La Paz, 8 de mayo de 2023 (ANF).- La falta de un marco legal claro y acorde a los estándares internacionales sobre el delito de tortura, hace que no solamente las instituciones que tradicionalmente incurren en este delito como la Policía y las Fuerzas Armadas continúen haciéndolo, sino que funcionarios del órgano ejecutivo apliquen tipos de esta contravención considerada de lesa humanidad.
“Mientras no haya nada que regule el accionar en contra de la tortura, todo está bien para el Estado, sin embargo, todos conocemos que desde el Órgano Ejecutivo se aplican formas de tortura (…), donde el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) presenta a determinados ciudadanos como si fuesen personas que ya han delinquido, es decir, para el político en Bolivia no se considera la presunción de inocencia, sino que ya se afirma la culpabilidad, y esa exposición ante la colectividad, ante el público en general, es una forma de tortura”, dijo a ANF el abogado especialista en derechos humanos, Jorge Quiroz.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) criticaron al ministro del Castillo por exhibir a arrestados y acusados de delitos al considerar su conducta como vulneradora de la presunción de inocencia. Del Castillo llegó incluso a presentar a detenidos con evidentes signos de maltrato con ojos y pómulos hinchados y que incluso no podían mantenerse de pie. A los detenidos se les quita el barbijo y se los sostiene del cabello para mostrar sus rostros.
Quiroz remarcó que el delito de tortura es una práctica que se ha institucionalizado dentro de los órganos del Estado, en las diferentes entidades estatales, y el Estado no lo regula porque “quiere mostrar un buen papel ante los organismos internacionales”, es decir, “si no hay adecuación no hay delito”.
“Uno de los últimos informes que hace por ejemplo el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) a Bolivia es que el Estado regule y repotencia las fiscalías y los tribunales, los juzgados, nombrando a personas especialistas en la materia, pero definitivamente no lo hace porque no quieren rendir cuentas ante los organismos internacionales”, remarcó Quiroz.
De acuerdo al reporte 2022 sobre denuncias de tortura de la Defensoría del Pueblo, la Policía lidera los registros con 80 casos, seguido de las Fuerzas Armadas con 10 casos, el Ministerio de Gobierno con seis casos y el Ministerio de Defensa con cinco casos, pero en realidad existe un subregistro de personas que no se denuncian por temor a represalias, por desconocimiento o por vergüenza.
Solo tomando en cuenta los juicios mediáticos que realiza el ministro de Gobierno cada semana, los casos se duplicarían. Quiroz remarca que se trata de una forma de “mancillar el honor de algunas personas que en determinado momento no resultan ser los responsables de los supuestos delitos que se les estaría indagando”.
“Hay diferentes formas de torturar en Bolivia y que en resumidas cuentas la han institucionalizado de diferentes maneras”, enfatizó Quiroz.
El activista de derechos humanos David Inca criticó el uso mediático de los antecedentes policiales que hace el ministro de Gobierno con el propósito de justificar detenciones ilegales.
"Lamentablemente el ministro agarra estos hechos solamente por un tema mediático para justificar que esa persona (detenida) si es malvada, muy mala, para justificar su acción, pero el juez es el que no debería tomar en consideración esos actos y esos hechos porque serían irrelevantes”, dijo el activista en entrevista con ANF.
Remarcó que estamos ante una situación de juego mediático en el cual se utiliza el morbo para justificar detenciones tal vez ilegales, y “si han sido detenciones ilegales solamente debería dedicarse al hecho concreto y no ha hechos pasados y eso es lo que está ocurriendo ahora".
Inca indicó que en el tema de los registros de antecedentes ya hubo algunas observaciones, es decir, “un antecedente policial, ya sea de tránsito o de cualquier delito que se haya cometido no puede ser pues de por vida, tiene que también anularse los antecedentes policiales pasado un tiempo idóneo”, por ejemplo, citó, “si se ha cometido una transgresión de tránsito, pasan tres años y automáticamente debería anularse”.
Agregó que esto debía ocurrir incluso en delitos de orden público como asesinato u homicidio que luego de transcurrido unos 10 años debería anularse y no usarse ese antecedente como un agravante frente a una persona acusada de un hecho delictivo, y más aún si no existe ninguna relación con el hecho por el que se le investiga.
"Yo he visto el caso de un señor que tiene un antecedente de tránsito, pero eso ha pasado hace 20 años, pero como ha cometido un delito X aparece en su informe (el antecedente) y entonces por eso es el más malo de todos porque tiene un antecedente anterior", enfatizó.
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