Nancy Vacaflor G.
La Paz, 25 de abril (ANF).- Elsner Larrazabal el líder cívico de Achacachi del departamento de La Paz prefirió el refugio político que volver a la cárcel por unos delitos que no cometió, dice a ANF, desde Perú. No tiene la menor confianza en la administración de justicia ni en el Ministerio Público, deposita su esperanza en un cambio del Gobierno para que se haga justicia con los “perseguidos políticos”.
Agradece a ese país haberle concedido refugio político para tranquilidad de su familia y así parar el “acoso político” del Gobierno en su contra; porque está plenamente seguro que no se trata de una “persecución penal”, sino política.
“Achacachi se volverá levantar, elegiremos a un nuevo alcalde y ahí haremos justicia. Será el inicio de la justicia con las autoridades que nos hicieron pelear entre hermanos y haremos justicia con las autoridades nacionales”, advierte.
Para Larrazabal el Gobierno llegará a su fin. “Cuando llegue ese momento, Achacachi se va a volver a levantar y estamos esperando justamente que el Gobierno central esté a punto de salir, ahí demostraremos que no queremos al MAS ni a este gobierno”, sentenció.
En agosto de 2017 el poblado urbano se levantó en contra del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, Édgar Ramos (MAS), denunciado muchos meses antes de falta de transparencia y presuntos actos de corrupción.
El conflicto comenzó el 22 de agosto y terminó el 17 de septiembre, con una intervención policial violenta que dejó un saldo de 45 detenidos, 19 fueron encarcelados.
El joven dirigente señala al Gobierno como el principal responsable de las aprehensiones y el maltrato a los pobladores de ese municipio, que exigieron que se transparenten los recursos económicos de esa ciudad, que desde el conflicto, el alcalde Ramos no gobierna en Achacachi.
“Ha sido una decisión política, porque nosotros no cometimos ningún delito en contra de las leyes, no hicimos algo ilegal, para que tomen las medidas que asumieron en contra de nuestras movilizaciones”, afirma el dirigente cívico.
Por decisión de una asamblea, los pobladores de Achacachi resolvieron retomar sus medidas de presión en contra del alcalde Ramos hasta que renuncie al cargo, por no transparentar su gestión.
Las denuncias de los lugareños era al mal manejo de los recursos económicos, a obras inconclusas como la construcción de un mingitorio millonario en una plazuela del poblado. Pidieron la intervención del Ministerio Público y de la Contraloría General del Estado, pero el oficialismo en línea afín con los Ponchos Rojos cerró filas en torno a su alcalde.
“Nosotros teníamos necesidad de obras al final vimos que había corrupción y en ese camino de lucha de ocho meses nos dimos cuenta que el gobierno de Evo Morales jamás estuvo con el pueblo de Achacachi solo nos utilizaron para ganar votos y llegar al poder”, denuncia Larrazabal.
Bloqueos y marchas fueron las medidas de presión de los pobladores, tras la represión de la policía, generaron la solidaridad de otros sectores como el magisterio paceño, los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y se sumó Felipe Quispe el Mallku.
Una articulación social mucho mayor, los sectores que habían sufrido algún tipo de atropello sintieron en el movimiento de Achacachi la posibilidad de hacer frente al Gobierno. Cuando éste se fortalecía, apareció repentinamente en escena un Poncho Rojo “secuestrado”, según el Gobierno.
Se trataba de Modesdo Clares un dirigente de los Ponchos Rojos afines al alcalde de Achacachi. Lazarrabal insiste a ANF en un contacto telefónico desde Perú que “Él (Clares) iba como parte de la inteligencia del Gobierno central para ver qué estábamos haciendo en el bloqueo, qué estábamos pensando hacer, cuánta gente éramos”.
A la denuncia de la hija del Poncho Rojo se sumó el Ministerio de Gobierno, mientras que el entonces Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto hizo denuncias públicas sobre el supuesto secuestro.
Cuando uno de los puntos de bloqueo fue intervenido por la Policía, optaron por resguardar la seguridad de Clares; la hipótesis de los movilizados era que el Gobierno podría generar violencia para lesionarlo y tener elementos para acusarlos de atentar contra su vida.
“Los propios hermanos le acompañaron hasta la ciudad de El Alto. ¿Entonces, cómo puede haber secuestro?”, cuestiona Elsner. Junto a otros dirigentes fueron imputados por tres delitos “privación de libertad, coacción y secuestro. El secuestro fue desestimado, pero por los otros dos están siguiendo el juicio como les place”.
Pero Clares afín al alcalde cuestionado de Achacachi fue la pieza clave, para que el Gobierno desarticule las movilizaciones. Del hecho lo inculparon a Larrazabal que había sido la cara visible de las movilizaciones.
Una vez más, la mala suerte de Larrazabal no fue echada por el supuesto secuestro de un Poncho Rojo de nombre Modesto Clares, sino porque Achacachi se reveló en contra del gobernante MAS, en contra del denominado proceso que hasta el 2017 defendió.
Pero el joven dirigente ese día que Clares supuestamente fue secuestrado por los movilizados de Achacachi no estaba en La Paz, sino en Cochabamba, participando del aniversario de ese departamento y de una reunión de los comités cívicos.
De su presencia en Cochabamba certificó el presidente cívico Juan Flores y el asambleísta departamental, Mario Orellana; en su defensa presentó certificados y notas de prensa que demuestran que no estaba en La Paz.
Orellana confirmó a ANF que en esas fechas efectivamente estuvo con el dirigente cívico de Achacachi, al ser consultado sobre si participó en los actos de la efeméride de Cochabamba, como dijo Elsner.
Larrazabal entregó a la Fiscalía los comprobantes de los pasajes de su viaje a Cochabamba, presentó fotografías de su participación en los actos de homenaje en esa ciudad e incluso carta del presidente del Comité Cívico cochabambino para demostrar que no estuvo cuando Modesto Clares apareció en la movilización.
Pero se lamenta al decir que "ninguna prueba sirve" cuando el objetivo es la detención como parte de una estrategia política de desmovilización de las protestas.
Las pruebas de Elsner Larrazabal by Nancy Vacaflor on Scribd
El dirigente cívico ratifica que no existen pruebas en su contra y emplaza al poncho rojo Clares que demuestre sus acusaciones “dijo de manera textual que mi persona estaba en el lugar encapuchado al lado de él y yo habría dicho que si él no dice que está con nosotros yo amenazaría su vida, y eso es totalmente falso”, afirma.
Larrazabal cuando retornó de Cochabamba y llegó al bloqueo de caminos incluso habló con Clares, le pidió disculpas si es que hubiera sido insultado por las bases, Clares en ese momento no denunció ningún exceso.
“Le dije que si en algún momento le habían faltado el respeto, pedimos disculpas. Y él me dijo que no había problema que todos eran una familia. Ese mismo día le pedimos al hermano (Clares) que resguarde su integridad porque ya estaban interviniendo el punto de bloqueo”; entonces cómo puede existir secuestro, cuestiona nuevamente Larrazabal.
Se enteró del supuesto secuestro por el exDefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, quien se comunicó para acusarlos directamente. “Le dije que no conocía nada de su pregunta, pero que me iba a comunicar con alguna autoridad para saber qué está pasando. Hasta ese momento ni yo sabía lo que estaba sucediendo”.
Para el cívico es simple, si hubiera sido el “autor intelectual” como sostienen las autoridades yo hubiera conocido todo lo que estaba sucediendo, ordenando el secuestro, pero todo fue planeado por el Gobierno central”, reitera.
En medio del conflicto, el 31 de agosto el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que se “trata de una nueva muestra del reciclamiento de una derecha política idiota que no conoce Bolivia y que tampoco la quiere”.
Acusó a Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina de pretender encauzas la movilización de Achacachi hacia una confrontación con el gobierno. Calificó como un hecho inaudito y fascista. Los movilizados rechazaron estas acusaciones.
Antes que volver a la cárcel prefirió huir para pedir refugio en Perú
Después de los seis meses y cinco días en la cárcel, logró su libertad el 9 de abril de 2018, la justicia determinó su detención domiciliaria. En Achacachi fue recibido con guirnaldas en señal de agradecimiento porque pagó con su libertad por una lucha que fue de todo el pueblo.
Pero la dicha de volver a abrazar a los suyos le duró muy poco, ese mismo día se enteró que le revocaron su detención domiciliaria, y que ya había un mandamiento de detención, pero antes de volver a su encierro prefirió irse del país.
“Si volvía no íbamos a salir de la cárcel, ahí se ve la persecución política, teníamos que pagar por atrevernos a movilizar a la gente en busca de justicia y en contra del Gobierno”, afirma.
Las cuatro paredes a su alrededor, le impedían respirar, vivir tranquilo, lejos de su familia, de la noche a la mañana perder su “condición de ser humano”, porque así se siente uno en la cárcel, cuenta Elsner.
Es la experiencia quizás más dolorosa de su vida cuando fue enviado a la cárcel. “No le desearía a ningún ciudadano boliviano ni ser humano en el mundo llegar a esas instancias, es el peor lugar la cárcel, es el peor lugar donde uno puede estar”.
Para el dirigente cívico no existe estado de derecho que proteja los derechos de los ciudadanos, porque asegura que las leyes se aplican de acuerdo al “capricho” de quienes hoy detentan el poder, por lo tanto “detienen y encarcelan en vano están el Código Penal o el Código Civil, los administradores son títeres del Gobierno y la justicia está secuestrada”.
Asegura que el gran desafío hacia el futuro es la recuperación de la justicia, es una tarea de todos los bolivianos, ante tanta una indefensión”, plantea, porque todas las personas son inocentes hasta que no se pruebe su culpabilidad, pero en Bolivia hemos sido criminalizados.
“Puede liquidar a sus contrincantes que están en la palestra, les inventa juicios, los encarcela y los mata civilmente, esa es la forma de actuar de este Gobierno”, afirma.
Pero para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, Elsner Larrazabal, es un “prófugo de la justicia”, porque incumplió su medida sustitutiva, y negó que el proceso penal en su contra hubiera sido por movilizar a Achacachi.
“Que él estaba enjuiciado por convocar a movilizaciones en Achacachi, eso es falso. Él estaba enjuiciado por torturas, vejámenes y secuestro de una persona mayor, que fue golpeada brutalmente de una autoridad originaria de Achacachi”, dijo Romero en mayo, propósito del refugio político que solicitó en Perú.
ANF pidió la versión de la Fiscalía, pero no proporcionaron ninguna información sobre el estado de situación del caso.
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