La Paz, 10 de abril del 2024 (ANF). – Parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) calificaron este miércoles de un total cinismo, indignante, inaceptable que dos “sicarios de la justicia”, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano y René Yván Espada, dicten una sentencia constitucional para que 21.000 hectáreas de tierra se consoliden a favor de la familia de Branko Marinkovic.
“No se puede tolerar que estos sicarios de la justicia -hoy- sigan ejerciendo este cargo de manera ilegal, pero además sacando estas sentencias constitucionales (en 2023). (…) Realmente es indignante, inaceptable que estos dos magistrados vulneren la Constitución Política de Estado que dice que un ciudadano sólo puede tener más de 5.000 hectáreas, aquí se habla de 21.000 hectáreas para Marinkovic”, declaró Héctor Arce, diputado “evista” del Movimiento al Socialista (MAS).
Fundación TIERRA cuestionó la actuación de los magistrados del TCP Hurtado y Espada, que en “tiempo récord” emitieron la sentencia 1016/2023-S4 que “obliga” a consolidar 21.000 hectáreas de tierra a favor de la familia de Marinkovic y, prevé no “invocar nuevas nulidades”.
Además, la sentencia que despierta susceptibilidades “salió en tiempo récord desde que llegó a manos de los mencionados magistrados el 4 de mayo del 2023 hasta su emisión el 28 de diciembre del mismo año”; es decir, se pronunciaron en ocho meses, coincidentemente tres días antes de que su mandato concluyera.
El viceministro de Tierras, Ramiro Guerreo; el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori; y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, coincidieron en rechazar el fallo de los magistrados y denunciaron que está alejado del ordenamiento jurídico sobre la materia. Evalúan iniciar un proceso penal por prevaricato.
El senador del MAS evista Luis Adolfo Flores coincidió con el Gobierno para que se inicien por la vía ordinaria procesos penales, contra Hurtado y Espada, por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que la tierra es para quien la trabaja y que una persona solamente puede poseer 5.000 hectáreas, no 21.000.
“Son 50 artículos de la constitución que no se cumplen por supuesta interpretación del Tribunal Constitucional (prorrogado), corresponde abrir procesos a todos los que aprueben resoluciones contrarias a la Constitución. La sentencia constitucional (1016/2023-S4) es ilegal, inconstitucional”, cuestionó.
De acuerdo al análisis del parlamentario, la familia Marinkovic se benefició con más de $us 100 millones, tomando en cuenta que una hectárea de tierra en el departamento de Santa Cruz tiene un precio comercial aproximado de $us 3.000 a 5.000.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón espera que una vez que se elijan las nuevas autoridades en el TCP y el Órgano Judicial, se pueda impulsar la revisión de todos los actuados de los magistrados “autoprorrogados”, debido a que emitieron sentencias a su antojo y fuera de la carta maga.
Cuestionó que el gobierno de Luis Arce ahora hable de procesar a los magistrados, cuando fueron los promotores de la autoprórroga.
Por otro lado, el diputado cruceño de Creemos Erwin Bazán evitó referirse al tema porque supuestamente no conoce los detalles y está más abocado en el tema de las elecciones judiciales en la ALP.
/DPC/ANF/
