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Economía

6 de septiembre de 2018 20:05

Mirtha Vásquez: en Perú se criminaliza hasta la intención a la protesta contra el extractivismo

La especialista en Derecho Ambiental y miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú dijo que uno de los mecanismos para neutralizar la protesta es la declaración del estado de emergencia a todo el corredor minero.

mirtha Mirtha Vásquez, abogada defensora de luchadores medioambientales. Foto: ANF
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La Paz, 6 septiembre (ANF).- En un contexto de profundización del extractivismo, en la República del Perú, se criminaliza hasta la intención a la protesta desde el Estado a fin de favorecer los intereses empresariales, afirmó Mirtha Vásquez, especializada en derecho ambiental y miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.

La abogada peruana que participó del foro: “Defensa estratégica, derecho y medio ambiente” organizado por la APDHB, UMSA, UCB, ICALP y el CEDIB conversó con ANF sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente en un contexto de expansión de la minera y la captación de inversiones extranjeras.

Vásquez dijo que desde que Alan García promulgó el 2007 todo un paquete normativo contra el crimen organizado en el que ya se insertó la criminalización a la protesta, calificando los disturbios como “extorsión” con 25 años de privación de libertad y otras tipificaciones vinculadas a las movilizaciones,  los posteriores gobiernos no hicieron nada por anularlos, y por el contrario, incluyeron nuevos mecanismos de presión.

“Llaman estado de emergencia preventivo donde no hay ninguna movilización o denuncias preventivas que se ha desarrollado; es decir, te denuncian por algo que no has hecho pero que se supone que vas a cometer en el marco de una protesta, hay cosas impresionantes que están sucediendo en Perú”, afirmó.

Vásquez explicó que en el sur andino donde se desarrollan los proyectos mineros más importantes, la metodología del Estado para neutralizar el movimiento social ha sido la declaratoria de “estados de emergencia” a todo el corredor minero, que es por donde operan y transitan las empresas mineras con todas sus unidades, que implica la prohibición de la protesta, movilización, bloqueo y otras manifestaciones.

Dijo que desde el año pasado en Perú se declaró 10 estados de emergencia consecutivos, lo cual es inconstitucional porque solo se lo debería declarar en estado de catástrofe o en grave convulsión social, pero que en estos casos, ante el simple pedido de la policía contratada por la minera se declararon 30 días el estado de emergencia, que se renovaron. 

“Se suspenden los derechos fundamentales de la población que no puede salir a protestar, no puede organizarse, el Estado puede violar domicilios, la libertad personal”, indicó la también defensora de la emblemática luchadora aymara, Máxima Acuña de Cajamarca.

Esta sistemática suspensión de derechos ligados a la libertad de expresión y movilización de la sociedad civil, según la jurista, ha sido promovido desde el propio Estado a fin de tenerla amenazada y acorralada a la población frente a los intereses de los capitales extranjeros.

“Cada vez que hay mayor oposición a los proyectos extractivos que afectan hasta las fuentes de agua de las comunidades, el Estado responde con mayor represión; han desarrollado metodologías en las que pueden tener no solo a la Policía pública, sino que se les autoriza a contratar compañías de seguridad privada que son casi ejércitos privados que están más armados que la fuerza pública”, señaló.

Lo más grave de este caso dijo que las compañías privadas de seguridad no son reguladas por el Estado pero están autorizadas a disparar en contra de la población. “Entonces, hubo una serie de hechos de represión tanto del Estado como de estos cuerpos que terminan matando a personas, muertos por decenas, heridos y gente procesada y criminalizada solo por el hecho de ejercer su derecho a la libre expresión, a la protesta”, señaló.

En estos contextos, señaló que la defensa de los territorios es muy difícil porque toda la gente que se involucra en este tema termina siendo criminalizada. 

“Por salir a protestar y declararse contrario a la actividad minera y ejercer liderazgo el Ministerio Público lo acusa y pide 35 años de cárcel, cuando el homicidio simple es castigado con 15 años (…).  Hay líderes que defendí a quienes los acusaron de secuestro por ir a la Gobernación y entrar a la Gobernación para increpar al gobernador de por qué estaba de lado de las empresas, y el secuestro agravado tiene cadena perpetua”, citó.

Mirtha Vásquez dijo que la defensa por la que se optó fue en instancias internas para declarar algunas medidas inconstitucionales, pero también a través de denuncias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias. 

/JMC/ 


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