La Paz, 6 octubre (ANF).- La
diputada Shirley Franco (UN), candidata a la vicepresidencia por la Alianza
Bolivia dice No, se ha constituido en las últimas semanas en una figura
política muy requerida, tras un debate televisado en el que se enfrentó al
vicepresidente y candidato a la reelección, Álvaro García Linera. Plantea
garantizar la persecución penal a los casos de violencia en contra de la mujer,
endurecer las leyes en contra la corrupción que pasan por otorgar protección a
testigos, además del rediseño del sistema de pre-selección de candidatos al
Órgano Judicial para garantizar independencia en la justicia.
De
formación profesional politóloga, Franco se muestra segura, amplia y versátil
al momento de conversar con ANF; la joven candidata vicepresidencial (32), no
duda en expresar su orgullo por haber llevado a un debate nacional su propuesta
de ley en contra del acoso callejero. De ser gobierno, propone un nuevo pacto
fiscal que garantice la autonomía de los niveles subnacionales y la
distribución equitativa de los recursos, desmantelar los mecanismos que dan pie
a los hechos de corrupción en torno a las contrataciones estatales y una lucha
frontal contra de todo tipo de violencia en contra de niñas y mujeres.
ANF: Diputada, sabemos que su agenda está bastante apretada, faltan ya
pocas semanas para las elecciones ¿cómo se siente?
S.F:
Mira, la alianza Bolivia Dice No, es la que más calles está recorriendo y más
intensidad le está inyectando a la campaña, estoy muy entusiasmada porque estoy
recibiendo un enorme apoyo de la ciudadanía. No me cabe ninguna duda de que en
este proceso electoral hay varios hitos, uno fue el debate vicepresidencial y
si probablemente inicié esta carrera electoral con una desventaja de que no era
muy conocida, pero en ese escenario se me permitió visibilizar diferentes
propuestas de la alianza. Ahora estoy recibiendo gran aceptación y me siento
llena de energía.
ANF: ¿Le ha dado un nuevo impulso?
S.F: Más
que un impulso ese debate marcó un hito en la historia democrática, durante más
de una década no hemos tenido debates vicepresidenciales y presidenciales y eso
ha generado mucha expectativa, y los que han ganado son los bolivianos y las
bolivianas porque tienen derecho de ir a votar informados. Son esos escenarios
que no deberían sujetarse a la voluntad de los candidatos, sino que deberían
ser escenarios de obligación porque los candidatos están postulando a cargos de
servicios públicos y los bolivianos deberíamos conocer cualidades y propuestas
y qué criterios tienen estos candidatos.
ANF: ¿Considera que ser mujer y ser joven le da un plus a la candidatura
vicepresidencial?
S.F: En
realidad más bien el hecho de ser mujer y joven me ha generado dificultades en
el escenario político, porque cuando se lanzó mi candidatura no se fue a indagar
mis cualidades, méritos y trayectoria, sino a una mentira respecto a una
relación sentimental del pasado y asociarme a un caso de corrupción; pero a
ninguno de los otros candidatos a la vicepresidencia o a la presidencia se les
ha preguntado su vida privada. Entiendo los riesgos y a lo que me expongo
desde que asumí ingresar a política, pero hay cosas que nuestras familias
tienen que soportar. Lo que pude percibir es que son los mecanismos que
utilizan algunas personas inescrupulosas para excluir a las mujeres del
escenario de toma de decisiones.
ANF: Hablemos del acoso político en contra de las mujeres a través
de la descalificación de tipo personal. ¿Cómo candidata a la vicepresidencia
qué propone en contra de este tipo de violencia psicológica, en contra del acoso
político y la violencia física que termina en muchos casos en feminicidio?
S.F: Voy
a dividir en dos áreas: que es la violencia que vivimos a diario y la violencia
que viven las mujeres en escenarios políticos. En el primer caso, es un
problema y flagelo en toda la sociedad y sucede porque tenemos un Estado
indolente que no sanciona la violencia contra la mujer y que los casos quedan
en la impunidad.
¿Qué quiero
hacer cuando asuma la vicepresidencia e incluso sin asumirla?, porque es una
causa de vida, quiero garantizar que haya persecución penal en los casos que se
denuncian de violencia contra la mujer.
Se
necesita policías, fiscales y jueces que no solo conozcan la Ley 348, sino que
también entiendan la problemática, porque la violencia no solo es física, hay
otras violencias por desigualdades, una de ellas es la brecha salarial, otra,
en las áreas rurales es el acceso y permanencia en la educación. En promedio,
las mujeres abandonan a los 14 años la escolaridad, esos son los tipos de
violencia que se deben discutir. La peor violencia es el feminicidio, pero
debajo de esa punta del iceberg hay una ruta de violencia que se ha tenido que
recorrer.
En el
caso de la violencia y acoso político, si bien hay avances normativos y
legislativos no están acompañados de mecanismos que efectivicen el ejercicio de
los derechos. En el caso del acoso político no todas las organizaciones tienen
códigos de ética y sanciones, tampoco han contemplado la paridad en los cargos
directivos internos o no tienen un régimen de género, ni practican la
democracia interna.
Una de
las principales peleas en el debate sobre la ley de Organizaciones Políticas en
la Asamblea Legislativa fue la presencia y participación de las mujeres en la
estructura partidaria, sobre todo que se contemplen mecanismos que sancionen el
acoso y violencia política; en este régimen de género, por ejemplo, la violencia
hacia las mujeres en los pueblos indígenas.
El año
pasado se ha presentado 117 denuncias en el TSE por acoso y violencia política,
33 han llegado a procesos penales, de esas 33, 10 mujeres han renunciado, y de
esos casos, nueve responden al Movimiento al Socialismo, hay partidos que
instrumentalizan el tema de género, pero no lo practican en sus filas.
ANF: ¿Qué está fallando?, porque vemos más normas, pero las cifras de
feminicidio están en aumento, al igual que los infanticidios.
S.F: Una
de las fallas de la Ley 348 es habilitar una salida alternativa a un proceso
penal que es la conciliación, porque la víctima de violencia puede terminar
conciliando con su agresor y volviendo a un círculo de violencia. Hay que hacer
modificaciones a la Ley 348 pero sobre todo ponerle dinero. Si queremos que la
norma funcione se debe habilitar la red de casas de acogida, pero no se ejecuta
porque ni los municipios, gobernaciones y menos el nivel central ha invertido
recursos para erradicar la violencia contra la mujer.
Uno que
otro departamento y municipio ha declarado alerta por la ola de feminicidios, Cochabamba
es uno de ellos, se han hecho una serie de actuaciones, pero no es suficiente,
porque se necesitan cambios en el comportamiento de las personas; invertir en
la educación para que dejemos de petrificar cierto tipos estereotipos y roles
de género.
Me
asombra que en pleno siglo XXI a las niñas se les enseña repostería o labores y
a los niños talleres o carpintería. Por tanto, planteamos que los niños y niñas
reciban la misma educación, tengan las mismas habilidades, para que el día de
mañana puedan acceder a las mismas oportunidades para tener una sociedad más
justa y equitativa.
Cuando
propuse la ley contra el acoso callejero se generó un debate nacional y se
intentó minimizar y ridiculizar el tema. No obstante, la problemática muestra
que a título de cultura las mujeres tienen que agachar la mirada y redoblar el
paso ante una serie de insinuaciones de índole sexual. Y no solo mujeres (adultas),
sino también niñas, porque las principales víctimas son niñas de 12 años. En
esa ley no hice diferencias sobre que el acoso callejero, porque la víctima
también puede ser un hombre, pero en estos casos la sociedad acepta que es un
comportamiento que expresa un deseo sexual indeseado de una persona desconocida.
ANF: Para que haya más recursos para la Ley 348 se debería afectar a
otro ítem. ¿Cómo se debería estructurarse el presupuesto general del Estado?
S.F:
Planteamos un eje transversal en nuestro programa de gobierno que es justamente
la descentralización, que es profundizar autonomías, hoy por hoy los recursos
del Estado están concentrados en un 85% en el nivel central y 15% se dividen
entre nueve gobernaciones, entre más de 335 municipios y entre las 14
universidades del sistema público.
Vemos que
no hay una desconcentración de los recursos económicos, que la autonomía es
solo retórica, aunque está consagrada en la Constitución Política del Estado y
faculta a los municipios y gobernaciones legislarse. Si queremos que la Ley 348
funcione pasa por dotarles recursos a las entidades autónomas territoriales,
porque son las primeras en atender a las víctimas de violencia en los servicios
legales integrales, en las defensorías de la niñez y adolescencia; sin embargo,
los municipios no tienen suficientes recursos para invertir en desarrollo
humano y en erradicar la violencia contra la mujer y la niñez. Proponemos
estabilidad al personal encargado de la atención inmediata a las víctimas, contratación
de trabajadores sociales, abogados y psicólogos por seis u ocho meses lo que no
permiten una persecución penal adecuada.
Queremos
institucionalizar la carrera judicial para que en la justicia no tengamos malos
servidores públicos que sucumban a una serie de presiones de orden político y
económico.
ANF: ¿Será necesario un nuevo pacto fiscal? porque el que llevó adelante
el gobierno de Evo Morales no logró reconfigurar estructuralmente la
distribución de los recursos del Estado, ni superar las desigualdades
S.F.
Exacto. Estamos apostando que en los primeros 100 días de nuestro Gobierno
vamos a discutir el nuevo pacto fiscal. El pacto fiscal bajo la mirada diseñada
por el MAS, que concentra el poder ha dejado postergada a las regiones del
país, y las más golpeadas son las áreas rurales. Si bien los ejes
metropolitanos de los nueve departamentos, entre áreas urbanas y ciudades
intermedias se encuentran en un escenario de meridiana estabilidad, las áreas
rurales no están percibiendo y no han percibido esa gran bonanza económica que
se ha concentrado en el nivel central del Estado.
El pacto
fiscal ha sido postergado por el Gobierno y es uno de los debates fundamentales
para dotar de poder a las instituciones estatales más cercanas a los ciudadanos,
porque son los ciudadanos quienes deben priorizar los proyectos que se
realizan. ¿Por qué no han querido discutir el pacto fiscal al interior del
MAS?, porque tenemos un Presidente que ejerce las funciones de alcalde y
compite con los más de 300 alcaldes, porque se dedica a entregar canchitas de
césped, escuelas, cuando es muy probable que muchos municipios no necesiten
estas obras, sino requieran hospitales, centros de salud, postas policiales.
ANF: Se ha observado desde la oposición, que la gran bonanza económica
también ha llevado a hechos de megacorrupción
S.F: La
bonanza económica no ha sido mérito interno, sino responden a la fluctuación de
los precios internacionales de nuestras materias primas. Este Gobierno ha tenido
en diez años el mismo presupuesto que correspondería a 70 años de anteriores
gobiernos, y no creo que sea solo la bonanza económica la que ha generado la
corrupción, sino la escasez de valores que existe en el Movimiento al Socialismo.
¿Qué
queremos hacer nosotros para eliminar la corrupción?, primero no vamos hacer
una serie de promesas electorales, vamos a tomar medidas porque es nuestro
trabajo el que habla por nosotros mismos. Nuestro candidato a la presidencia, Óscar
Ortiz, es el que más actos de corrupción ha denunciado, y así como hemos
fiscalizado la gestión gubernamental y hemos demostrado la corrupción,
paralelamente hemos presentado propuestas legislativas para minimizar y evitar
que la corrupción se instale en el gobierno. Estas propuestas de ley no han
sido aprobadas, una vez que seamos gobierno de inmediato las vamos a promover
en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La
primera normativa será de transparencia institucional y de información pública
que busca generar un gobierno abierto a nivel central, departamental y
municipal; es decir, que se pueda colgar en línea a través del Internet toda la
información respecto al manejo presupuestario, financiero de las instituciones
estatales. Hoy, para los medios de comunicación es difícil acceder a la
información pública, y a los que tenemos la posibilidad de fiscalizar, de
acuerdo a la Constitución, se nos priva la información. Cuando no hay acceso a
la información se generan círculos herméticos de corrupción. La segunda será la
ley de contrataciones estatales, hoy, los contratos estatales se realizan a
través del decreto (supremo) 181, que creemos está desactualizado y queremos
subir a rango de ley esta norma, para regular los procedimientos, la modalidad
de contratación, el proceso de las adjudicaciones.
Te doy un
dato, los 10 años anteriores al gobierno de Evo Morales, el 75% de las
contrataciones se realizaban por licitación pública, desde que Evo Morales accede
al poder, el 65% de las contrataciones son por invitación directa. La
invitación directa debería ser una modalidad de contratación excepcional, pero
hoy por hoy se ha constituido en la conducta eso es algo que hay que cambiar,
por eso estamos proponiendo una ley de contrataciones estatales.
La última
norma que proponemos para investigar y combatir la corrupción busca proteger a
aquellos ciudadanos que denuncien redes de corrupción. Hoy, las personas que
denuncian corrupción terminan siendo enjuiciadas, perseguidas y hostigadas.
Nosotros más bien vamos hacer una ley de delación premiada. Por ejemplo, en la
investigación que se ha realizado en Brasil sobre el tema de Lava Jato se ha
podido constatar una red de contrataciones estatales millonarias, una especie
de contubernio a través de la protección que se ha dado a una serie de
testigos, esa es la ley que queremos promover e incentivar a las personas a
denunciar la corrupción. Creo que el Movimiento al Socialismo le tiene más
miedo a esta ley, porque a través de esta norma tendremos la oportunidad de
recuperar hasta el último centavo.
ANF: Para combatir la corrupción se necesita una justicia independiente.
¿Qué hacer para que los Órganos del Estado no se sometan a los gobiernos de
turno?
S.F: Hoy
tenemos una institucionalidad totalmente devastada y la corrupción está
campeando sin castigo en nuestro país porque no tenemos una justicia que actúe
de manera independiente. Lamentablemente no existe independencia en los Órganos
del Estado. Para devolverle a la justicia su carácter de imparcialidad e
independencia, hay que rediseñar la forma en la que se han elegido a las
máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Si
queremos cambiar la forma de elección popular de estas autoridades judiciales
ameritaría un referéndum, pero la ciudadanía ha adoptado que las autoridades
judiciales sean seleccionadas a través del voto popular, aunque creemos que hay
que cambiar la forma de pre-selección de los postulantes a los cargos
judiciales.
¿Cómo
podemos cambiar?, la Asamblea Legislativa a través de sus dos tercios elige a
los candidatos a las elecciones judiciales, pero esta instancia es altamente
politizada con muchos intereses políticos y partidarios, por lo tanto, los
parlamentarios no son las personas más idóneas para elegir a quienes van a
administrar la justicia.
Proponemos
delegar la responsabilidad del proceso de preselección; es decir, la calificación
de experiencia, trayectoria, evaluación curricular de todos los postulantes a
una comisión altamente técnica integrada por el sistema universitario y el
Colegio de Abogados, que el proceso de calificación sea vinculante y (los
resultados) se lleven al pleno de la Asamblea Legislativa, para que homologue
el trabajo de la comisión independiente, así estaríamos garantizando que los
postulantes a estos cargos judiciales sean personas que han pasado un filtro no
político, ni ideológico ni partidario, sino de evaluación técnica, académica,
curricular, de experiencia y trayectoria. Ese es un planteamiento para devolver
la independencia a la justicia en el país.
Otro de
los casos es institucionalizar la carrera judicial, porque queremos que los
mejores hombres y mujeres profesionales ocupen los cargos, sean quienes
administren la justicia. Hoy, existe un gran desprestigio profesional,
lamentablemente la justicia está secuestrada en términos políticos y esto hay
que cambiar, porque tenemos todos los cargos interinos en el Órgano Judicial, y
el MAS quiere mantener esos cargos interinos, porque el momento en que estos
interinatos no cumplan su voluntad política van a ser retirados, por eso es
importante institucionalizar este Órgano del Estado.
En el
caso, del Fiscal General también se elige en el Parlamento y el proceso de
pre-selección debería cumplir los mismos criterios que se aplican para la
selección del Órgano Judicial. Los fiscales departamentales son elegidos por el
Fiscal General, ahí de una discrecionalidad. Queremos que los fiscales departamentales
también sean elegidos de un proceso de evaluación y que en esta mirada de
descentralización se realice a través de las asambleas departamentales, así las
Fiscalías Departamentales no estarán supeditadas al Fiscal General, y así se
establecen balances, pesos y contrapesos.
/JMC/
