La Paz, 6 de diciembre (ANF). – Después de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Garantías Constitucionales esta madrugada, el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez ratificó que vetará la normativa, que establece que los dirigentes que promovieron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre no podrán ser perseguidos judicialmente o aprehendidos. El Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió con promulgarla desde la Cámara de Senadores.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que la Ley de Garantías no es una norma "que busca la impunidad", sino la consolidación de los acuerdos a los que se llegaron para la pacificación del país. Aclaró que se establecerán responsabilidades contra las autoridades que participaron en los hechos de violencia tras las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que fueron anuladas.
“De ninguna manera es una ley de la impunidad, si hacemos leyes no solo es para un sector, sino para todos. Aquellas autoridades que son objeto de investigación, y en el proceso han sido identificadas como responsables de delitos, tienen que ser sancionadas y castigadas”, añadió.
El diputado del MAS, Henry Cabrera, coincidió con Choque y pidió al Gobierno que promulgue la norma, caso contrario, es decir en caso de que Añez vete la ley, dijo que, en un plazo de 10 días, convocarán a nueva sesión para que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, sea quien ponga en vigencia esa normativa.
“Según el procedimiento legislativo, tras la aprobación que ahora debe realizar el Senado, hay 10 días para que se pronuncie el Ejecutivo, que, en caso de vetar la norma, vamos a convocar a una Asamblea Legislativa y, donde la presidenta del Senado estará promulgando”, remarcó.
Ante esa posición, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, dijo que los parlamentarios que se oponen a la “ley de la impunidad”, en un plazo de seis meses interpondrán una acción de inconstitucionalidad abstracta para invalidar la norma.
“Ni bien se sancione esa ley, nosotros vamos interponer un recurso de inconstitucionalidad abstracta en un plazo de seis meses”, agregó.
El diputado Amílcar Barral, lamentó que la bancada del MAS intente “proteger” a Evo Morales y a otras exautoridades que impulsaron los conflictos, tras las elecciones del 20 de octubre. Añadió que se trata de una norma que quiere desestabilizar el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Esta norma busca desestabilizar a este Gobierno, no entienden que su jefe (Evo Morales) ya está en otro país, feliz y los otros jefes están ocultos en embajadas. El país ya está pacificado, esta Ley solo busca ‘joder’ al país”, cuestionó.
Ejecutivo
Los ministros de la Presidencia y Comunicación, Yerko Núñez y Roxana Lizárraga, afirmaron, por separado, que la presidenta Jeanine Añez, no promulgará la Ley de Garantías.
Lizárraga lamentó que el MAS haya aprovechado, su mayoría en la Cámara Baja, para dar luz verde a esa norma. Empero, dijo que Añez vetará la ley a través de mecanismos constitucionales.
“La presidenta ha señalado que no va promulgar la ley, vendría el veto, pero hay otros mecanismos que se puede usar de forma constitucional. Garantías constitucionales no pueden existir para personas, organizaciones, miembros que hayan causado daño a los bolivianos”, remarcó.
Núñez recordó, que la Ley de Garantías Constitucionales que establece el resarcimiento económico a familias de fallecidos y la atención integral de heridos en los sucesos violentos que comenzaron tras las fallidas elecciones generales del pasado 20 de octubre, ya no es necesaria porque el Gobierno promulgó un decreto que establece una compensación de unos 7.200 dólares a las familias.
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