Detención preventiva: Colegio de Abogados ve político e inconstitucional cárcel a librecambista

“Es una decisión política más que jurídica que va destinada a evitar el agio y la especulación. Más allá de que signifique delito es un tema de carácter político que las autoridades encargadas de las finanzas tratan de sentar un precedente como diciendo el cambista que venda dólares más alto de lo permitido por el Banco Central se va a la cárcel, y eso no es correcto, no es legal, no es constitucional”, explicó el jurista a ANF.

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó la semana pasada que recibió 100 denuncias contra casas de cambio y librecambistas que venden el dólar estadounidense por encima de Bs 7,04 centavos más que el tipo de cambio oficial -de esa fecha- de Bs 6,96. 

La instancia estatal añadió que se activarán operativos de control y acciones penales por agio y especulación.

El 17 de marzo de este mes una librecambista fue arrestada por el delito de agio por vender el dólar estadounidense a Bs 7,04 cuando el tipo de cambio oficial era de Bs 6,96. La semana pasada se determinó detención preventiva en la cárcel de Obrajes, en La Paz, para la mujer.

“No va a ser la primera persona que va a ser procesada; si encontramos a otra librecambista que esté vendiendo por encima del precio oficial, se va iniciar el mismo proceso. Éste es el primer caso, pero ya tenemos varios puntos identificados no solo en la Paz, sino en el resto del país”, advirtió Silva.

Luego de un acuerdo entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión para la compra de dólares a un tipo de cambio “competitivo” de Bs 6,95 a los exportadores del país, se generó una inusual demanda de la moneda estadounidense.

Para controlar esa demanda, el BCB determinó vender dólares de manera directa a la población al tipo de cambio oficial de Bs 6,96, lo que también generó filas diarias en sus instalaciones, en la calle Ayacucho de La Paz.

Eguez enfatizó que la detención preventiva, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal es una medida cautelar o precautoria que se aplica “excepcionalmente”, es decir, solo en delitos que ameriten gravedad y en aquellas circunstancias en que el imputado no puede desvirtuar algunos riesgos, como por ejemplo que garanticen su presencia en el país para ser sometido a un proceso. 

“En ese sentido la ley establece que excepcionalmente se puede ordenar la detención preventiva, pero en Bolivia actualmente esta excepción se ha convertido en regla general y prioritaria, es decir los jueces hoy en día no toman en cuenta los principios constitucionales de la presunción de inocencia, los derechos fundamentales como el derecho a la libertad”, indicó.

En 2022 al menos 7.000 personas ingresaron como nuevos reclusos a las cárceles del país, cuando el promedio era de 1.000 por año, siendo que esta medida afecta más a la población de escasos recursos como muestra el reportaje “Detención preventiva, un sistema abusivo que quita la libertad a los más pobres”.