La Paz, 17 de diciembre (ANF).- Los conflictos protagonizados por estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y el de los cocaleros de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) incomodaron al Gobierno tras dejar un saldo de cuatro fallecidos y varios detenidos.
El Ministerio Público manejó estos casos con hermetismo e incluso bajo reserva, brindando poca información sobre el avance de las investigaciones y las pruebas con que cuenta para procesar a los principales sindicados.
El 24 de mayo de este año, estudiantes y docentes de la UPEA salieron a marchar por las calles de la Ceja de El Alto exigiendo el incremento al presupuesto de dicha casa de estudios superiores. La movilización fue dispersada por la Policía usando agentes químicos.
Los policías lanzaron gases a los movilizados y éstos comenzaron a retirarse. Algunos escaparon por la calle Martin Cárdenas, entre ellos se encontraba Jonathan Quispe Vila (20), estudiante de Comunicación Social de la UPEA, que mientras escapaba fue impactado por una canica disparada, según versiones oficiales, por un efectivo.
Al sentir el impacto, Jonathan se refugió junto a otros compañeros en el pasillo de una galería y ahí comenzó a desangrarse. Sus compañeras pidieron auxilio a los policías, pero éstos hicieron caso omiso. Es así que los mismos estudiantes tuvieron que auxiliar y trasladar al herido hasta un centro de salud, al que llegó ya sin vida.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó –a poco de ocurrido el hecho y sin investigación pericial- que Jonathan murió por una canica que “ha sido disparada con un petardo que han utilizado los manifestantes, su trayectoria fue de arriba hacia abajo, hasta que se alojó en el pulmón (del universitario), de tal manera que acaba de esclarecerse la causa de la muerte del estudiante”.
Los manifestantes de la UPEA negaron tales acusaciones y presentaron videos y declaraciones de testigos que dan cuenta que el disparo vino del lado de los policías.
Días después Romero cambió la versión y entregó al subteniente Cristian Casanova como autor del disparo que acabó con la vida de Jonathan, alegando que el uniformado se separó de su grupo y actuó de manera autónoma. El 1 de junio Casanova fue procesado y por orden judicial lo detuvieron preventivamente en el penal de San Pedro.
Paola Barriga, abogada de los familiares de Jonathan, denunció que no hay pruebas que apunten a Casanova como autor, por eso no interpusieron querella penal en su contra. Lamentó que los fiscales manejaran todo el proceso investigativo en reserva sin permitirles acceso al cuaderno de investigaciones.
Conflicto de Adepcoca
Este año Adepcoca y el Gobierno expresaron sus diferencias en el ámbito político, pero sobre todo respecto al tema de la cantidad de cultivos de coca en Los Yungas de La Paz.
En marzo, las diferencias se agudizaron cuando un grupo paralelo a la dirigencia cocalera, afín al Gobierno, tomó el mercado de Adepcoca y anunció convocatoria a elecciones para elegir una nueva directiva de la institución. Acusaron a Gutiérrez por irregularidades y le pidieron dejar el cargo.
Sin embargo, en Asamblea, los cocaleros decidieron ratificar a Gutiérrez como su máximo líder, y desde ese momento el dirigente cocalero expresó su malestar con la administración del actual Gobierno e incluso anunció su candidatura a las elecciones 2019 para enfrentar a Evo Morales.
Con ese objetivo, Gutiérrez visitaba distintas comunidades de Los Yungas para escuchar las quejas que tenían los comunarios, quienes denunciaban atropellos por parte de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en la erradicación de cultivos ilegales en La Asunta. El Gobierno anunció la erradicación de toda la coca excedentaria del lugar.
El 24 de agosto los erradicadores pretendían ingresar al puente San Antonio pero fueron recibidos con disparos de arma de fuego que provenían desde lugares elevados. Como saldo un policía murió y otros siete resultaron heridos. El Gobierno acusó a Gutiérrez de ser el autor intelectual y de organizar grupos armados para “emboscar” y atacar a los uniformados.
Unos días después nuevamente se registraron enfrentamientos en aquel lugar, esta vez los policías respondieron a los ataques con certeros disparos a los cocaleros, matando a dos de ellos.
Por el primer hecho Franclin Gutiérrez y algunos cocaleros fueron procesados y encarcelados. El dirigente cocalero continúa recluido en la cárcel de San Pedro, pese a que pidió la liberación en varias ocasiones. Sus solicitudes fueron rechazadas.
La abogada Paola Barriga afirmó que su defendido es inocente y no hay pruebas que lo incriminen o demuestren que haya portado armas u organizado grupos irregulares. El mismo Gutiérrez calificó de político este proceso que solo busca alejarlo de su cargo y evitar que postule a las elecciones presidenciales.
El Comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, dijo que en el lugar existía un grupo armado que cometió una serie de delitos y hechos delincuenciales que son investigados, y la policía intervino para restablecer el orden.
Consultado sobre si las pruebas contra Gutiérrez se manejan en reserva en este caso, Mendoza respondió: “sí, todo lo que se tiene y todo lo que amerita prácticamente la acusación se está manejando de esa forma”.
Sin embargo, el Ministerio Público no hizo conocer mayores resultados en los avances investigativos por la muerte de los dos cocaleros.
El Código de Procedimiento Penal establece que la reserva se usa “cuando sea imprescindible para la eficacia de la investigación, el juez a solicitud del fiscal podrá decretar la reserva de las actuaciones, incluso para las partes, por una sola vez y por un plazo no mayor a diez días” (Art. 281).
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