en las cárceles es muy grave, hay en el informe casos terribles en las cárceles del país de gente que tiene que dormir prácticamente enterrada para no ser castigada”, asevera Lima.
Pero, agregó el ministro, también hay casos que se están dando desde la distorsión de la justicia indígena originaria como lo ocurrido en Rurrenabaque, Beni, donde ponen a las personas acusadas de un delito en el cepo, donde las privan de alimentos por mucho tiempo.
También “hay casos de personas que hemos visto que son atadas en el techo de calamina, en el sol de Santa Cruz o del Beni, entonces no es un problema menor, es un tema que tenemos que actuar como Estado”, agregó la autoridad.
El ministro destacó como avances importantes contra este delito el haber pasado el Sepret a dependencia de la Defensoría del Pueblo, así como el proceso para cambiar el tipo penal de tortura en la ley, que considera penas leves incluso cuando se causa la muerte a una persona bajo responsabilidad de funcionarios estatales.
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