La Paz, 8 de diciembre de 2022 (ANF).- Las organizaciones que conforman el Comité Interinstitucional de Santa Cruz aprobaron un documento de ocho puntos donde uno de ellos convoca a una marcha de protesta para mañana en contra de la persecución a sus dirigentes desde La Paz; asimismo, pidieron a los que son procesados no acudir a declarar en la sede de Gobierno.
“Convocar a una marcha interinstitucional para el próximo viernes 9 de diciembre en defensa al derecho a la protesta, por la liberación de los presos, por apoyar el paro y la defensa de nuestros líderes amenazados con procesos judiciales”, señala el séptimo de los ocho puntos aprobados por las entidades cruceñas.
El lunes pasado, la Fiscalía General del Estado informó que las denuncias en contra de los líderes cívicos e institucionales que encabezaron el paro de 36 días fueron unificadas en La Paz donde se abrió una investigación. Ahora los líderes del Comité Interinstitucional pidieron a los procesados no acudir a las convocatorias judiciales.
“Conformar comisiones de trabajo a nivel departamental de análisis estratégicos en los distintos campos: jurídico, político, económico, social y comunicacional, que nos permita elaborar propuestas y acciones para defender al pueblo cruceño en su integralidad y para las luchas que vienen ante los permanentes atropellos que sufre Santa Cruz y sus ciudadanos. Ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”, señala el segundo punto del pronunciamiento cruceño.
Los cruceños declararon estado de emergencia ante cualquier arremetida judicial contra los procesados. Las autoridades señaladas informaron que hasta el momento no fueron notificados por la Fiscalía sobre sus procesos.
El 13 de noviembre, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia que presentó Marcelo Mayta, líder de la Central Obrera Regional alteña en contra del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo y el rector de la universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar. Lo curioso de esta denuncia fue que está presentada por una entidad que representa a El Alto y no tiene ninguna relación con Santa Cruz; luego la denuncia no se presentó en El Alto, sino en La Paz y se pretende procesar a personas que viven en Santa Cruz.
“Denunciar ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”, refiere el quinto punto del documento que leyó el rector, Vicente Cuellar.
Las ocho determinaciones
1.- Rechazar los procesos penales contra los miembros de la Comisión Interinstitucional por ser nulos de pleno derecho y mantener el estado de emergencia para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra nuestros líderes y ciudadanos comprometidos por la lucha de Santa Cruz.
2.- Conformar comisiones de trabajo a nivel departamental de análisis estratégicos en los distintos campos: jurídico, político, económico, social y comunicacional, que nos permita elaborar propuestas y acciones para defender al pueblo cruceño en su integralidad, no solamente en los problemas coyunturales sino para las luchas que vienen ante los permanentes atropellos que sufre Santa Cruz y sus ciudadanos.
Ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz.
3.- Que la comisión jurídica que se conforme realice las demandas penales contra quienes se arrogaron el cerco a Santa Cruz y otras acciones vandálicas de atropellos a los derechos fundamentales de ciudadanos que pacíficamente cumplían el paro en sus rotondas. Esta comisión deberá apersonarse a la ciudad de Camiri para apoyar también a los ciudadanos denunciados por las acciones del paro cívico mencionado.
4.- Exigir al fiscal General del Estado y al Órgano Judicial actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes, es lo que corresponde en un Estado derecho y no actuar bajo instrucciones del Gobierno de turno para atropellar derechos fundamentales.
5.- Denunciar ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
6.- Que cada institución miembro de esta Comisión Interinstitucional organice, que todos sus miembros afiliados de manera voluntaria puedan apersonarse como testigos en todos los procesos por lo que están denunciados varios miembros de esta Comisión por la protesta por el Censo.
7.- Convocar a una marcha interinstitucional para el próximo viernes 9 de diciembre en defensa al derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar el paro y la defensa de nuestros líderes amenazados con procesos judiciales.
8.- Cada institución, para tener un mayor control en la participación de las comisiones, debe acreditar ante la Comisión Interinstitucional dos representantes, para que los mismos sean convocados a las reuniones de trabajo.
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