El jurista que defiende a Morales en un proceso penal por el delito de trata agravada, rechazó una mediación internacional con la participación de actores internacionales que faciliten el diálogo.
Ambos dejaron sus cargos en medio de un conflicto político que inició la Central Obrera Boliviana (COB) el 1 de mayo declarando un paro indefinido, se amplió cuando hizo alianza con la Federación de campesinos Tupac Katari.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Claudia Bilbao pidió al Gobierno garantizar el derecho "de más de 11 millones de habitantes", que están siendo afectados por los bloqueos.
Descartó el diálogo por decisión de sus bases que en el ampliado resolvieron que no irán a una mesa de negociación porque el gobierno asume compromisos que no cumple.
Lara también cuestionó que, en medio de las filas por combustible, las dificultades en los hospitales y las demandas del sistema educativo, el Gobierno destine supuestamente Bs 68 millones para la compra de gases lacrimógenos.
A la vez, pidieron la adopción inmediata de medidas destinadas a garantizar el abastecimiento regular del combustible, la estabilidad de los productos de primera necesidad y la protección de la economía familiar.
El telón de fondo era irreversible. Los bloqueos iban en aumento. La policía llegó a reportar al menos 150 puntos en al menos siete departamentos, aunque la mayor concentración está en la ruta La Paz-Oruro; hacia Copacabana y otras regiones.
Los movilizados anticiparon que una vez concluido el cuarto intermedio retomarán el bloqueo en el ingreso al municipio, manteniendo la presión sobre las autoridades para la atención de sus demandas.
En el ampliado de la COB que se realizó el fin de semana participó Sebastián Copello, maestro y dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), quien apoyó las protestas contra Rodrigo Paz.
El líder de la alianza Libre afirmó que será “repudiada” cualquier propuesta que vaya en contra de la democracia y del orden constitucional, o que pretenda dilucidarse en las calles.
Alarcón explicó a la ANF que plantea esta opción como “el mal menor o la solución en defecto” de un diálogo que no existe porque está en “punto muerto” o que el Estado recupere la fuerza legal y legítima para actuar en las actuales
