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27 de noviembre de 2020 18:57

Albarracín: Por el sistema inquisitorial, para los jueces es inexistente el principio de inocencia

Albarracín remarcó que todo sistema inquisitivo de justicia responde a una motivación política que por lo general está plasmada en el Ejecutivo.

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La Paz, 27 de noviembre (ANF).- El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Franco Albarracín, aseveró que Bolivia cuenta con un sistema de justicia inquisitorial que tiene como único propósito castigar a las personas sospechosas de un delito, sin la intención de llegar a la verdad de los hechos.

Agregó que este sistema se caracteriza por responder a las motivaciones políticas de los gobiernos de turno, sin importar que sean de derecha o izquierda, donde para los jueces es inexistente el principio de inocencia. 

“Estamos inmersos en este sistema (inquisitorial) y el problema de este sistema es que por lo general responde a motivaciones políticas casi provenientes del gobierno de turno, no importa si estos son de derecha o izquierda, este sistema responde al gobierno de turno”, apuntó el jurista.

Indicó que en el país no tenemos un sistema, como llaman los teóricos, adversarial y contradictorio, donde la justicia del sistema penal tiene como objetivo gestionar un conflicto, gestionar los intereses y buscar de cierta manera, en caso de que se haya determinado culpabilidad de una persona, la rehabilitación.

“¿Cuál es el sistema que se aplica en Bolivia? ¿cuál es el sistema que se ha venido aplicando desde siempre en el gobierno del MAS? ¿en los gobiernos llamados neoliberales? Es el sistema inquisitorial que hemos heredado desde hace décadas, que se concentra en castigar, no es un sistema que trata de gestionar los conflictos, sino es un sistema que se concentra en castigar y a través de ese ‘castigo’ dar un ejemplo para que la población en general no cometa delitos, entonces es un sistema que persigue, y las actuaciones de los fiscales, de los jueces y de los abogados se basan en la persecución”, apuntó.

Por este principio, agregó, tú vas a encontrar jueces que van a aplicar la detención preventiva como regla y no como excepción, vas a encontrar jueces que, en base a pruebas poco sólidas, en base a pruebas para nada sustentadas, van a “castigar a las personas que supuestamente habrían cometido un delito”.

Y este tipo de jueces “están sometidos en su actuar por presión política, por presión social, por falta de interés del caso, por falta de tiempo, estos son elementos que traducen la aplicación del sistema inquisitorio en Bolivia”.

Albarracín indicó que la Ley 1173 tiene una visión más adversarial y busca dejar de lado el sistema inquisitorial, “pero lamentablemente la norma no es aplicada por los jueces y esto pasa de igual forma con el Código de Procedimiento Penal”. Remarcó que el problema no está en la norma, “el problema está en la aplicación de los jueces”.

“Para los jueces es inexistente el principio de inocencia”, aseveró, y por lo tanto estos funcionarios ya en la etapa preparatoria del juicio y en la sentencia condenatoria “ya tienen una posición completamente parcializada sobre la persona que ha sido imputada y posteriormente acusada, ese es el problema principal”.

Indicó que la solución debe plantearse de manera estructural y no solo abordar el cambio de jueces ni realizarlo mediante un decreto como solución al problema. “La solución del problema es a través de políticas estructurales que cambien las normas, que cambien la manera de pensar de los jueces desde la universidad, necesitamos la escuela de jueces, algo que no se está haciendo lamentablemente, y eso se traduce en casos particulares con jueces con ningún tipo de pruebas que condenan a personas por hechos que probablemente no cometieron”, apuntó.

Entre varias sentencias judiciales ocurridas, que alcanzaron relevancia mediática, en el cuestionado sistema de justicia boliviano están el del médico Jhiery Fernández, que pese a no existir pruebas científicas en su contra fue sentenciado a 20 años de cárcel. Luego de que se filtrara un video de la jueza que hizo la sentencia, en el que reconoce la inocencia del galeno, Fernández recobró su libertad, pero insólitamente debe seguir un nuevo juicio en su contra por el mismo caso. La justicia boliviana castigó la infidencia de la jueza, pero no su proceder en el juicio.

A estos casos se suman otros como el de Renatto Cafferata Centeno, Gonzalo Chura y Yimy Urzagaste, que pese a existir pruebas científicas que los exculpan fueron sentenciados por jueces que no valoran las pruebas de descargo y que legitimaron procedimientos defectuosos en el Ministerio Público. 

En un sistema ideal, refiere Albarracín, el juez debe ir con una mente completamente limpia al juicio, y debe previamente haber demostrado imparcialidad e independencia en anteriores procesos, y ninguna posición debe ser dada durante el transcurso del proceso. “Él es el director, él es el árbitro y las posiciones deben ser expresadas por las partes y no es lo que pasa en Bolivia, donde los jueces van dando su opinión”, apuntó.

Pero en Bolivia, “el juez termina aceptando pruebas que constituyen presunciones; está ahí el abogado, el fiscal, indicando que se presume que el imputado podría afectar de algún modo el proceso, con argumentos completamente ridículos (…) y aun así son aceptadas por los jueces”.

Albarracín remarcó que todo sistema inquisitivo de justicia responde a una motivación política que por lo general está plasmada en el Ejecutivo.

/ANF/

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