La Paz, 20 de diciembre (ANF).- Siete de cada 10 privados de libertad no tienen sentencia. El hacinamiento en las cárceles bordea el 300%, lo que muestra la más impactante crisis de la administración de justicia en Bolivia, en medio de profundas críticas a los operadores.
La gestión 2017 termina con similar o mayor inquietud respecto a la situación del sistema judicial y carcelario. Los datos de privados de libertad no se han reducido, porque la detención preventiva es utilizada como una “regla” y no como una “excepción”.
Jorge Mostajo, miembro de la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, mostró su preocupación por que hasta marzo la población en los centros penitenciarios llegaba a 16.613 detenidos, solo 5.028 con sentencia y 11.585 con detención preventiva.
“Esa es una muestra de cómo está funcionando el sistema de justicia penal. Es la muestra más impactante de la crisis, pero a partir del uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles”, dijo a ANF la directora de Fundación Construir, Susana Saavedra.
¿En qué medida las autoridades fiscales y jurisdiccionales garantizan el debido proceso y la presunción de inocencia? Ha sido una interrogante después que Reynaldo Ramírez tuvo que pagar el costo de una “ineficiente” administración de justicia.
Pasó más de dos años en la cárcel por un asesinato que no cometió. La fiscalía sostuvo que era el culpable, basado en semejanzas con el verdadero feminicida. La justicia lo condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
No fue la fiscalía que resolvió el caso, sino su hermana. Peregrinó y tocó todas las puertas para demostrar su inocencia, hasta que la Policía estableció que las pericias no coincidían y que el asesino era otro.
Saavedra asegura que esta situación continuará si es que no existe “una reforma integral y estructural de la justicia”, cree que se trata de plantear el problema desde una política pública y no un tema normativo.
El Órgano Judicial recibe el 0,42% del Presupuesto General de la Nación. Recursos destinados al Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, Defensa Pública y Defensa de la Víctima. Otro es el presupuesto del Ministerio Público.
El análisis de Omar Durán, excandidato a magistrado, apunta a la desinstitucionalización como la principal causa para la crisis judicial, situación que no cree que cambie con la renovación de las autoridades judiciales que este pasado 3 de diciembre fueron electas.
“Será más de lo mismo o peor, porque la mayoría de los electos fueron funcionarios del Gobierno”, comenta Durán, quien cree que las autoridades en más de una década no supieron mejorar la justicia a pesar de que tenían las posibilidades para hacerlo.
Protesta porque el Consejo de la Magistratura no cumplió su rol disciplinario; el Tribunal Supremo de Justicia por no corregir la justicia ordinaria en las instancias de juzgados; y en el caso del Tribunal Constitucional dice que su papel fue un “desastre mundial”.
Saavedra y Durán coinciden en que la corrupción y la injerencia en el Órgano Judicial son problemas que se han profundizado en esta gestión.
“Ese es el tema, que mientras no existan las condiciones para una independencia judicial e institucional, va a seguir siendo un problema”, añade Saavedra.
En un intento por limpiar su imagen y la del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura destituyó a 88 jueces del país que tenían procesos penales y disciplinarios.
Se estima que hay 1.082 jueces en todo el país distribuidos en los tribunales departamentales de justicia para atender al menos 800.000 causas que están en trámite.
De acuerdo a un informe del Consejo de la Magistratura el 2016, un juez en materia civil atendía entre 1.500 y 2.000 causas y en materia penal hasta 3.000 casos.
Pero las críticas también se abren al Ministerio Público. Durán manifiesta que operan “roscas” de protección entre fiscales que solo protegen intereses, pero que no ha asumido su papel central que es la persecución penal y la dirección funcional de la investigación.
El voto nulo y los nuevos magistrados
Las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, elegidas por voto popular serán posesionadas en enero de 2018.
Asumirán sus cargos con el fantasma de no ser “legítimos”. Son producto de un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa cuestionado por la oposición. Un periodo de “campaña” que, a pesar de que estaba prohibida para los candidatos, se dieron modos para promocionarse.
Paralelamente, los opositores hicieron fuertes llamados para que la ciudadanía dé un castigo a los aspirantes, pero también al Gobierno, porque cuatro días antes a los comicios el Tribunal Constitucional dio vía libre al presidente Evo Morales para repostularse sin límites ni restricciones.
En estas elecciones el voto nulo alcanzó el 51,35%, el válido el 35,02% y el blanco el 14,93%. Por estos resultados que no dan “legitimidad”, Durán sospecha que nuevamente serán subordinados al poder político y avizora que será otro tiempo fracasado en la administración de justicia.
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