La Paz, 7 de junio del 2026 (ANF).- La Cámara de Diputados sancionó esta mañana la Ley de Estados de Excepción, una normativa que establece el marco legal para la aplicación de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad del país. El texto fue enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La decisión fue adoptada durante la 126.ª sesión ordinaria de la Cámara Baja, que se prolongó por cerca de 14 horas y concluyó aproximadamente a las 06.00 de hoy. Con la aprobación legislativa, la norma queda a la espera de la decisión del presidente Rodrigo Paz, quien deberá definir su promulgación.
El proyecto tiene como finalidad regular los mecanismos constitucionales que pueden activarse ante amenazas externas, conflictos internos de gran magnitud o emergencias provocadas por fenómenos naturales, preservando al mismo tiempo los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Bolivia atraviesa 38 días de bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país, situación que se agravó recientemente con hechos de violencia registrados en el municipio cruceño de San Julián, donde al menos seis efectivos policiales resultaron heridos.
La ley fue aprobada para atender del descontrol de sectores movilizados que no quieren dialogar sus demandas con el Gobierno y prefieren atentar contra la población con bloqueos .
Entre sus principales disposiciones de la ley, faculta al presidente del Estado a declarar un Estado de Excepción mediante decreto supremo cuando existan circunstancias que representen riesgos para la seguridad nacional, amenazas provenientes del exterior, alteraciones graves del orden interno o desastres naturales de gran impacto.
La legislación también prevé la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de control cuando la capacidad operativa de la Policía resulte insuficiente. En esos casos, la convocatoria deberá ser realizada por la máxima autoridad del Ejecutivo.
También se establece que el Ministerio Público mantendrá sus funciones sin interrupciones durante la vigencia de estas medidas extraordinarias y coordinará con los organismos de seguridad las investigaciones relacionadas con delitos que afecten el orden público.
Respecto al empleo de la fuerza, la norma determina que cualquier actuación conjunta de las fuerzas del orden deberá regirse por criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y estricta necesidad, limitándose a situaciones que impliquen amenazas graves e inminentes contra la población, la institucionalidad democrática o infraestructuras consideradas estratégicas.
//FPF//
Articulo sin comentarios
