La Paz, 24 de mayo de 2024 (ANF).- En menos de una semana, la Policía ejecutó dos operativos polémicos calificados como “abuso policial”. La detención de un humorista y el intento de aprehensión de jueces cuando iban a dictar una resolución en el caso de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar.
¿Quién ordenó la aprehensión del humorista Raúl Cuenca? ¿Por qué se lo retuvo? ¿Qué sanciones existen en contra de los responsables de dicha acción policial?, por otra parte ¿De dónde salió un mandamiento de aprehensión ‘falso’ contra los jueces? ¿Quién ordenó el despliegue de un inusual contingente de efectivos al Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz el 20 de mayo?
El Ministerio Público investiga la orden de aprehensión “falsa” que supuestamente fue emitida por el fiscal Omar Alcides Mejillones en contra de los jueces Freddy Coronel Alacoma, Claret Llanos Martínez y Janeth Paniagua Villa.
Los tres administradores de justicia se alistaban para la audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar, yerno de Jesús Einar Lima Lobo, sentenciado por narcotráfico en Brasil y vinculado al Primer Comando Capital (PCC), prevista para este jueves 23.
Sin embargo, este 21 de mayo se alertaron que había una supuesta orden de aprehensión en contra de los tres, además que había un extraño despliegue de efectivos policiales en el tribunal, unos uniformados y otros de civil de un grupo de inteligencia, para aprehenderlos.
La audiencia se suspendió; los jueces interpusieron acciones de libertad denunciando que la “orden de aprehensión es totalmente arbitraria y maliciosa”, porque no fueron notificados con la investigación y mucho menos fueron convocados a declarar.
“…no tenemos conocimiento sobre los hechos investigados ni mucho menos tenemos conocimiento sobre el delito que se nos atribuye, dejándolo en un estado ABSOLUTO DE INDEFENSIÓN”, dice la acción de libertad y que fue concedida la tutela. Ahora está en revisión en el Tribunal Constitucional.
El caso ha movilizado a los ministros de Gobierno y de Justicia, Eduardo Del Castillo e Iván Lima, respectivamente, que salieron a los medios de comunicación, cada uno por su lado para denunciar parcialización de los jueces y atropello a la independencia judicial.
El titular de Gobierno denunció una supuesta “parcialización” de los jueces. Luego que fue apartado del proceso por no constituirse en “víctima”. Del Castillo rechazó esta postura y aseguró que son los únicos que están buscando justicia para los tres asesinados por el grupo vinculado a Nallar.
Asimismo, acusó a los jueces de pretender beneficiar a Nallar. “Están buscando liberar al señor Misael Nallar”. Recusaron a los jueces porque “Están buscado liberar a estas personas, no queremos que sean ellos los que van a condenar, no queremos que vean este proceso”, señaló Del Castillo.
En este escenario, el ministro de Justicia se reunió con los jueces en la ciudad de Santa Cruz para expresarles que la posición del Gobierno es de respeto a la Constitución Política del Estado, de “respeto a la independencia y de pedido firme a los jueces del país de imparcialidad”.
Consideró que “se han dado situaciones muy complejas, que han llegado a afectar la independencia del Órgano Judicial”.
Una alta fuente del Ejecutivo contó a esta agencia que el documento de mandamiento de aprehensión fue enviado de “un número celular de La Paz, se envió a jueces y a algunos periodistas”.
Comentó que es evidente que la persona que envió está “interesada en el proceso”, y que “Llamó la atención de la movilización tan grande de policías”.
Esta fuente también afirmó que se “está dando una escalada de arbitrariedades” que no es admisible.
La pasada semana, Raúl Cuenca, humorista de ‘More Humor’, fue aprehendido al salir de un canal televisivo en el que representó el “comportamiento” de algunos policías.
Los efectivos lo retuvieron sin ninguna orden y lo trasladaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permaneció por más de 12 horas, sin que hubiera cometido ningún delito. Entrada la noche, se pronunció Del Castillo.
En medio de estos hechos, el Ministerio de Gobierno propuso un anteproyecto de ley “lo ajeno no se toca”, en el que plantea un procedimiento sumarísimo en casos de flagrancia, sugiere condenas de 7 años sin derecho a indulto. Deposita en la Policía el “poder” para definir quién cometió el delito y se elimina la fase preliminar de investigación.
El proyecto ha sido criticado por vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia, dos principios fundamentales en la Constitución y en el Procedimiento Penal.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, insistió que el mandamiento era falso, no obstante, se ha dispuesto que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz inicie una investigación para dar con los autores que han generado este tipo de inconvenientes”.
El escenario se confronta con una imagen deteriorada de la administración de justicia, de falta de confianza de la ciudadanía, refrendado por informes internacionales que dan cuenta de la falta de independencia del poder político.
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